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Desplazamiento forzado transfronterizo: eslabón perdido de reparación

Desplazamiento forzado transfronterizo: eslabón perdido de reparación

Hay un trato desigual entre víctimas colombianas dentro y fuera del territorio nacional.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
07 de abril 2015 , 06:42 a. m.

Colombia es un país pionero en el desarrollo legislativo de la figura del desplazamiento forzado interno. Un ejemplo de ello es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448/2011), donde esta experiencia de movilidad forzada es reconocida como un hecho victimizante que obliga al Estado a la reparación del daño.

Hasta aquí, la valoración es positiva pero se enturbia al comprobar que la Ley 1448 crea una asimetría entre desplazamiento forzado interno y transfronterizo y, en consecuencia, un trato desigual entre víctimas colombianas dentro y fuera del territorio nacional.

Si el deber de reparar el desplazamiento forzado interno se fundamenta en su reconocimiento como violación del derecho humano a la libre movilidad, ¿por qué es diferente la movilidad forzada a través de la frontera? Ésta implica la misma experiencia de huida, de desplazamiento de las personas contra su voluntad para proteger su vida. Es más, el abandono del país por coacción directa o indirecta, enfrenta a las víctimas a una triple victimización – en origen, tránsito y destino – que, generalmente, crea un continuum de violaciones de derechos humanos. ¿No merecen estas ser reconocidas y reparadas? (Lea también: Unos 655 colombianos desplazados por choques entre grupo armado y Eln)

Baste, como ejemplo, referenciar la experiencia de los colombianos que, azotados por la violencia del conflicto armado, han cruzado la frontera hacia Panamá por mar o a pie a través de la selva del Darién durante semanas. Según la Oficina para la Atención a los Refugiados de Panamá (ONPAR), en 2014 aumentó el número de colombianos solicitantes de asilo. Si en 2013 fueron 627 las solicitudes, el pasado año alcanzaron 1475, correspondiendo un 85% a nacionales colombianos. La vida de los colombianos solicitantes o con estatuto de refugiado en el país no es fácil, pero exige una profunda reflexión la situación de quienes llegaron a Panamá, aproximadamente entre 1996 y 2002, en “flujos masivos” expulsados de localidades del Chocó y Antioquia por acciones de la guerrilla, los paramilitares y el ejército.

A estas personas, aproximadamente unas 1000, el Gobierno panameño les concedió un estatuto de Protección Temporal Humanitaria (PTH). Éste debía durar 2 meses pero se ha prolongado durante 208; esto es, 17 años, en la mayoría de los casos, hasta que la Ley 81/2011 elimina el estatuto y les concede un permiso de residencia permanente en el país. Durante más de una década, casi dos, cientos de víctimas del conflicto armado colombiano han vivido en las comunidades del Darién sin permiso de trabajo; en una especie de cautiverio al condicionar su movilidad más allá de la comunidad donde vivían a la autorización previa de las autoridades panameñas; y, si esto fuera poco, los gobiernos de Panamá y Colombia negociaron la repatriación forzada de estas personas a sus lugares de origen en Colombia sin existir garantías de seguridad, mediante un procedimiento de voluntariedad viciada, y sin contar con la supervisión del ACNUR. (Además: 'Tres de cada diez desplazados están en pobreza extrema': Contraloría)

Así lo han denunciado las Defensorías del Pueblo de los dos países, Amnistía Internacional, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, CODHES, CEALP e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, el 25 de abril de 2003, solicitó a Panamá medidas cautelares tras la repatriación forzada de 109 colombianos, entre ellos 65 menores, de Punuza a Sapzurro (Colombia), para proteger a las personas ante el anuncio de nuevas repatriaciones programadas.

A unos días de conmemorar a las víctimas del conflicto armado colombiano y en una coyuntura de negociaciones de paz que anuncia confiada el tránsito al “post-conflicto”, se torna urgente repensar la geopolítica de la justicia que crea la Ley 1448; pues, resulta difícil justificar política, jurídica y éticamente que un criterio espacial – estar dentro/fuera del territorio nacional – pueda determinar un desigual reconocimiento como víctima y un desigual derecho a la reparación - máxime cuando hablamos de víctimas nacionales colombianas y no de nacionales y extranjeras. Así, el ejercicio de ingeniería de paz en La Habana, debe incluir el reconocimiento de la particular experiencia de las víctimas en el exterior resultante del desplazamiento forzado transfronterizo.

El estudio de las experiencias de transición política de otros países sobre reparación a las víctimas en el exterior – reconocidas como migrantes, personas en necesidad de protección internacional y/o exiliadas – deben servir como insumo. En este sentido, Bolivia y Uruguay reconocieron expresamente a los exiliados en sus leyes de reparación (Ley 2.640/2004 y Ley 18.596/2009, respectivamente); la Corte Suprema de Justicia de Argentina en la sentencia del caso Susana Yofre de Vaca Narvaja c. Ministerio de Interior, reconoció en octubre de 2004 el deber del estado de reparar la huida forzada del país en analogía con la privación de libertad por detención; asimismo, no carece de interés la labor investigativa de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Liberia sobre las víctimas de diáspora, publicada en 2009, entre otras experiencias existentes.

El mero diseño de la Ley 1448 para la reparación de las víctimas en el exterior ha sido un fracaso, como está siendo profundamente decepcionante la actuación de los consulados en su obligación de difundir y facilitar el acceso a la ley. Por ello, no tapemos la rendija de oportunidad que se atisba para reformar la ley 1448 y/o apostar por otras medidas. Para María Zambrano, el mito de Antígona condensaba el sentido del arrancado de su patria. Es, como en los rituales griegos, un “enmurado”; quien es enterrado vivo para calmar la ira de los dioses, quien renuncia a su vida para sustentar la historia. ¿No es momento de escuchar esta historia?

Las opiniones expresadas por los autores que contribuyen en este espacio se hacen a título personal y no comprometen el nombre de las instituciones a las cuales los autores se encuentran afiliados.

ÁNGELA IRANZO DOSDAD*
*Profesora del Departamento de Ciencia Política y afiliada al Centro de Estudios Internacionales--CEI de la Universidad de Los Andes

 

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