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La reforma de la Ley de Tierras

La reforma de la Ley de Tierras

Es necesario remplazar esta ley por otra más aterrizada, que libere a la agricultura.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
11 de abril 2015 , 09:32 p. m.

La lectura de este diario el domingo 5 de abril seguramente despertó muchas inquietudes sobre el problema de la propiedad, tenencia y producción de la tierra en Colombia. El potencial que tiene el país de expandir su producción agrícola no es efectivo si no se resuelve qué forma de tenencia de la tierra es la que se va a posibilitar o a inducir, si es necesario, y con qué seguridad jurídica se va a contar.

María Isabel Rueda, en su columna de ese día, dice que la aspiración de las Farc es que se destinen más de nueve millones de hectáreas a las zonas de reserva campesina y que estas zonas tengan autonomía judicial, política, ambiental, administrativa y fiscal. Esto no puede quedar volando, como si fuera una posibilidad real. Alguien en el Gobierno debería aclarar o ratificar que los acuerdos con la guerrilla sobre la tierra y el sector agropecuario no contemplan ese escenario.

En esa misma edición de EL TIEMPO, en entrevista con Yamid Amat, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, anuncia que a lo sumo habrá cinco millones disponibles para restitución de tierras a los propietarios rurales que fueron forzados a cederlas o abandonarlas, para mejorar el acceso de los campesinos a la tierra de buena calidad y para otros usos, incluyendo las posibles zonas de reserva campesina, que seguramente no gozarán de las autonomías descritas. También dice Vélez que por lo menos dos millones de hectáreas de las que estarían disponibles se las tienen que quitar a quienes las poseen ilegalmente en la actualidad. No es probable que esto se lleve a cabo sin provocar severos conflictos, aunque ha sorprendido que los herederos de Víctor Carranza estén dispuestos a restituirle al Incoder alrededor de 28.000 hectáreas en el Meta que se encuentran en esas condiciones, estableciendo un modelo de colaboración con la sociedad y el Estado.

Llama mucho la atención que este superintendente reconozca que con la Ley 160 de 1994 “es casi imposible recuperar” las tierras mal adjudicadas, y que afirme que la ley no va a fomentar la producción, ni a mejorar la productividad o “producir comida”, a pesar de que Colombia es uno de seis países en el mundo que disponen de tierra y recursos hídricos para hacerlo. Es muy importante que un funcionario público diga esto, pues la Ley 160 tiene paralizado al sector agropecuario. Pero lastimosamente no es el Ministro de Agricultura o el presidente Santos quien lo dice.

Ojalá no hayan puesto al Superintendente a botar corriente para ver qué reacciones provoca. Es necesario remplazar esta ley por otra más aterrizada, que libere a la agricultura de los grilletes que le han puesto conceptos equivocados sobre la utilización de las tierras baldías, y la limitación al tamaño de las unidades de producción agropecuaria. Las unidades agrícolas familiares (UAF) tienen sentido para establecer el tamaño mínimo de los terrenos que se van a adjudicar, pero no para limitar el área de producción. Los baldíos son un recurso del Estado aprovechable para el desarrollo de infraestructura o para otros fines sociales y productivos que contempla aún la Ley 160.

También hay que evolucionar en la concepción de lo que son y representan los campesinos. Es necesario darles mayor acceso a tierra y los medios para que generen un ingreso digno, y que sus hijos tengan pleno acceso a educación y la libertad de escoger su actividad laboral y su sitio en la sociedad. De esa manera se evita condenarlos, generación tras generación, a ser los productores de un excedente que en gran medida se apropian las élites y los habitantes urbanos. La próxima generación ya no será campesina, pero sí orgullosa de su origen.

Rudolf Hommes

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