La guerra contra las drogas

La guerra contra las drogas

Es más efectivo tratar a los adictos como enfermos y hacer interdicción que aspersiones.

28 de marzo 2015 , 11:48 p.m.

Esta semana se entregó el premio Juan Luis Londoño a Daniel Mejía, Director del Cesed, de la Universidad de los Andes, por sus estudios sobre seguridad y drogas. En pocos años de vida, este Centro se ha consolidado como una autoridad internacional en la materia y ha promovido una revisión de nuestra política antidrogas.

Sus investigaciones demostraron claramente la ineficacia de la ‘guerra contra las drogas’ y la necesidad de abordar el tema desde dos perspectivas complementarias: la de la política de salud, en relación con los adictos, y la de la política represiva contra las organizaciones criminales que promueven la adicción entre los niños. Sus conclusiones coinciden con las de otros expertos internacionales, como Mark Kleiman, de la Universidad de California (UCLA), quienes, tras décadas de demostrar la inefectividad de la política norteamericana en esta materia, finalmente han logrado que se comience a dar un viraje en ella.

Antes se trataba como criminales, por igual, tanto a los consumidores y a los campesinos que sembraban una parcela de coca como a las grandes organizaciones delictivas. En EE. UU. las cárceles se llenaban de consumidores ocasionales y adictos, y en Colombia se hacían aspersiones con glifosato, que dañaban la salud y las tierras de campesinos pobres. El impacto sobre el negocio de las mafias era mínimo. Los esfuerzos de la Policía se dispersaban tanto, en ambos países, que rara vez lograban tener efectos importantes sobre las actividades de las bandas criminales. Se reducían poco el consumo en los países ricos y la siembra en los países pobres (aunque cambiaba de región o de país a medida que se tenía algún éxito local), y los carteles seguían enriqueciéndose y sembrando el terror, aunque a veces unos eran desmantelados y sustituidos por otros.

Los adictos en ocasiones incurren en actividades delictivas, pero lo hacen como consecuencia de su adicción. Necesitan tanto la droga que acaban robando o matando para poder pagarla al precio que sea. Tratar al adicto como criminal no soluciona nada. En cambio, tratarlo como enfermo, incluso suministrándole legalmente la droga que puede requerir mientras se somete a un tratamiento, puede eventualmente curarlo y evitar que incurra en actividades criminales. Además, esta política reduce la rentabilidad de la actividad para los carteles, pues los adictos son los que están dispuestos a pagar cualquier precio por la droga. Por eso mismo, las mafias se dedican a crear nuevos adictos entre los niños y los jóvenes. Como en todo problema de salud, la prevención debe jugar el rol central y, por eso, las campañas educativas, en los colegios y los medios, así como la represión contra los pushers, han sido mucho más efectivas y finalmente han comenzado a reducir el consumo en los EE. UU. Tanto allí como en otras partes, se ha avanzado en considerar al adicto un enfermo, pero no lo suficiente en establecer campañas efectivas de tratamiento masivo de estos pacientes.

También se ha establecido con claridad que la interdicción (interceptación y destrucción de laboratorios, avionetas y lanchas que transportan droga, así como la droga incautada), complementada con políticas contra el lavado de dinero, resulta más eficaz en afectar la organización y la rentabilidad del negocio criminal que las aspersiones contra los campesinos. Y no tiene los efectos nocivos de estas últimas sobre la salud y el medioambiente. Nuestra política interna también ha comenzado a cambiar en esta materia, como consecuencia de estos hallazgos.

El premio otorgado es un justo reconocimiento a la enorme contribución del Cesed y de su director.

Guillermo Perry

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