Cese de la justicia, en el congelador

Cese de la justicia, en el congelador

El sindicato buscaba reiniciar el paro de 73 días que se suspendió por las vacaciones colectivas.

22 de abril 2015 , 11:27 p.m.

Los juzgados del país trabajaron este miércoles sin inconvenientes, a pesar de que Asonal Judicial, el sindicato del sector, anunció un paro en respaldo a las protestas convocadas por otros sectores del Estado.

Aunque el sindicato mantiene la amenaza de un nuevo cese de actividades, el miércoles el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió unas medidas cautelares mientras se resuelve de fondo una tutela para frenar el paro judicial.
En ellas, se ordenó a las entidades del Estado relacionadas y a los sindicatos que “inmediata y urgentemente inicien la negociación para la solución del conflicto laboral en ciernes”.

El sector de Asonal que insiste en el paro pretende desconocer los acuerdos del 2012 con el Gobierno, mediante los cuales se pactó un plan de nivelación salarial que va hasta el año 2018.

Este año, cuando la justicia volvió a labores, el sindicato buscaba reiniciar el paro de 73 días que se suspendió por las vacaciones colectivas, pero no pudo hacerlo. Ahora, de nuevo se oyen las voces de paro a pesar de que la mayoría de quienes estuvieron sin trabajar no han cumplido la obligación de reponer el tiempo perdido, lo que ha afectado el desarrollo de al menos 50.000 procesos judiciales.

Uno de ellos fue el del polémico exgobernador de La Guajira Francisco ‘Kiko’ Gómez, quien estuvo a punto de recuperar su libertad hace una semana porque un juez de Barranquilla consideró que en su caso se habían excedido los términos. Esto se frustró por una nueva orden de captura en su contra.

Desde el 2008, la Rama Judicial ha estado en paro por casi 150 días, que agravan aún más la mora de la justicia. Las protestas pretenden lograr una nivelación salarial frente a las mesadas que reciben los altos magistrados, que se equiparan a las de los congresistas.

Si bien en este frente, el de la nivelación, hay un reiterado incumplimiento, también es un hecho que los sueldos de los funcionarios de la justicia en los últimos 20 años son los que han tenido mayores incrementos en todo el Estado.
En promedio, un magistrado de tribunal recibe al mes 15 millones de pesos, y un juez, casi 8. En los últimos 10 años, según la Corporación Excelencia a la Justicia, basándose en documentos de la Contraloría, la Rama recibió 1,7 billones de pesos para beneficios adicionales.

Ricardo Molina, profesor de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, advierte que un nuevo paro judicial sería incomprensible para la ciudadanía. “Muchas de esas peticiones pueden ser justas; otras, infundadas. Lo cierto es que la situación actual del Estado colombiano no tiene cómo sufragar esas exigencias”, dice.

A su vez, el Comité Ejecutivo de la Abogacía Colombiana, que agrupa a los abogados litigantes, asegura que un nuevo paro volvería a “vulnerar el derecho al trabajo” y afectaría el acceso a la administración de justicia. “Que protesten, pero que no cierren los despachos. Ese movimiento en medio de una imagen desfavorable de la justicia no tiene presentación, menos con tantos casos de corrupción en todos los niveles”, dijo el abogado Jairo Céspedes.

A su turno, el exconstitucionalista Juan Manuel Charry anota que “cuando la justicia es morosa, en el fondo no es justicia” y facilita que los ciudadanos acudan a las vías de hecho.

EL TIEMPO

 

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