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El 'plan B' contra la coca si se deja de fumigar con glifosato

El 'plan B' contra la coca si se deja de fumigar con glifosato

Evalúan otros cinco herbicidas. Mindefensa ordenó no frenar aspersión hasta que el Gobierno defina.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
28 de abril 2015 , 10:34 p. m.

Este martes, los aviones Air Tractor 802 salieron desde las bases Antinarcóticos de la Policía en Larandia y Caucasia a fumigar matas de coca en Caquetá y Antioquia. (Vea la infografía: Este año han sido erradicadas manualmente 957 hectáreas de cultivos ilícitos)

La orden del Ministerio de Defensa fue continuar la aspersión con glifosato mientras se “evalúan estrategias y fórmulas” para combatir los sembradíos ilegales y mientras el Gobierno define si acoge o no la recomendación del Ministerio de Salud de suspender el uso del herbicida como estrategia de lanza contra los narcocultivos.

En un concepto enviado al Consejo Nacional de Estupefacientes, el Ministerio de Salud indicó que la advertencia de la OMS de que el glifosato es posiblemente cancerígeno, es una alerta “insoslayable de posibles efectos adversos a la salud” y que por eso la medida debía ser suspensión por precaución.

Varias cartas se han puesto sobre la mesa: utilizar otros herbicidas en la aspersión; esperar estudios más concluyentes sobre los potenciales daños del glifosato y, en cualquier escenario, reforzar los equipos de erradicadores manuales están en la baraja.

Este diario conoció que desde hace varios meses se hizo una selección de cinco moléculas que son comercializadas bajo 15 marcas y que podrían reemplazar el glifosato. Su efectividad ya se probó en arbustos de características similares a la coca y se alistan los protocolos para realizar pruebas en narcocultivos.

Fuentes que participan en ese proceso aseguran que esas moléculas de herbicida no han sido clasificadas por la OMS en la categoría 2A –sustancias consideradas riesgosas–; cumplen con los niveles de toxicidad permitidos en el país (de 1 a 4) y tienen la concentración necesaria para impedir el proceso de fotosíntesis en la coca, tal y como lo hace el glifosato.

En todo caso, insisten altas fuentes consultadas, la determinación de suspender el uso del herbicida, que se utiliza desde 1985 contra los cultivos ilícitos en Colombia, aún no está tomada. De hecho, este martes el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, insistió en la necesidad de contar con análisis “mucho más científicos y mucho más detallados” sobre los potenciales efectos cancerígenos del herbicida.

“Lo cierto es que nosotros vamos a seguir evaluando estrategias y fórmulas, porque no podemos permitir que se terminen beneficiando la delincuencia, la criminalidad y el terrorismo (...). Si decisiones como estas se materializan, vamos a seguir procurando que no se inunde el país de coca y con ello no termine generándose un deterioro de la seguridad”, dijo el ministro Pinzón.

El año pasado, en Colombia se fumigaron 55.532 hectáreas de coca. Estudios de la Policía dan cuenta de que asperjar una hectárea cuesta 800 dólares, y de ese valor, entre el 60 y el 80 por ciento lo aporta el país, dentro de la estrategia de nacionalización del Plan Colombia. En promedio, los aviones fumigan 28 hectáreas en una hora. Este año, la Policía Antinarcóticos, en un trabajo con la Embajada de Estados Unidos (que financia los pilotos y las 14 aeronaves), ha fumigado 15.000 hectáreas.

Ahora, si bien es cierto que en Palacio hay una tendencia favorable a aceptar la sugerencia del Ministerio de Salud sobre suspender las fumigaciones con glifosato, en el alto Gobierno no existe “afán” para tomar una decisión de fondo.

La canciller María Ángela Holguín aseguró que “una vez haga los estudios necesarios en todos los aspectos relacionados con las aspersiones con glifosato, el Gobierno tomará una decisión; pero por ahora, a corto plazo, no lo hará”.

Y es que, según lo confirmó el consejero de derechos humanos, Guillermo Rivera, aún faltan las posturas que tomen sobre esta discusión el Consejo de Estupefacientes y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Rivera enfatizó: “La vida y la salud humanas están encima de cualquier política”. (Lea aquí cuatro razones por las que deben suspender el glifosato)

Seguridad, el reto

El Gobierno está haciendo cuentas sobre las probabilidades de éxito que tendría una estrategia antinarcóticos basada –aunque no exclusivamente– en la erradicación manual. Ese escenario, como se sabe, hace parte de uno de los puntos firmados en La Habana con las Farc, pero hay consenso en que en una situación de conflicto como la que vive el país sería poco viable.

 

glifosato

Así, las zonas donde se realizan fumigaciones son aquellas donde las minas antipersonas y los ataques de los grupos armados irregulares han frenado el avance de los grupos de erradicadores. El año pasado 5 policías y un militar murieron en emboscadas cuando cumplían o acompañaban procesos de erradicación.

El Programa de Consolidación Territorial, que maneja la estrategia, tiene hoy contratados 793 erradicadores en 37 grupos. En promedio, cada uno de estas compañías ‘limpia’ dos hectáreas por día. Este año van 957 hectáreas de narcocultivos arrancados.

El año pasado, todos los grupos de erradicadores (incluidos los de la Fuerza Pública), arrancaron 11.000 hectáreas. Es la quinta parte del total destruido el año pasado entre fumigación y erradicación manual, lo que, en un escenario sin problemas de seguridad, implicaría multiplicar al menos por 5 el total de esos cuerpos. (Lea aquí la postura de Estados Unidos frente al uso del glifosato)

El conteo oficial de coca en Colombia está sobre las 48.000 hectáreas, pero fuentes del sector Defensa manejan información según la cual el año pasado se habría cerrado con un aumento de casi el 10 por ciento. Esto, porque en Norte de Santander y Putumayo no se está ni erradicando ni fumigando por acuerdos con comunidades que se comprometieron a erradicar voluntariamente, muchas de las cuales no han cumplido el compromiso.

Así las cuentas, fuentes en el Gobierno aseguran que si se apuesta a la erradicación forzosa se requiere fortalecer varios aspectos. El primero, volver a incrementar el presupuesto, que año a año ha bajado. Para el 2015, de acuerdo con Consolidación, se destinaron 45.000 millones de pesos; el año pasado fueron 50.000.

La época en la que más hubo recursos para esa estrategia fue en el 2008, cuando se destinaron 118.500 millones de pesos y se contrataron 29.087 erradicadores que arrancaron matas de coca en 95.731 hectáreas.

Y el factor clave es la seguridad. Hoy, se destinan dos hombres de Fuerza Pública por cada erradicador. Y hay zonas en Caquetá, Cauca, sur de Bolívar, Antioquia donde por presencia de grupos ilegales, especialmente de guerrilla, los grupos móviles simplemente no pueden ingresar.

Siguen las demandas por supuestos daños del químico

Desde quemaduras en la piel, enfermedades digestivas y respiratorias, dolores de cabeza, intoxicación, hasta desplazamiento forzado son algunas de las consecuencias que, según las comunidades indígenas de Putumayo, han tenido que sortear por las fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato.

glifosato

Así lo documentó la Defensoría del Pueblo –que respaldó la recomendación del Ministerio de Salud para suspender el uso del herbicida– en una visita que realizó hace un mes a 10 comunidades nasa de Orito, Puerto Caicedo y Villagarzón. Estos pueblos étnicos demandaron a la Dirección Antinarcóticos de la Policía por el uso del químico, reclamos que están siendo estudiados por la Corte Constitucional.

Delegados de las 378 familias entrevistadas por la Defensoría señalan que por la aspersión de glifosato se han contaminado 15 fuentes hídricas, y sus familias se han enfermado.

Aseguran que el químico también dañó sus plantaciones de caucho, maíz, cebolla, caña, plátano, yuca y chontaduro. Incluso, dice la Defensoría, al menos 41 familias no han podido volver a sus cabildos por la contaminación.

La Corte Constitucional ya había estudiado una demanda similar en marzo del año pasado de las comunidades del Pacífico, en Nariño, quienes aseguraban que las aspersiones aéreas estaban causando su desplazamiento. En el auto 073 del 2014 el alto tribunal le ordenó al Ministerio de Ambiente realizar en un plazo de tres meses un estudio para establecer si el glifosato estaba perjudicando a esa región. En caso de que el estudio no fuera concluyente, la Corte señaló que el Ministerio de Ambiente debía aplicar el principio de “precaución” y suspender las aspersiones. De hecho, con el concepto del Ministerio de Salud se espera que se reactiven las demandas por los supuestos daños del glifosato.

Por casos como estos el Consejo de Estado ha emitido al menos 23 sentencias, entre ellas, una del 2013 para proteger a 60 familias de Policarpa (Nariño). En un fallo del año pasado exhortó al Gobierno a cambiar el glifosato para “prevenir daños”.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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