No, no es llover sobre mojado. A propósito del proceso de paz, aparecen ahora callejones sin salida que no podemos ignorar. Los ha revelado de manera contundente e innegable el senador Alfredo Rangel.
Dos de ellos no pasan desapercibidos, pues son rechazados por el 85 por ciento de los colombianos. Me refiero al tema de la justicia y al de las armas. A este respecto las Farc han sido rotundas. No aceptan un solo día de cárcel y solo ofrecen el enigmático y nada confiable término de desactivación de su poderoso arsenal. Diga lo que diga el presidente Santos, el acuerdo terminará aceptando estas exigencias bajo el maquillaje, aupado por el Fiscal, de una justicia transicional.
Pero entremos ahora en un asunto, ese sí desconocido. En la agenda, las Farc no solo piensan abordar los cinco puntos acordados con el Gobierno, sino cerca de treinta requerimientos suyos que, según ellas, deben ser tramitados en la mesa. El más inquietante es, sin duda, la reducción de las Fuerzas Militares como contrapartida a su desmovilización. No olvidemos que, amparadas con el rótulo de actores del conflicto, las Farc han asumido que están en pie de igualdad con el Gobierno. Rangel nos recuerda también que entre los tópicos que la guerrilla considera pendientes están la revisión de los 14 tratados de libre comercio ya firmados y los límites a la propiedad privada en el campo, entre otros.
Hay un tema que no se puede dejar de lado: el del narcotráfico. Como las Farc no admiten que son hoy el principal cartel de la droga, no van a hacer efectiva la entrega de rutas, cultivos y laboratorios, ni van a renunciar a los millonarios ingresos que por este concepto reciben.
Hay otro punto muy inquietante, presentado en la mesa de negociaciones como un promisorio plan de desarrollo agrario. Es el de las llamadas zonas de reserva campesina. El mejor ejemplo de lo que puede suceder con ellas lo hemos visto en el Catatumbo. Allí, ciertamente, no hace presencia la guerrilla, pero mantiene el control de organizaciones campesinas y la presencia de sus agentes políticos. Con millones de hectáreas a su disposición, núcleos de población bajo su dominio y el control político y tributario, acabarán constituyéndose en otro Estado dueño de una buena parte del país.
Aunque el Gobierno, para tranquilizar a los colombianos en torno al vistoso acuerdo de paz, ofrece una refrendación popular de lo acordado, las Farc insisten en que este papel lo cumpla una asamblea constituyente, donde es innegable que tendrían fuerte presencia.
Por si fuera poco, todas estas vicisitudes han producido una inquietante desmoralización en las Fuerzas Militares. La pretendida reducción de sus efectivos, la eliminación de su presencia en vastas zonas donde imperan la guerrilla y el narcotráfico para ocuparse de la seguridad de las fronteras, los atropellos judiciales sufridos por muchos oficiales y soldados, y la pasividad de los altos mandos frente a lo que exigen hoy las Farc encienden el descontento de la oficialidad.
El presidente Santos ha conseguido el apoyo incondicional de los más altos mandos militares para el proceso que se adelanta en La Habana con dos instrumentos muy efectivos: altas prebendas o retiros para el general que deja conocer sus reparos ante lo que se negocia en La Habana. Es decir, premios o castigos. Según se ha sabido, el general Mora Rangel tuvo objeciones a los acuerdos que permitían a las Farc un peligroso control sobre ciertos territorios, pero los generales enviados por el Presidente a la capital cubana no le permitieron expresarlas. Debió sentirse como un convidado de piedra en la mesa de negociación. Su visible inconformidad ante lo que se estaba acordando provocó su salida de La Habana.
Debemos ver de frente esta nueva realidad, sin dejarnos engañar por los cantos de sirena.
Plinio Apuleyo Mendoza
