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Piden cárcel por el saqueo a Caprecom

Procuraduría dice que los directivos de la EPS deben responder por desvío de $ 4 billones.

UNIDAD INVESTIGATIVA
El Gobierno se alista a ‘sepultar’, lentamente, a Caprecom, la EPS más grande del régimen subsidiado, con más de 3 millones de afiliados. Todos los organismos de control coinciden en que la entidad, que incluso atiende a la población carcelaria del país, ha sido saqueada con la complicidad de políticos; en que es inviable económicamente y que en las 700 sedes que tiene en el país reina un absoluto desgobierno.
Pero la Procuraduría acaba de advertir que antes de cerrarla se debe establecer qué servidores públicos “son responsables de la actual situación caótica de la entidad”.
“Las sustanciales irregularidades y/o fraudes con efectos disciplinarios, penales y fiscales que afectaron de manera grave la sostenibilidad de la entidad y deterioraron su situación patrimonial afectaron la estructura y funcionamiento en el nivel central y oficinas territoriales”, asegura un documento del despacho del procurador general Alejandro Ordóñez.
De hecho, Ordóñez designó a un funcionario especial para identificar a los responsables, que serán procesados disciplinariamente. Asimismo, los hallazgos se trasladarán a la justicia penal y a la fiscal, ante la evidencia de que se desviaron cerca de 4 billones de pesos en pago de cuentas médicas no auditadas, desembolsos a cooperativas de trabajo vinculadas a un mismo dueño y desaparición de inventarios de medicamentos, entre otras conductas. (Lea: Editorial: Solución de dos males sistémicos)
Las irregularidades datan de los años 2010 (el último año del gobierno Uribe), 2011 y 2012. En ese lapso fungieron como directores en propiedad Tadeo Giraldo (del 2002 al 2010), Mario Andrés Urán (del 2010 al 2012) y Juan Carlos Botero (tres meses). Y como encargados estuvieron José Ricardo Rodríguez Doncel, Jorge Eduardo Suárez y Carlos Rodríguez.
También indagan a 31 gerentes regionales, a miembros de la junta directiva y a políticos cuyos nombres ya están en poder de la Fiscalía.
Y hay otro filón dentro de las pesquisas: ¿por qué, dentro de las investigaciones ordenadas por el Gobierno, la actual administración de Caprecom, en cabeza de Luisa Fernanda Tovar, solo ordenó auditar periodos anteriores al suyo?
Al respecto, la Contraloría ya le advirtió a Tovar que mantiene los incumplimientos en los indicadores financieros de la EPS, que hay facturas no contabilizadas e irregularidades en la contratación, entre otros nuevos hallazgos. Y EL TIEMPO reveló que, en octubre del 2013, le asignó un millonario contrato de aseo a una firma ligada a Julián Restrepo, exsecretario privado del senador Roy Barreras, cuya exesposa también tuvo contratos con la EPS.
La Procuraduría identificó 65 conductas, calificadas de gravísimas, que dan cuenta de un desangre continuado de varios billones de pesos. El dato más relevante está relacionado con el pago de cuentas médicas. El Ministerio Público asegura que, en el 2010, tan solo se auditó el 2,5 por ciento de esas facturas; en el 2011, el 28 por ciento y en el 2012, el 1,8 por ciento. Esto significa que la EPS pagó más de 3 billones de pesos en cuentas médicas que no tenían el visto bueno legal. (Lea: Supersalud vigila atención a usuarios de Caprecom en Chocó)
Además, entre el 2010 y el 2012 se hicieron pagos a cooperativas por más de medio billón de pesos para suministro de personal (casi 9.000 empleados), y dos incumplieron pagos laborales, lo que obligó a Caprecom a respaldar la deuda con títulos judiciales por 13.000 millones de pesos.
Exdirectores Giraldo y Urán se defienden
Dos exdirectores de Caprecom Tadeo Giraldo y Mario Urán ya tienen tres investigaciones por presunta desviación de recursos y financiación indebida de proveedores por cerca de 900.000 millones de pesos. Al respecto, Giraldo –director de la EPS entre el 2002 y el 2010– le dijo a EL TIEMPO que logró demostrar que varias de las pruebas en las que la Contraloría basa los señalamientos no habían sido decretadas y tuvieron que repetirlas: “Estamos en versión libre ante la delegada anticorrupción. Si nos dejan defendernos; demostraremos que no había mérito ni siquiera para abrir las investigaciones. Unos dineros están en embargos y en caja, y ya hemos explicado el manejo de otros 150.000 millones”, dijo. No obstante, Giraldo admitió que parte de la crisis de Caprecom se debió a que tuvieron que asumir el régimen subsidiado en Medellín, con pérdidas por 180.000 millones de pesos. (Lea: Tutela ordena a Caprecom prestar servicio de salud a 150 presos)
Otro factor fue la atención a la población carcelaria, que dejó pérdidas por 20.000 millones. Y aseguró que, durante su administración, las cuentas médicas fueron auditadas. Por su parte, Mario Urán, director por un año, dijo que él tuvo que enfrentar un aumento en el número de afiliados en el régimen subsidiado de 2,7 millones a más de 3 millones. Y agregó que también fue estricto con la vigilancia del pago de cuentas médicas. “No era posible que se pagara una cuenta en una región si no tenía el visto bueno de la firma auditora”, advirtió. Giraldo y Urán coincidieron en que no les han permitido controvertir la auditoría forense y cuestionan que en esta haya participado Jahv Mcgregor S.A., exrevisora fiscal de la EPS, y que hayan contratado a exempleados de la entidad para adelantarla con base en auditorías pasadas. EL TIEMPO llamó a la actual directora, Luisa Fernanda Tovar, para preguntarle por los cuestionamientos a la auditoría, que costó 4.795 millones de pesos, y a su gestión, pero no respondió a las llamadas de este diario.
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