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Renuncie, magistrado Pretelt

Mientras Pretelt insista en quedarse, seguirá cayéndole agua sucia a la Corte.

José Miguel Alzateabril 13 de 2015, 05:38 P.M.

Los colombianos siempre habíamos tenido la certeza de que los profesionales del Derecho que llegaban a la alta cima de una magistratura eran personas impolutas, de una honorabilidad a toda prueba, que ponían por encima de sus ambiciones de dinero el deseo de servirle al país. Eso, al menos, era lo que se pensaba de los integrantes de las altas cortes. Que eran profesionales de una honestidad sin tacha, revestidos de un aura de pureza en sus actos públicos, alejados de conciliábulos, entregados a defender a la nación. Jurisconsultos que coronaban su carrera profesional como magistrados porque habían dado muestras de sabiduría jurídica en el ejercicio de su profesión. Pero los hechos de corrupción revelados en las últimas semanas hacen pensar lo contrario.

El escándalo que se ha desatado sobre un supuesto soborno al magistrado Jorge Pretelt para que buscara la forma de favorecer a una empresa en un fallo de tutela ha demostrado que las altas cortes no son esa ínsula donde la corrupción no alcanzaba a llegar. Su caso deja en la opinión pública la sensación de que es posible comprar fallos. Un hecho que deja mal parada a la Corte Constitucional. Porque esa opinión que teníamos los colombianos sobre la instancia que vela por el respeto a la Constitución, en el sentido de que era integrada por profesionales moralmente íntegros, se vino a pique debido a las revelaciones hechas por el magistrado Mauricio González Cuervo, atendiendo la denuncia del abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco.

Que el tráfico de influencias se presente en un organismo que debe estar aislado de cualquier foco de contaminación es consecuencia de la determinación tomada por la Asamblea Nacional Constituyente al dejar consignada en la Constitución de 1991 la norma de que los magistrados de las altas cortes debían ser elegidos por el Senado de la República. Esto se ha prestado para que la clase política tenga injerencia en esos nombramientos y, de paso, les cobre a los elegidos el favor de haber votado por ellos. Que es a lo que quedan comprometidos los magistrados después de haber hecho lobby ante los congresistas para obtener su respaldo. Con este sistema, se abrió la puerta para que a una magistratura pueda aspirar cualquier abogado que no tenga una hoja de vida sin mácula.

Pretelt ha dicho que tiene derecho a que le respeten el debido proceso. También, que lo cobija el principio de presunción de inocencia. En consecuencia, dice que no renuncia a la Corte Constitucional. Mal le hace a una corporación que debe ser prístina un miembro que quiere conservar su inmunidad frente a la investigación que realiza la Comisión de Acusación de la Cámara. Su defensa la debe hacer el magistrado desde afuera. Es la credibilidad de la Corte Constitucional la que está en entredicho. Mientras Pretelt insista en quedarse seguirá cayéndole a esta toda el agua sucia, como consecuencia de un escándalo contra el cual debe estar blindada. El magistrado debe hacerse a un lado para que su juez natural lo juzgue, sin presiones de ninguna naturaleza.

El espectáculo que está presenciando Colombia como consecuencia de este escándalo es deprimente. Que un magistrado cuestionado salga a decir que va a denunciar a sus colegas por actos indecorosos no es más que una cortina de humo lanzada por el acusado para tratar de entorpecer la investigación en su contra. La denuncia que en su columna de la revista Semana hace María Jimena Duzán, en el sentido de que otro soborno ensombrece la conducta de los magistrados, es preocupante. Como preocupante es lo que escribió Daniel Coronell en ese mismo medio, donde asegura que algunos magistrados no reúnen las calidades para llegar a ese cargo. Ante esta situación, se hace urgente un plan de choque para robustecer la justicia y, así, devolverles la credibilidad a las cortes.

Para que sea posible que las altas cortes vuelvan por sus fueros de transparencia se requiere voluntad política. Y esa parece tenerla el Gobierno, al buscar con los partidos políticos un acuerdo que permita extirpar ese cáncer que representa el contubernio entre la justicia y la política. El magistrado Jorge Pretelt, causante de este daño a la Rama Judicial, debe dar un paso al costado para que la Corte Constitucional recupere el prestigio perdido. Así ayudaría a sanear unas instituciones que deben ser prenda de garantía para los ciudadanos y que, como cuerpo, no deben estar en el ojo del huracán por las conductas individuales de sus miembros. Préstele este servicio al país, magistrado Pretelt, y ayude con su renuncia a esclarecer hechos que dejan mal parada a una institución que debe ser ejemplo de comportamiento ético y moral de sus integrantes.

José Miguel Alzate

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José Miguel Alzateabril 13 de 2015, 05:38 P.M.