Las cartas que comprometen al exfiscal Mendoza Diago con Fidupetrol

Las cartas que comprometen al exfiscal Mendoza Diago con Fidupetrol

Como Fiscal recibió informes reservados del caso. Luego, asumió la defensa de la firma.

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21 de marzo 2015 , 06:47 p.m.

El jueves 7 de noviembre del 2013, el exfiscal general Guillermo Mendoza Diago asumió uno de sus más grandes retos como abogado litigante. Ese día, aceptó ser el apoderado de la Fiduciaria Petrolera S. A. (Fidupetrol), que, hacía apenas dos semanas, la Contraloría General había condenado fiscalmente por el manejo irregular de 22.500 millones de pesos del departamento del Casanare.

Por una invitación del polémico abogado Víctor Pacheco –protagonista del escándalo que tiene en la picota pública al magistrado Jorge Pretelt–, el exfiscal aceptó hacerse cargo del caso en la Contraloría por 100 millones de pesos.

En tiempo récord, pidió la nulidad del caso, esgrimiendo siete argumentos de fondo que, sin embargo, sustento de manera extemporánea siendo derrotado. (Lea: 'Mi esposa no supo del caso Fidupetrol': exfiscal Mendoza Diago)

Según le dijo a EL TIEMPO, no estaba impedido para asumir el caso porque no recordaba haberlo tenido en sus manos cuando estuvo como vicefiscal y, luego, como Fiscal encargado.

El caso se inició por allá como en el 2010 (…). El Fiscal General no tiene físicamente los procesos. Eso lo maneja la Unidad de Fiscales ante la Corte. No fue un tema que pudiera llamarme especialmente la atención”, dijo hace una semana cuando, además, aclaró que su esposa, Norah Vélez, trabajadora del magistrado Pretelt, no supo del tema Fidupetrol en la Corte. (Lea: Las cinco 'patinadas' del polémico magistrado Jorge Pretelt)

Pero decenas de resoluciones e informes encontrados por EL TIEMPO demuestran que Mendoza Diago sí estuvo al tanto del caso. Incluso, que le fue remitida información confidencial cuando ocupó los dos cargos en la cúpula del ente acusador.

De hecho, en documentos consta que hizo parte de una comisión interinstitucional que investigó las inversiones irregulares de varios departamentos, incluido Casanare, en ocho fiducias, entre ellas Fidupetrol. (Lea: Fiscal responde a los duros ataques del magistrado Pretelt y lo acusa)

La propia Contraloría General, donde luego litigó, le mandaba reportes sobre cómo iba la investigación.

“Estimado doctor Mendoza: Estoy enviando el informe sobre los negocios realizados con fiduciarias en el departamento del Casanare, acorde con las decisiones, los lineamientos y los compromisos adquiridos en el último comité de Coordinación y Seguimiento del Convenio. Dadas las circunstancias que rodean el tema, es prioritario citar a nuevas reuniones para tomar las decisiones que se requieran y hacer los traslados sobre las otras regiones definidas”, le escribió el entonces vicecontralor Roberto Pablo Hoyos Botero, en un oficio del 2 de abril del 2008.

Un mes antes, del despacho del entonces fiscal Mario Iguarán le remitieron, para su revisión, un informe de hallazgos de la Superintendencia Financiera sobre esos negocios, para que detectara si se había producido “alguna infracción a las disposiciones legales”. (Lea: Presidente de Fidupetrol rinde interrogatorio en la Fiscalía)

En la página 10 de ese informe se habla específicamente del caso Fidupetrol. Y la alerta de la Superintendencia Financiera se repitió en septiembre del 2009, cuando Mendoza ya era Fiscal General.

¿Qué dice la ley?

Al respecto, Mendoza Diago le aseguró a EL TIEMPO que, a pesar de esas actuaciones, no estaba inhabilitado para ser abogado de Fidupetrol.

El Código Disciplinario Único habla de las inhabilidadades con respecto a la entidad en la cual se prestaron los servicios y yo no intervine como litigante en la Fiscalía ni en el proceso penal. El Estatuto del Abogado también dice que hay inhabilidad para actuar en la dependencia en la cual se hubiese trabajado. Y mi intervención la hice en la Contraloría, dentro del juicio fiscal”, aseguró Mendoza. (Lea: Fiscalía registró oficinas de Fidupetrol por escándalo de Pretelt)

Pero expertos consultados por este diario dicen que el parágrafo que se le debe aplicar a Mendoza es el quinto del artículo 29 del Estatuto del Abogado, que reza: “No pueden ejercer: los abogados en relación con asuntos que hubieren conocido en desempeño de un cargo público o en los cuales hubieren intervenido en ejercicio de funciones oficiales”.

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