Las demandas clave en el fallo que suspendió la venta de Isagén

Las demandas clave en el fallo que suspendió la venta de Isagén

Conozca los apartes de los expedientes que frenaron la subasta de la empresa generadora de energía.

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15 de mayo 2015 , 10:32 a. m.

Hélber Adolfo Castaño, Enrique Alfredo Daza Gamba y Rodrigo Toro Escobar son los tres ciudadanos que interpusieron demandas ante el decreto gubernamental que daba el visto bueno a la venta de las acciones de Isagén, la cual no podrá salir a subasta el próximo martes por una medida cautelar que dictó el Consejo de Estado. (Lea: Por nueva medida cautelar, Isagén no podrá salir a subasta el martes)

Cabe mencionar que con esta decisión no se cuestiona en modo alguno la legalidad del decreto que autorizó la venta de la generadora de energía, sin embargo, sí se pone en duda su conveniencia para los intereses de la Nación.

En cada uno de sus recursos, los demandantes anteriormente mencionados expusieron una serie de razones legales por las cuales no era apropiado que se realizara la subasta. Estos son algunos de sus argumentos.

Lo que dijo Hélber Castaño

Este ciudadano sostuvo que los funcionarios públicos que participaron en el proceso de poner a la venta a Isagén no actuaron con apego a la Constitución, básicamente, porque no presentaron ante el Congreso de la República el programa de enajenación de la participación accionaria de la Nación.

En esta acción judicial, el demandante, no obstante, no presentó recurso de suspensión frente al proceso de venta.

La demanda de Daza Gamba

Aduciendo, entre otras cosas, que la venta de Isagén no adoptó el criterio de la sostenibilidad fiscal, Enrique Daza Gamba presentó su demanda argumentando que los estudios contratados por el Ministerio de Hacienda tuvieron por objeto calcular el precio de la acción, “mas no la viabilidad, la oportunidad y la conveniencia de la enajenación, cuestiones que exige el criterio de sostenibilidad fiscal”, tal y como lo señala la Constitución en su artículo 334.

Sostuvo además que de continuar con el proceso de venta, el Estado dejaría de percibir las utilidades que reporta la compañía y añadió que la subasta de las acciones no fue incluida en el marco fiscal a mediano plazo ni en el proyecto de ley del presupuesto general de la Nación.

De otra parte, este demandante consideró que el Ministerio de Hacienda carece de competencia para diseñar el programa de enajenación de las acciones de la empresa generadora de energía eléctrica. “El competente para tales efectos era el Ministerio de Minas y Energía, titular de la participación accionaria”, dice uno de los apartes del texto.

Lo que expuso Toro Escobar

A juicio del tercer demandante, el Gobierno impuso una serie de restricciones que atentaban contra la ley. Como, por ejemplo, cuando se da un proceso de esta naturaleza la reglamentación obliga al Gobierno a ofrecer en su integridad la totalidad de las participaciones sociales del Estado a los trabajadores, extrabajadores, pensionados, sindicatos y al sector solidario.

Tal principio se violó, dice Toro, por el aumento del precio de la acción. El precio inicial estaba en $2.850 y luego subió a $3.178. Ese aumento puso en estado de inferioridad a los posibles nuevos accionistas frente a “los inversionistas ávidos de hacerse al control de Isagen”.

La venta de Isagén ha generado tanta polémica que, incluso, a principios de marzo pasado se contaban nueve procesos judiciales en contra del negocio.

En el Congreso, varios partidos, incluso de la Unidad Nacional, se han opuesto a la venta de la empresa por considerarla estratégica y muy rentable.

JUSTICIA

 

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