En vivo: vicefiscal de la CPI, en foro sobre justicia transicional

En vivo: vicefiscal de la CPI, en foro sobre justicia transicional

Se espera que James Stewart despeje dudas sobre el papel de ese tribunal en el proceso de paz.

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12 de mayo 2015 , 08:42 p. m.

James Stewart, el segundo al mando de la poderosa Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), hablará hoy miércoles en Colombia en momentos en que ese organismo mantiene la lupa sobre el avance del proceso de paz con la guerrilla y las investigaciones por desplazamiento forzado, ‘falsos positivos’ y la violencia sexual en el conflicto.

Stewart, un jurista con gran reconocimiento internacional, intervendrá esta mañana en el foro organizado por EL TIEMPO y la Universidad del Rosario (de 8:00 a. m a 1:00 p. m), con el apoyo de la ONU, las fundaciones Hanss Seidel, Vance Center y el Centro Internacional para la Justicia Transicional.

En el encuentro académico programado para examinar las perspectivas de la justicia transicional en el contexto del proceso de paz de La Habana, intervendrán también Fabrizio Hochschild, coordinador de la ONU para Colombia; el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle; el fiscal Eduardo Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez.

El objetivo de la venida de Stewart a Colombia es despejar muchas dudas tejidas alrededor de cuál será el papel de la justicia internacional, y de manera específica de la CPI, alrededor de los actores del conflicto.

Fuentes de Naciones Unidas han expresado su preocupación por el riesgo de que en Colombia prospere la idea de que ese tribunal es la mayor amenaza contra el proceso de paz liderado por el presidente Juan Manuel Santos.

La CPI ha advertido en reiteradas oportunidades que para los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos de manera sistemática debe haber penas efectivas privativas de la libertad. Ese mismo criterio se consignó en el Marco Jurídico para la Paz, aprobado por el Congreso y declarado exequible por la Corte Constitucional.

No obstante lo anterior, los líderes de las Farc han dicho también, de manera reiterada, que no están dispuestos a pagar “un solo día de cárcel”.

Pero algunos expertos creen que la discusión no se debe centrar de manera exclusiva en si habrá cárcel o no para los jefes de la guerrilla, sino en todos los demás elementos de la justicia transicional: verdad, reparación y no repetición.

La presencia del vicefiscal de la CPI, James Stewart, en Colombia, se da también en momentos en que la aguda polarización política entre defensores y detractores del proceso, no permite un debate claro de orden jurídico sobre las perspectivas del proceso de paz.

¿Quién es este vicefiscal?

Nacido en Canadá, el vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) James Kirkpatrick Stewart fue también parte de los tribunales excepcionales que procesaron y juzgaron a los criminales de guerra de Ruanda y la antigua Yugoslavia.

Tras una extensa carrera en la justicia de su país, que lo llevó desde los años 70 a pasar por la Fiscalía, los tribunales y la Suprema Corte de Canadá, pasó a trabajar con Naciones Unidas, siempre enfocado en la persecución de los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Stewart, que habla inglés y francés, ha estado pendiente de la situación en Colombia, que es uno de los nueve países del mundo que están ‘bajo observación’ (es decir, en la órbita pero no con investigaciones abiertas) de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Los crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio nacional desde el 2002 y los de guerra desde el 2009 pueden ser investigados y castigados por ese organismo internacional, que no tiene jurisdicción cuando la justicia interna opera.

CPI, con la mira en procesos por desplazamiento forzado en el país

La Corte Penal Internacional mantiene los ojos sobre el avance del proceso de paz en el país y las investigaciones por desplazamiento forzado, los ‘falsos positivos’ y la violencia sexual en el conflicto.

El último reporte de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Colombia es de diciembre pasado. En él, la Fiscalía, en cabeza de la africana Fatou Bensouda, reitera su posición frente al proceso de paz con las Farc: que el Estado debe cumplir la obligación de hacer compatibles los acuerdos y las normas que de ellos resulten con “las obligaciones internacionales de Colombia”.

Puntualmente, la CPI insiste en que, tal y como lo ordenó la Corte Constitucional al declarar exequible el Marco Jurídico para la Paz, “una sentencia manifiestamente inadecuada frente a la gravedad de los crímenes y la forma de participación de los acusados violaría el carácter genuino del procedimiento nacional aún si las instancias previas fueron genuinas”, dando pie a la entrada de la corte en el país.

Pero la oficina de la fiscal Bensouda tiene más asuntos en la mira en Colombia. Así, ha pedido información puntual sobre las investigaciones y condenas contra los responsables de crímenes cometidos en el conflicto, como desplazamiento forzado, los abusos sexuales y violaciones.

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La Corte Penal Internacional ha manifestado su preocupación por el ritmo de las investigaciones por desplazamiento el país / Foto: Archivo EL TIEMPO

Desde su entrada en vigencia, la Corte Penal ha recibido información de 239 procesos contra las Farc, el Eln, grupos paramilitares y bandas criminales, así como miembros de las Fuerzas Armadas, de los que 129 claramente entran en la órbita del tribunal porque ocurrieron en los últimos 13 años.

Puntualmente, dice la Corte Penal, se mantiene vigilante del trabajo de la Unidad de Contexto de la Fiscalía sobre “la violencia relacionada con el desplazamiento forzado en la región de Urabá” y de la persecución contra varias comunidades indígenas en otras zonas del país.

En su último reporte sobre Colombia, la Fiscalía de la CPI remarcó de nuevo su “preocupación” por el poco avance de las investigaciones sobre violencia sexual, incluidos los 183 casos priorizados por mandato de la Corte Constitucional en el 2008 que, siete años después, apenas han llevado a cinco condenas.

El tema es clave porque hace menos de dos meses la fiscal Bensouda señaló ante la corte en pleno y los embajadores en La Haya que su despacho está “enfocado” en investigar y perseguir a los responsables de crímenes sexuales y la violencia de género en todo el mundo. “Seguiremos haciendo énfasis en la necesidad de acabar con esos horroríficos crímenes”, advirtió Bensouda.

La Corte Penal está pendiente de los avances de 16 ‘macroinvestigaciones’ de la Unidad de Contexto de la Fiscalía que afectaron al menos a 2.900 personas en medio del conflicto. Varios de esos casos son contra mandos de las Farc.

La Corte Penal, en ese sentido, señala que son positivos los esfuerzos del gobierno Santos por ampliar la atención a las víctimas de crímenes sexuales y la persecución contra responsables de conductas como “la esterilización forzada y los abortos forzados”, que históricamente han sido cometidas por las Farc.

La actividad de las bandas criminales también es seguida por los observadores de la Corte Penal, que ya el año pasado advirtió el riesgo de que la banda del ‘clan Úsuga’ logre convertirse en un actor armado irregular como las guerrillas o los antiguos grupos paramilitares.

De la misma manera, hay observación sobre los avances de los casos por ‘falsos positivos’.

La Corte Penal Internacional ha juzgado a criminales de guerra de nueve países, todos africanos.

Invitados al foro

Humberto de la Calle - Jefe negociador del Gobierno
Es el jefe negociador del Gobierno en el proceso de negociación que se lleva a cabo con las Farc.

Fabrizio Hochschild - Coordinador de la ONU en el país
Considera necesario oír a la CPI sobre lo que significa la justicia transicional en un proceso de paz.

Eduardo Montealegre - Fiscal General de la Nación
Argumenta que la justicia transicional contempla penas alternativas diferentes a la cárcel.

Alejandro Ordóñez - Procurador General
Para él, un proceso de paz no puede generar impuni- dad y debe haber cárcel para los jefes de las Farc.

POLÍTICA

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