Las dos caras de la polémica venta de Isagén

Las dos caras de la polémica venta de Isagén

Suspensión de subasta evidencia que esta ha sido la privatización más vigilada de los últimos años.

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16 de mayo 2015 , 06:24 p. m.

La puja que el próximo martes debían hacer los inversionistas franceses, canadienses y chilenos en busca del control de la generadora de energía Isagén, cuyo 57,61 por ciento está en manos del Gobierno, se ha convertido en una novela que ya suma dos años en cartelera.

La decisión de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que el jueves frenó la privatización de Isagén, es solo el último capítulo de un accidentado proceso que el Gobierno reactivó a comienzos del 2013 y que detrás de cámaras no solo ha tenido un intenso debate técnico y jurídico, sino que ha logrado unir a corrientes políticas tan enfrentadas como el Polo Democrático y el Centro Democrático, que son como el agua y el aceite.

En el 2013, el viento sopló a favor del Gobierno, pues en ese año no solo se aprobó el proceso y se fijó un precio base de 2.850 pesos por acción, sino que a pesar de las protestas de diferentes corrientes políticas (que hicieron subir el valor mínimo de la oferta a 3.178 pesos por acción), se expidió el reglamento de la primera y segunda fase, correspondientes al sector solidario y a la oferta del inversionista estratégico.

Para completar, el 18 de diciembre un tribunal le negó al expresidente Álvaro Uribe las medidas cautelares que había solicitado para frenar la venta.

La pelea, desde luego, no terminó allí. De forma paralela fueron avanzando diferentes demandas y acciones que buscaban frenar la privatización, y el 28 de marzo del 2014 una de ellas se concretó, cuando la Sección Primera del Consejo de Estado decretó medidas cautelares, que obligaron a la suspensión del proceso.

Este año el trámite de venta se reactivó con fuerza y grandes expectativas, pues nuevos oferentes entraron a la puja por Isagén luego de que Celsia y la Empresa de Energía de Bogotá desistieran ante los condicionamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y el retiro del consorcio EPM-Cemig.

Pero todo volvería a frenarse por cuenta del ciudadano Enrique Alfredo Daza Daza, quien radicó un memorial buscando nuevas medidas cautelares, anexando como prueba una entrevista radial en la que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reconoce que si habría un daño patrimonial, este sería mínimo.

Daza no actúa solo. Detrás de él está la Red por la Justicia Tributaria, una iniciativa de académicos, exfuncionarios de Estado y otras organizaciones que creen que esta privatización es un error.

Alejandro Lucio, experto en el sector eléctrico y director de la firma Óptima Consultores, considera que si bien detrás de la oposición puede haber un discurso populista, intereses políticos (como evidentemente se han visto este año) y sindicales, el eje de la polémica es que el Gobierno está intentando privatizar una empresa rentable, algo que es bastante complicado de explicar. (Lea: Acción de Isagén a la baja tras la suspensión de la subasta de venta)

Y efectivamente, quienes se oponen a la privatización argumentan que no solo se está vendiendo un valioso activo, sino que este le generó a la Nación utilidades netas cercanas a los 437.000 millones de pesos en el 2014.

También dicen que los recursos producto de esa venta, cuya subasta comenzaría en 5,3 billones de pesos, irían a financiar proyectos cuyos riesgos aún no están bien cuantificados y que, por tanto, hay peligro de que parte de ellos se pierdan. De forma simultánea, la Red de Justicia Tributaria le planteó alternativas al Gobierno para no vender Isagén.

Según José Roberto Acosta, vocero de esa organización, entre las propuestas hechas al viceministro técnico de Hacienda, Andrés Escobar, está la emisión de bonos por un billón de pesos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) de forma similar a los que usaron como salvavidas de varias entidades financieras en la crisis de finales de los años 90.

El planteamiento fue complementado con la idea de emitir unos títulos por 1,7 billones de pesos, que se garantizarían y pagarían a 15 años con los dividendos de la Nación en Isagén, más 1.000 millones de dólares en deuda externa (2,3 billones de pesos).

Si bien el argumento del Gobierno fue que la regla fiscal no permitía mayor endeudamiento, los opositores le salieron al paso, diciendo que dicha regla fiscal no solo se cumple manteniendo controlado el déficit, sino también haciendo crecer el PIB, como se espera que lo haga -en 1 por ciento anual- con la ayuda de las vías 4G. “Es cuestión política, porque en términos técnicos se puede hacer”, dijo Acosta.

La defensa del Gobierno

Para el Gobierno la ecuación de los opositores a la venta de Isagén no es correcta, pues lo que ganará el país con esta privatización es muy superior a las utilidades que hoy genera esa empresa, y por dos vías: la creación de empleo y la mejora de la competitividad, ambas, impulsoras del progreso del país a través de la inversión de esos recursos en infraestructura, dijo Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda. (Lea: US$ 103.000 millones facturan al año candidatos a comprar Isagén)

Cárdenas agregó, que se necesitaría esperar 40 años para que las utilidades de Isagén generaran los recursos que hoy demanda la infraestructura del país.

En la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) dicen que los recursos de Isagén rendirán un 8,5 por ciento, lo que se suma a las utilidades de la entidad, plata que irá para la Nación.

Los empresarios colombianos creen lo mismo y dicen que esa venta le permitiría al país salir de un atraso de décadas en infraestructura, algo clave para la competitividad, el empleo y el desarrollo de la Nación.

Alejandro Lucio comparte la tesis de cambiar un activo como Isagén por uno como las carreteras, cuya rentabilidad estimada es mayor. “Desde mi punto de vista, que entren grandes jugadores, es un fomento a la competencia, que no puede hacer hoy Isagén”.

Modelo financiero de las 4G tiene riesgos
Bonos que emitirían los concesionarios viales no le apetecen al mercado

Según José Roberto Acosta, vocero de la Red de Justicia Tributaria, en el modelo de las vías 4G los riesgos sociales y ambientales no son los que más le preocupan al sector financiero.

Acosta explica, que además de la eficiencia de los concesionarios a la hora de construir, el punto más álgido es que si bien la banca puede entrar a financiar durante un tiempo, el problema puede llegar después; debido a que para sustituir estas deudas o pagarlas, se prevé que las concesiones viales emitan bonos subordinados. Lo complejo es que las fiduciarias le han dicho al Gobierno que estos papeles no son tan atractivos y se corre el riesgo de que, al hacer la emisión, el concesionario no consiga todo el dinero requerido.

“El riesgo está en que esa emisión no la compren y el Estado tenga que poner más plata”, dice.

Empresa eficiente, pero limitada en manos estatales

Los orígenes de la generadora de energía Isagén se remontan a 1994, cuando la ley eléctrica estableció que Interconexión Eléctrica S. A. (ISA), al estar vinculada al transporte de energía, no podía estar en el negocio de generación.

Tras esa ley, ISA se escindió (dividió) y dio origen a Isagén, que progresivamente fue participando en las subastas de cargo por confiabilidad que hace la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para garantizar el abastecimiento de la demanda en el largo plazo.

Poco a poco fue desarrollando sus proyectos para llegar a tener una capacidad instalada actual por encima de los 3.000 megavatios, gracias a sus 6 hidroeléctricas y una central térmica.

Tras la venta del 19,22 por ciento en el 2007 (gobierno Uribe) la empresa se listó en la bolsa y adoptó políticas de gobierno corporativo, que la fortalecieron a pesar de ser de mayoría pública (similar a Ecopetrol).

En las respuestas que el Ministerio de Minas y Energía dio al Congreso para el debate del miércoles, se revela que en marzo Isagén fue el segundo agente que más generó (1.217,35 gigavatios hora) por encima de la española Emgesa.

Sin embargo, mientras esta última tiene en marcha el proyecto El Quimbo (Huila), con una capacidad de 400 megavatios, y EPM trabaja en Hidroituango (será la mayor hidroeléctrica del país), en los mismos documentos se da cuenta de que por las restricciones fiscales no hay espacio para que el Gobierno se comprometa a que Isagén siga creciendo.

Sin poder para bajar tarifas

Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores y experto en el sector eléctrico, señala que el argumento de que la venta de Isagén haría subir las tarifas de energía no tiene razón de ser, ya que la empresa no tiene ningún incentivo, siendo estatal, para presionar los precios a la baja. “Isagén opera como una empresa privada en el mercado a pesar de ser de mayoría estatal. Cuando ofrece energía en el mercado mayorista o en la bolsa de energía, no lo hace por la necesidad de presionar los precios, sino porque está respondiendo a su propia operación”, agrega.

Explica que el que Isagén sea pública o privada no tiene ninguna incidencia, porque no controla el mercado (tiene el 14 por ciento de participación) y según las normas, ningún generador puede tener una cuota superior al 25 por ciento.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor Economía y Negocios

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