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Justicia y posconflicto

Justicia y posconflicto

El acceso a la justicia no es solo un derecho, es también un hecho y un trayecto.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
27 de marzo 2015 , 06:25 p. m.

Cuando terminen las conversaciones entre el Gobierno y los grupos guerrilleros y se firmen los acuerdos, nuestro país empezará oficialmente a vivir la etapa llamada posconflicto. Continuarán las injusticias, persistirá la inequidad y no cesarán ni las luchas sindicales, ni las movilizaciones indígenas, ni las manifestaciones, ni los paros. Seguirán los conflictos, las luchas, las confrontaciones pero sin farianos ni elenos haciendo presencia y propaganda armada en esas luchas.

A partir del momento de las firmas, los hombres y mujeres que hagan dejación de las armas empezarán su tránsito a la vida civil y deberán acudir a la justicia para ser juzgados por los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Y también podrán acudir a la justicia las víctimas del mismo conflicto en busca de verdad, de justicia y de reparación. Unos y otros deberían tener garantizado su derecho de acceso a la justicia.

El acceso a la justicia no es solo un derecho, es también un hecho y un trayecto. Es un derecho humano consagrado en tratados internacionales y reconocido en múltiples sentencias de la corte constitucional.

Es un hecho en el que una persona –independientemente de su edad, sexo, religión, raza o condición social– puede acudir a una instancia judicial para reivindicar un derecho que le ha sido vulnerado o satisfacer una necesidad jurídica. Y es un trayecto que se inicia cuando las personas pueden identificar sus derechos, sus deberes, sus necesidades jurídicas; sigue cuando las personas conocen las rutas, instrumentos y procedimientos con cuyo uso pueden reivindicar sus derechos, satisfacer dichas necesidades o cumplir sus deberes. Termina ese trayecto de acceso a la justicia cuando la persona es recibida por alguna instancia judicial y puede permanecer usando sus servicios hasta que su caso sea fallado con todas las garantías jurisdiccionales.

El problema con el que se van a encontrar víctimas y perpetradores de delitos cometidos durante la confrontación armada es que ese derecho no es tan fácil de ejercer en las actuales condiciones de Colombia. Muchas víctimas, así como otros millones de colombianos, no conocen sus derechos, no pueden identificar sus necesidades jurídicas insatisfechas o no saben cómo deben acudir a los juzgados o a las otras instancias judiciales y administrativas encargadas de impartir justicia. Quizá muchos de los victimarios tampoco sepan esas cosas. Y si lo supieran y lograran que su caso llegara hasta un despacho judicial, se encontrarán con una justicia lenta, costosa, indescifrable por llena de tecnicismos y parágrafos e incisos, y que ni siquiera garantiza que sus sentencias puedan ser puestas en práctica.

Sumado a lo anterior, el comportamiento politiquero y corrupto de algunos altos funcionarios judiciales le resta credibilidad a la administración de justicia en su conjunto. La gente no usa su derecho de acceso a la justicia –además– porque desconfía de la moralidad de sus operadores. Para enfrentar esta situación se ha propuesto que renuncien todos los magistrados de las altas cortes, al menos los de la Corte Constitucional.

Lo que pasa es que la renuncia colectiva de los magistrados, que podría ser un buen comienzo para enderezar el rumbo, no garantizará ni una mejoría sustancial del sistema de justicia, ni que mejoren los índices y la calidad del acceso a la justicia. Tampoco garantiza que las víctimas y los victimarios del conflicto armado se animen a acudir a la justicia para reclamar sus derechos, satisfacer sus necesidades jurídicas o enfrentar las consecuencias judiciales de sus actos.

Lo que necesitamos tener antes de que empiece el posconflicto es una política pública de acceso a la justica. Una política que –mediante procesos educativos escolares y extraescolares– cualifique las capacidades de la demanda de justicia y amplíe y mejore la oferta de mecanismos e instrumentos de resolución de conflictos jurídicos.


César Torres

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