Secciones
Síguenos en:
La inviolabilidad

La inviolabilidad

En el lastre colonial de pretender resolver todo reformando, la Constitución ya lleva 40 reformas.

notitle
Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
14 de abril 2015 , 05:37 p. m.

Entre el maremágnum para el trámite del llamado “equilibrio de poderes”, van casi 30 artículos de la Constitución en vías de modificarse, cuando la iniciativa original solo pretendía acabar el “desequilibrio” que alteró la Carta del 91 para permitir la reelección presidencial inmediata y modificar integración y funciones de la cúpula judicial.

En el lastre colonial de pretender resolverlo todo reformando, derogando, cambiando, o imponiendo constituciones, la del 91, propuesta como suma expresión del consenso y del “constituyente primario” (otra falacia), ya lleva 40 reformas... ¡Y las que vendrán!

Esta vez han surgido “articulitos” de sobrada espontaneidad, olvidando que una reforma constitucional seria requiere más ponderación, maduración y análisis, no carreras donde suelen saltar, como en el 2012, los temidos “micos” de tan funesta recordación.

Si bien no puede considerarse “mico”, la semana pasada se planteó la “inviolabilidad” para magistrados de altas cortes y Fiscal General. Nuestras constituciones siempre han contemplado para funcionarios como Presidente y congresistas mecanismos de protección frente a eventuales abusos de poderes, v. gr., el judicial, para fines políticos, máxima distorsión de la democracia.

La inviolabilidad (indemnidad) de congresistas ampara sus opiniones o votos en el ejercicio parlamentario. Así, no pueden ser procesados, digamos, por calumniar en el curso de un debate. Tampoco por prevaricato por el sentido de su voto. Sí cuando, p. ej., el voto (no la opinión) se motiva en otros intereses, v. gr., económicos.

En el proceso 8.000, la Corte se inhibió a favor de los parlamentarios que pidieron procesar a Samper y abrió investigación formal contra quienes en la Cámara, instruidos por el gran jurista Darío Martínez, votaron por la preclusión.

La Corte Constitucional (con ponencia del recordado Carlos Gaviria), al resolver la tutela interpuesta por el exmagistrado Arango Mejía, con poder de la representante Vivian Morales, ‘tumbó’ el expediente que adelantaba la Sala Penal, aduciendo afectación a la inviolabilidad del voto. Pero la Suprema hubiera podido continuar la investigación, no por el sentido del voto, sino por su motivación, si se demostraba que habían mediado dádivas o canonjías para los congresistas en su rol de jueces.

Antes del 91, los parlamentarios gozaban de inmunidad: no podían ser capturados sin previa autorización de la respectiva Cámara. Sí podían ser procesados por cualquier juez, según las normas generales sobre competencia. En el 91 se cambió la inmunidad por el fuero ante la Corte que hoy rige.

Pero esa figura nunca ha existido para quienes solo cumplen funciones judiciales, como magistrados o Fiscal. Ellos responderán por prevaricato si en sus decisiones violan ostensiblemente la ley: por ello, Vivian Morales puso las cosas en su sitio. Tampoco tiene sentido el antejuicio político para estos funcionarios, si bien para magistrados se ha mantenido en todas las constituciones.

Algo más razonable: beneficiar sí al Vicepresidente, popularmente elegido y con vocación de reemplazar al Presidente en sus faltas absolutas o temporales. Los otros funcionarios deben ser procesados y juzgados por un tribunal como el propuesto, sobre cuya integración habría que profundizar.

Si en verdad se quiere combatir la impunidad política y judicial que hoy ampara a esos servidores, el nuevo tribunal deberá asumir de inmediato todas las investigaciones, hoy en manos de la agónica Comisión de Acusación.

Debe eliminarse la figura de los parlamentarios que investigan a sus jueces, quienes, a su vez, pueden llevarlos a la cárcel o quitarles la investidura. Por obvias razones, si se oye la voz del Consejo de Estado –de que, al contrario de lo ocurrido en el 2012, ahora sí rige el conflicto de intereses al tramitar reformas constitucionales– podría afectarse el actual proceso por la lluvia de impedimentos.

* * * *

Con gratitud y respeto despide el país al general Francisco José Naranjo, gran oficial, máxima expresión de la antioqueñidad y colombiano ejemplar.

Alfonso Gómez Méndez

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.