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Exfuncionarios de Uribe corrompieron 'a dos congresistas provincianos'

Exfuncionarios de Uribe corrompieron 'a dos congresistas provincianos'

Así lo dijo Corte en condena a Sabas Pretelt, Diego Palacio y Alberto Velásquez por 'Yidispolítica'.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
15 de abril 2015 , 10:23 p. m.

Casi once años después de la polémica sesión de la Comisión I de Cámara que decidió, en quinto debate, la suerte de la reforma constitucional que revivió la reelección presidencial en Colombia, los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio y el exsecretario de Casa de Nariño Alberto Velásquez fueron condenados por el delito de cohecho.

Los tres, que formaron parte del ‘sanedrín’ del gobierno de Álvaro Uribe, pagarán penas de 80 meses (los dos exministros) y de 60 meses (Velásquez) por “corromper” a los parlamentarios Yidis Medina y Tedolindo Avendaño para que apoyaran ese proyecto, el cual habilitó a Álvaro Uribe para reelegirse en el 2006.

Con ellos son ya ocho las fichas más cercanas al expresidente Uribe condenadas por la justicia. Este miércoles en la noche, tanto Pretelt como Palacio se entregaron a agentes del CTI. El primero en Cartagena y el segundo, en Bogotá, donde el Inpec les definirá su sitio final de reclusión.

El exsecretario Velásquez está hace varios días en Estados Unidos, en un compromiso familiar, y este miércoles le aseguró a EL TIEMPO que la próxima semana regresará para “ponerle la cara a la justicia”. “No hay la menor posibilidad de que me quede por fuera del país”, afirmó.

Y agregó que le sorprende la decisión de la Corte, que no comparte pero respeta. “Soy inocente de los cargos por los que me acusó la Fiscalía, los mismos por los que la Procuraduría me absolvió”, dijo.

La sentencia señala que esos altos funcionarios “actuaron mancomunadamente y con el mismo propósito”: lograr la aprobación de un acto legislativo en el que el Presidente de la República de la época, Álvaro Uribe, “tenía interés”, según la sentencia.

Para ello ‘voltearon’ el voto de Medina, quien había firmado una proposición para hundir la reelección, y lograron que Avendaño, otro opositor, se ausentara de la sesión.

En el comunicado en el que este miércoles oficializó la condena, la Corte Suprema señaló que en el expediente “se determinó cómo, siguiendo instrucciones del presidente Álvaro Uribe, el exsecretario general de la Presidencia y los exministros dispusieron del poder que les conferían sus altos cargos para pagar, con una serie de nombramientos, el voto favorable de la exrepresentante Yidis Medina y la ausencia de Teodolindo Avendaño en la votación de aquella madrugada”.

La sentencia afirma que los exfuncionarios “lograron, a cambio de prebendas burocráticas, comprar” a los parlamentarios, en aras de “la satisfacción de intereses personales, muy lejos de las buenas prácticas de la política”. Y agregan que “ese ilícito actuar resultó definitivo para cambiar el rumbo no solo de la política, sino de los destinos del país”. La Sala señaló también que, si no hubiera ocurrido la interferencia, “tal vez, hoy día, otra sería la situación de una institucionalidad, que se encuentra seriamente agrietada y poco respetada por una sociedad que no cree en la honestidad de sus dirigentes”.

‘Puestos por votos’

El fallo lo tomaron cuatro magistrados titulares y cinco conjueces que votaron de manera unánime por la condena.

En este dice que para la aprobación de la reelección, dichos funcionarios de Uribe “acudieron a prácticas corruptoras frente a dos congresistas provincianos de nivel académico muy básico, pobre estructura intelectual y vasta ambición de reconocimiento”.

Teodolindo y Yidis fueron condenados por los mismos hechos, al igual que el exrepresentante Iván Díaz Matéus, que era el dueño de la curul de Medina y quien la presionó para que cambiara su voto. (Lea aquí: 'Yidispolítica', el escándalo que nos dejó la reelección de Uribe)

A Sabas Pretelt, quien como Palacio había sido destituido por el mismo caso, la Corte lo responsabilizó por los nombramientos de César Guzmán, amigo de Yidis Medina, en el Ministerio de Justicia; y de un notario en Barrancabermeja, zona de origen de la congresista. También, por entregarle la Notaría 67 de Bogotá a Teodolindo Avendaño, quien ‘vendió’ ese puesto a Luis Camilo O’meara.

En el caso de Diego Palacio, que, aunque su cartera (Salud y Trabajo) no era cercana al mundo de la política estuvo al frente del trámite del proyecto en el 2004, se le atribuyen los nombramientos de la nuera de Teodolindo “para atender asuntos de Foncolpuertos en la ciudad de Cali” y el ofrecimiento de la notaría en Bogotá. Asimismo, Palacio le ofreció a Medina la dirección de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, donde fue nombrado el ingeniero Carlos Correa Mosquera, ficha de ‘Yidis’.

Ambos fueron condenados por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, en concurso material homogéneo. A Velásquez se le responsabiliza solo por cohecho: el nombramiento de Jairo Plata Quintero en la Red de Solidaridad Social en el Magdalena Medio, “en cumplimiento de un compromiso adquirido con Yidis después de la charla privada que sostuvo el 2 de junio de 2004 con el entonces Presidente”.

Uribe dice que no cometieron delitos

Tras conocer la condena de la Corte Suprema de Justicia, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe defendió a sus exfuncionarios.

A través de su cuenta en ‘Twitter’, escribió: “Acudiremos a la comunidad internacional, porque sobre las mentiras de Yidis condenaron a los compañeros no por delitos sino por oposición a reelección”.

El senador Alfredo Rangel, por su lado, aseguró que era “una prueba más de la persecución de una justicia politizada al uribismo y al Centro Democrático”.

Yidis Medina, que con su confesión desató el escándalo, aseguró que la condena era inevitable.

Este viernes, condena por 'chuzadas'

Mañana se conocerá el monto de la condena contra la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y el exsecretario de Palacio Bernardo Moreno, por el caso de las chuzadas del DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Fueron hallados culpables el pasado 27 de febrero de impartir órdenes ilegales y de usurpar competencias que no les correspondían.

JUSTICIA

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