La crisis que ha rodeado en las últimas semanas a la Corte Constitucional es devastadora. Frente a esta situación es necesario buscar una pronta salida para que la justicia y las instituciones salgan favorecidas. En el entretanto, han surgido múltiples iniciativas.
La primera de ellas es que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes funcione en el presente caso. No lo hará. Fue creada justamente para que no cumpliera función alguna. Su inacción se evidencia más en este caso, cuando está de por medio gran parte de la Corte Constitucional y el Fiscal General de la Nación. Demasiados pesos pesados para un anodino cuerpo político.
Otra alternativa tiene que ver con la actual reforma de equilibrio de poderes que se discute en el Congreso de la República. Esta iniciativa no podrá resolver el actual estado de cosas en la Corte Constitucional porque lo que se apruebe será aplicable hacia el futuro y la crisis está presente. Además, debe recordarse que es una institución temerosa porque sus miembros le responden a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado.
Una tercera opción fue presentada por la revista Semana, que sugiere que los magistrados renuncien y nombren a sus remplazos hasta que se elijan nuevos magistrados. Esa propuesta es equivocada por dos razones.
La primera, porque los actuales magistrados ─por lo menos siete─ están mancillados por el escándalo del soborno de la tutela de Fidupetrol y por las gravísimas denuncias de Pretelt en entrevista con Julio Sánchez en 'La W'; y la segunda, porque los nuevos magistrados se elegirían de la misma forma que los actuales. Es decir, más de lo mismo. Adicional a esto, no se indica qué mecanismo constitucional se usaría para que los magistrados determinen a sus remplazos.
Las tres propuestas, entonces, serían insuficientes porque no resuelven la presente crisis y la parálisis en la Corte Constitucional.
Frente a este panorama, la propuesta que se debe adelantar para resolver la crisis en el máximo tribunal se concretaría a través de dos escenarios simultáneos. El primero, la conformación de una Corte Constitucional transitoria y, en segundo término, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Para esta propuesta sería requisito esencial la renuncia de todos los magistrados de la Corte.
En cuanto a la Corte Constitucional transitoria, debe el Gobierno Nacional, una vez se constaten las renuncias, se debe decretar el estado de conmoción interior para que a través de un decreto legislativo se convoque de forma excepcional y pública a los interesados para ser parte de ese tribunal, quienes deberán ser elegibles a la luz de la Constitución de 1991.
Una vez se tenga la lista, se procedería con veeduría internacional a realizar un sorteo para escoger a los nuevos magistrados. Los elegidos deberán ser miembros de la Corte hasta tanto se surta un proceso constituyente que nos dé un nuevo cuerpo constitucional. Estos nuevos magistrados no tendrían fuero y podrían ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia.
En segundo término, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente dibujaría un nuevo país, no solo en el campo de la justicia, sino además abordaría una multiplicidad de disfunciones orgánicas de la Constitución de 1991.
Esta Asamblea tendría que ser convocada por una ley que debe aprobarse por la mayoría de los miembros del Congreso de la República. Para su realización debe votar la tercera parte del censo electoral, es decir, un poco más de 11 millones de personas.
Este procedimiento sería la garantía para que el pueblo decida si cambia su destino o continúa el errático rumbo de la Constitución de 1991. Esta apuesta sería concordante con el proceso de paz en La Habana (Cuba), lo que permitiría iniciar el siglo XXI, dejando atrás el viejo país, su mala justicia y su anacrónica guerra.
FRANCISCO BARBOSA
Ph. D. en Derecho Público (Universidad de Nantes) y profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia.
@frbarbosa74
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