Acción de tutela, ¿víctima colateral del escándalo en la Corte?

Acción de tutela, ¿víctima colateral del escándalo en la Corte?

Este recurso, patrimonio jurídico de los colombianos, se puso en juego por cuenta del escándalo.

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30 de marzo 2015 , 07:20 p.m.

La crisis en la justicia no solo involucra los magistrados de la Corte Constitucional y sus malas prácticas. La acción de tutela que ha sido el patrimonio jurídico y cultural de los colombianos también ha sido puesta en juego por cuenta del escándalo. El hecho de que la lamentable crisis se generara por un presunto soborno en una acción de tutela ─Fidupetrol─, lleva a reflexionar sobre el daño que se le causó.

Es cierto que desde 1992 se han interpuesto más de 6 millones de acciones de tutela, pasando de 60.732 en 1992 a 454.500 tutelas en 2013, dándole al ciudadano la posibilidad de tener respuestas prontas y rápidas a sus dificultades, pero también lo es que lleguen anualmente a la Corte Constitucional más de 1 millón de tutelas y esta corporación escoja en promedio 1.000, con criterios bastante subjetivos y sin ninguna veeduría que verifique las razones de la selección.

Las consecuencias contra la tutela podrían explicarse a través de tres ejes.

El primero, el desestimulo que le produce al ciudadano el hecho de observar que esa acción es motivo de transacción en las altas cortes. Peor aún, este aspecto tendría a su vez dos consecuencias: i) conduciría a la idea de que los derechos cuestan y que pueden ser objeto de negocio y ii) originaría una reacción ciudadana de fomento a la justicia privada o en mano propia, en la medida en que se observa una desvinculación del Estado con los ciudadanos y sus controversias. Añadiría que el paro judicial de 73 días que vivió el país a finales del año 2014 y este año, atizó la desconfianza frente al aparato judicial.

El segundo, la idea que le producirá a los jueces de primera instancia, promiscuos, los magistrados de tribunal y los abogados que mirarán con desdén los precedentes constitucionales emanados de la que era hasta hace poco, la Corte más relevante del país. Esta circunstancia llevará a una anarquía jurisprudencial por cuanto la autoridad que generaba la Corte era el origen de su acatamiento. Cuando no se da ejemplo, no se siguen los parámetros.

El tercer eje: el fomento del fenómeno de corrupción por parte de los funcionarios judiciales que no tendrán freno ético, ni moral para adelantar transacciones con la tutela. Es una realidad que si los fenómenos de corrupción no son detenidos en las altas instancias, se fomentan en las pequeñas causas jurídicas.

La única alternativa para que se acoja con respeto una acción esquilmada y maltratada por los magistrados en este escándalo es la de solicitar que se vayan quienes denostaron e intentaron quemar moralmente el Palacio de Justicia. Una nueva idea de país tiene que surgir de esta crisis, la acción de tutela y las instituciones judiciales deben recuperar su decoro. Esta salida sería una alternativa para que se revitalicen las instituciones y se pueda cambiar las prácticas vitandas que se convirtieron en la regla en esta Colombia fracturada

Francisco Barbosa
*Ph. D. en Derecho Público (Universidad de Nantes, Francia), profesor de la Universidad Externado de Colombia.

@frbarbosa74

margencultural.blogspot.com

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