Como ya les pusieron conejo a los alcaldes y gobernadores con la promesa de campaña de alargarles el período cuando Santos tenía embolatada la reelección, ahora el Gobierno, en compensación, ofrece derogarles la Ley de Garantías para que contraten, liciten y gasten sin ese control durante la época electoral.
Quizás ocurre también que ya los maquillajes sobre la economía no logran ocultar el inquietante panorama y procuran, mediante un engendro entre keynesianismo trasnochado y clientelismo criollo, empujar un nivel elevado de gasto local para poner una barrera que contenga la desaceleración, sin reparar en los peajes de corrupción, favoritismos electorales y recortes democráticos que se derivan de esta estrategia.
Deberían, más bien, mandar señales correctas para asegurar la buena calidad del gasto territorial y la sana estructuración de los proyectos de inversión, así como ponerse en guardia para evitar abusos de quienes pretenden valerse de su investidura local para imponer a sus sucesores. En contraste, el discurso oficial invita, con la plata de nuestros impuestos, a un carnaval de gasto y raspado de ollas a los alcaldes salientes.
Aunque a la pesada tecnocracia oficial le quedó grande diseñar un modelo eficaz de priorización de recursos de regalías, y les hicieron perder a alcaldes y gobernadores tiempo valioso mientras los genios del centralismo ponían a funcionar el monstruo de los Ocad y entendían la vida de las regiones, ese pecado no se puede borrar con uno mayor que estimule el desafuero de gasto para lubricar tarjetones, inflar bolsillos privados y alterar procesos electorales.
Como si no fuera suficiente la desvergonzada mutación de billonarias partidas en ‘mermelada’ parlamentaria, pretenden ahora reproducir el esquema en todos los municipios. Importante consultar a la Misión de Observación Electoral y a Transparencia Internacional. El peligro es monumental y se extiende a levantar las garantías que el propio Gobierno Nacional debe brindar para elegir al sucesor de Santos en el 2018. La argumentación es inaceptable. Como ya no habrá reelección, dicen, ya no debe existir Ley de Garantías Electorales.
Con este proyecto, que proponen tramitar a pupitrazo limpio mediante el mecanismo del mensaje de urgencia, coincide otro despropósito de alto calibre que exige una reflexión serena de toda la sociedad y una rectificación responsable del propio Gobierno: disfrazado con un concurso de utilería y una transición de opereta, la pretensión de entregar al Presidente la designación de sus propios jueces investigadores en el nuevo tribunal de aforados es, sencillamente, una barbaridad.
El esfuerzo histórico de Claudia López y otros senadores valerosos de acabar con la inoperante Comisión de Acusación, que están a punto de lograr, terminará mancillado si es el Presidente quien designa los integrantes del cuerpo sustituto. “El Presidente no puede nombrar los primeros integrantes del tribunal de aforados sin violar el principio de la no sustitución constitucional”, dice el respetado jurista Rodolfo Arango, y agrega sobre ese pretendido tribunal: “(...) es reminiscencia de épocas monárquicas”.
Aparte de los vicios que advierten los académicos, es tan atroz el efecto de que el Presidente escoja a quienes adquirirían la competencia de investigarlo que me resisto a creer que Santos esté enterado de semejante engendro, que lo cubrirá de vergüenza en cualquier escenario democrático. Eso no se le ha ocurrido ni a Maduro.
Por todo lo anterior, y a sabiendas de que hay espacio para revertir las dos garrafales equivocaciones, con las que se han entusiasmado algunos ministros, respetuosamente levanto mi voz desde esta orilla para pedir que rectifiquen en la Casa de Nariño y desistan de estos peligrosos esperpentos, que pueden incubar mayores males para nuestro país.
Juan Lozano
