Venezuela le pediría visa de trabajo a Felipe González

Venezuela le pediría visa de trabajo a Felipe González

En diálogo con La W, dijo que espera que le permitan el ingreso para defender a presos políticos.

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30 de marzo 2015 , 08:08 p.m.

No ha parado el caudal de reacciones del Gobierno venezolano luego de que el expresidente del Gobierno español Felipe González anunciara su incorporación al equipo de defensa de los presos políticos venezolanos Leopoldo López y el alcalde Antonio Ledezma.

Mucho menos tras la entrevista concedida por González este lunes a 'La W', en la que afirmó que espera que el Gobierno le permita ingresar al territorio para poder llevar a cabo esta labor y aseguró que los esfuerzos de Unasur por restaurar el diálogo en Venezuela son “francamente insuficientes”. (Editorial: Felipe González y Venezuela)

González señaló que en Venezuela “hay presos por ser políticos” y que los intentos de diálogo realizados hasta el momento no han dado resultados satisfactorios. “Vulnerar el derecho a la defensa es uno de los problemas más grandes en los que puede caer un país”.

Además, afirmó que los expertos externos (como él) pueden contribuir, de acuerdo con la legislación venezolana, a ayudar a la defensa y asistir a los presos. “Por tanto, no estamos inventando nada. Estamos utilizando la institucionalidad de la propia Venezuela, con sus propias leyes”.

Horas después de estas declaraciones, el vicecanciller para Asuntos Europeos, Calixto Ortega, afirmó en un programa de entrevistas que el expresidente español quiere “sumarse a esa campaña que varios expresidentes han querido intentar (de defender a los presos políticos), para interferir en asuntos internos”.

De inmediato no respondió si a González le sería negada la entrada a Venezuela, pero condicionó su posible actividad como defensor de los presos políticos a la necesidad de contar con “una visa de trabajo” que debe ser otorgada por el Estado venezolano.

Por su parte, González, en la entrevista, destacó que su labor como defensor solo sería malograda si se le impide entrar a territorio venezolano, en cuyo caso declaró: “La expulsión o la no entrada es una decisión del Gobierno, que tendrá sus facultades en caso de que decida prohibirme la entrada. Pero esto tendrán que hacerlo formalmente, de acuerdo con la legislación actual. Obviamente, un gobierno en el uso de su soberanía puede declarar a una persona no grata, eso puede ocurrir, pero espero que en este caso no suceda”.

La posibilidad de expulsión de González de territorio venezolano ya fue puesta sobre la mesa por el vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea venezolana, Saúl Ortega, quien dijo: “Una persona como esta (refiriéndose al expresidente español), que quiere ingresar como un procónsul a interferir, lo menos que puede hacer un gobierno serio es ponerlo en un avión y enviarlo a su casa”.

La conformación de un equipo de defensores de alto perfil para los presos políticos venezolanos contó este lunes con la adición formal del expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, y desde hace días está confirmada también la participación del parlamentario canadiense Irwin Cotler. Para el Gobierno venezolano, se trata de un esquema más dentro de la supuesta campaña internacional en su contra, de la que acusa a Felipe González de ser el jefe del llamado ‘eje Madrid-Bogotá-Miami’.

González negó que, tal y como afirma Maduro, forme parte de un eje “antivenezolano”. “Mi objetivo inmediato es que los presos políticos estén en la calles”, aseguró.

El expresidente declaró a 'La W' que la crisis de Venezuela le preocupa “desde hace mucho tiempo”, pero que han sido los recientes problemas económicos del país suramericano y la política económica del Gobierno los que “está llevando a la ruina” a la nación. Estos son, según él, los detonantes de su participación.

El vicecanciller Ortega sostuvo que parte de ese plan incluye la publicación de informaciones negativas sobre Venezuela, que en el caso de España afirmó que solo este año superan las 900 notas.

Ya la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, adelantó hace varios días que González “no puede ejercer la abogacía en Venezuela ni para entrometerse en los asuntos internos, de tal forma que yo le recomiendo que si le fue mal en su otro negocio (...), que se rebusque la vida de otra forma”.

Además de la confrontación con González, el Gobierno venezolano ha estado muy concentrado en el frente internacional durante las últimas semanas, buscando en todo tipo de reuniones públicas los 10 millones de firmas que, aseguró, obtendrá para pedir al presidente de EE. UU., Barack Obama, que derogue el decreto con que sanciona a siete funcionarios venezolanos por violación de derechos humanos.

En los mercados populares, estaciones de metro y plazas públicas se ven quioscos con afiches que llaman a las personas a firmar ‘Obama, deroga el decreto ya’. Según las cuentas oficialistas, ya cuentan con 5 millones.

VALENTINA LAREZ MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas

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