Policía rechaza que 'bacrim' se combata con apego al DIH

Policía rechaza que 'bacrim' se combata con apego al DIH

Institución dice que las convertiría en interlocutores políticos y prolongaría el conflicto armado.

notitle
19 de abril 2015 , 11:40 p.m.

La Policía lanzó una alerta por el riesgo que existe de convertir a las bandas criminales (‘bacrim’) en “eventuales interlocutores políticos”, lo que derivaría en una prolongación del conflicto armado. Esto, si se abre la puerta para que sean combatidas bajo la luz del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Esta advertencia está consignada en un informe que la institución le remitió al Congreso, en el cual califica como “inviable” un proyecto de ley (radicado por el exsenador Juan Lozano) que está pendiente de tercer debate en la Comisión II de la Cámara y que busca, precisamente, autorizar a la Fuerza Pública a aplicar el DIH para enfrentar a las ‘bacrim’.

De acuerdo con el ordenamiento jurídico actual, la Policía es la encargada de combatir a las bandas criminales y, salvo casos específicos relacionados con el control territorial en zonas rurales, el Ejército no interviene en estas operaciones.

Pero según la iniciativa legislativa, en ciertas zonas las ‘bacrim’ tienen un alto poder bélico, por lo que es necesario autorizar al Ejército para combatirlas. Incluso, en algunos casos, hasta bombardear los lugares en los que se refugian.

Por eso en la exposición de motivos del proyecto se dice que la norma “busca habilitar a las Fuerzas Militares para que (...) usen todo su accionar en el enfrentamiento de uno de los mayores flagelos generadores de violencia que azotan la Nación” y que “representan una amenaza capital que requiere el uso infranqueable de la fuerza militar”.

Pero la Policía tiene una visión opuesta. En el informe que conoció este diario asegura que su accionar contra esas bandas ha sido efectivo y que, actualmente, solo hay 4 de estos grupos: el ‘clan Úsuga’ (2.970 integrantes); ‘los Rastrojos’ (310); disidentes del Erpac (310); y ‘Libertadores del Vichada’ (160 integrantes).

En el documento, firmado por el director de la institución, general Rodolfo Palomino, se advierte que aplicar el DIH para enfrentar a las bandas criminales “ubicaría a los grupos armados ilegales como eventuales interlocutores políticos”, lo cual “significaría también que el propio Gobierno, a través de una política pública, prolonga el conflicto armado, incluso después de un eventual acuerdo de paz con las Farc y el Eln”.

Acogiendo estos argumentos, el representante Alirio Uribe (Polo) radicó ponencia negativa para que el proyecto se hunda.

“La preocupación es que se pueda prolongar el conflicto y se mantenga con las ‘bacrim’. Además, muchas de ellas operan en ciudades y no es bueno desplazar a la Policía para que entre el Ejército a hacer operaciones urbanas”, dijo.

En 2103, cuando comenzó el trámite de este proyecto, se dijo que el Ministerio de Defensa lo apoyaba. Es por eso que sus defensores, como el representante Efraín Torres (‘la U’), afirman que es necesario facultar al Ejército para que enfrente con toda contundencia a las ‘bacrim’. “No se quiere convertir a las ciudades en zonas de guerra”, advirtió el legislador.

Pero incluso la ONU se opone categóricamente a que se aplique el DIH en la lucha contra estas bandas.

“Dicho reconocimiento trae consigo un perverso incentivo para las bandas criminales: entre más aumente su capacidad militar y su legitimación (discursividad) en términos políticos, mayores serán sus capacidades de negociación política con el Gobierno Nacional en una futura desmovilización colectiva y de la obtención de eventuales beneficios judiciales a cambio de si entrega las armas”, sentencia la ONU en su documento, también remitido al Congreso.

De hecho, el Gobierno y la Fiscalía radicaron un proyecto de ley para reformar, entre otras normas, algunos aspectos del Código de Procedimiento Penal. En uno de los apartes se busca autorizar al Fiscal General para que, incluso, pueda suspender órdenes de captura y negociar con las ‘bacrim’ su sometimiento colectivo, pero sin beneficios jurídicos distintos a los que ya están en la ley.

DANIEL VALERO
Redacción Política

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.