Los bajos niveles de ejecución presupuestal de Bogotá se volvieron tan normales y frecuentes que dejaron de ser noticia. Las denuncias hechas en días recientes por la Veeduría Distrital sobre el tema en mención debieron haber causado un escándalo y sus responsables deberían estar en aprietos políticos y administrativos. Si bien no se trata de corrupción, la falta de inversión en un contexto de amplia disponibilidad de recursos también califica como uso indebido del tesoro público, con las consecuentes implicaciones legales.
La Veeduría lleva varios años advirtiendo oportunamente acerca de las complejas consecuencias del incumplimiento presupuestal en el Distrito, cuya ejecución es inferior al 70 por ciento en términos generales y menor que el 50 por ciento en el caso del sector movilidad. La respuesta de la Administración se ha limitado a prometer las mismas obras que no pudieron realizar en vigencias pasadas y a la indebida práctica de hacer compromisos contables que no siempre se ven reflejados en giros y desembolsos reales.
Dada la baja ejecución de los últimos años, se cuenta actualmente con una reserva de más de 3 billones de pesos, cifra que alcanzaría para construir las troncales de TransMilenio de las avenidas Boyacá y 68. Adicionalmente, las obras que se han realizado se financian con la caja del Distrito, de tal forma que hemos desperdiciado el cupo de endeudamiento en más de un 98 por ciento. Si esto último era la intención, nos hubiéramos ahorrado el desgaste político asociado con la aprobación del cupo y evitado el peligroso antecedente fiscal que representa remplazar con dicho mecanismo al más técnico y apropiado cobro por valorización.
El presupuesto de Bogotá para el 2015 supera los 17 billones de pesos (un incremento del 50 por ciento con respecto al 2012), cifra equiparable a sumar los presupuestos de las gobernaciones de Antioquia y Cundinamarca con los de Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellín y Pereira. El valor en referencia supera también la planeación de gastos e inversiones de países como Costa Rica o Panamá, y se soporta en el crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto de la ciudad y aumentos significativos en el recaudo tributario y los ingresos corrientes.
Debido a la combinación de baja ejecución y la crónica ineficiencia del gasto público, la mayor riqueza no ha sido sinónimo de progreso ni de mejoras en nuestra calidad de vida, según las encuestas de percepción ciudadana realizadas por ‘Bogotá, como vamos’. Teniendo el más alto presupuesto de nuestra historia, el 70 por ciento de los bogotanos creen que las cosas van por mal camino y dos de cada tres estiman que hoy se tardan más tiempo en movilizarse por el perímetro urbano.
Estas realidades, entre otros padecimientos de los habitantes de la principal ciudad del país, representan una ironía injustificada y el hecho más lamentable posible: por simple falta de capacidad institucional y gerencia pública no se llevan a cabo las obras que requerimos, mientras que los dineros que las podrían financiar descansan en entidades bancarias. Este ha sido el caso, entre otros, de la expansión de TransMilenio y la intervención en la troncal de la avenida Caracas-autopista Norte, la ampliación de la red hospitalaria, la construcción de infraestructura educativa, los cables aéreos y las transferencias al Fondo de Vigilancia y Seguridad.
En tiempos electorales, y sin propuesta distinta a que hagamos las inversiones que sabemos necesitar y podemos pagar, finalizo pidiendo a quienes pretenden llegar al Palacio de Liévano que sean conscientes de la responsabilidad a la que aspiran. Aquí no hay excusa. Bogotá lo tiene todo para volver a brillar y ser referente urbano internacional.
Eduardo Behrentz
@behrentz