'Pretelt no puede derrumbar el edificio de la justicia'

'Pretelt no puede derrumbar el edificio de la justicia'

Fiscal Montealegre responde a las acusaciones del cuestionado magistrado e insiste en que renuncie.

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21 de marzo 2015 , 06:46 p.m.

En entrevista con EL TIEMPO, el Fiscal Eduardo Montealegre le respondió a Jorge Pretelt los duros señalamientos que hizo en su contra el viernes, entre ellos que quiere sacarlo de la Corte por sus posiciones sobre la paz y que no podía respaldar las voces que le piden renunciar porque fue abogado de Fidupetrol.

Montealegre dice que el escándalo que tiene como principal señalado a Pretelt no tiene otra salida que su salida definitiva de la Corte Constitucional y que, para salvarse, el magistrado amenaza con “derrumbar el edificio de la justicia” colombiana. (Lea también: Nuevas grabaciones enredarían a Pretelt con tráfico de influencias)

¿Cómo responde la versión del magistrado Pretelt según la cual usted busca sacarlo de la Corte porque no comparte sus ideas sobre el Marco para la Paz?

Esta afirmación raya un poco en el absurdo, sobre todo porque esta ha sido mi posición pública. En diversos foros y en múltiples escenarios he defendido la importancia de aplicar penas alternativas, que personalmente considero son reales y efectivas. Con Pretelt tuvimos debates académicos sobre el punto en las que se presentaron argumentos serios sobre la concepción de justicia transicional que debe aplicarse en Colombia. (Lea: Las cinco 'patinadas' del polémico magistrado Jorge Pretelt)

Respeto profundamente que Pretelt disienta de ellos, pero me causa gran sorpresa y asombro que insinúe que ese ha sido el motivo para que la Fiscalía ha actuado. Cualquier ciudadano comprende que si la Fiscalía tiene indicios serios de que ha existido la comisión de un delito es su obligación iniciar las actuaciones investigativas. Aseguró por ejemplo, sin fundamento, que le “saqué” unas grabaciones que sostuvo con un fiscal en el 2008. Al respecto le señalo que el martes, en la noche, me enteré de la existencia de las grabaciones y dispuse que varios investigadores buscaran esa información. Estamos en esa tarea y es muy probable que también se ordene una investigación interna para determinar en dónde están esas pruebas, qué pasó con las grabaciones y por qué no se actuó si esta información se conocía desde el 2008.

¿Cabildeó ante Pretelt para que apoyara el Marco Jurídico Para la Paz?

Como lo mencioné, mis posiciones en defensa de la paz y contra la guerra las he expresado públicamente, incluso desde antes de ser Fiscal General. Quienes me conocen saben perfectamente que soy de las personas que hablo en privado de la misma forma como lo hago en público, y en este caso no fue la excepción. Todos estos temas los discutí abiertamente. También los hablé personalmente con Pretelt y los he venido conversando en encuentros públicos con los críticos de la paz, como Álvaro Uribe y el Procurador. Mis posiciones son un secreto a voces. (Lea: Las cartas que comprometen al exfiscal Mendoza Diago con Fidupetrol)

¿Usted está 'comprando' magistrados de la Corte nombrando familiares en la Fiscalía?

La Fiscalía es una institución con más de 23.000 funcionarios. Frecuentemente estamos incorporando personas y para el efecto cada director tiene una cierta autonomía. En cada caso se sigue un riguroso proceso de selección. Ahora bien, sobre los nombramientos de familiares de magistrados en la Fiscalía debo decir con absoluta claridad que el problema no es ser familiar de alguien sino no tener los méritos suficientes para ingresar a la institución. Lo que no debe permitirse bajo ninguna circunstancia es que a través de un funcionario pretenda obtenerse un beneficio ilegal o corrupto, sobre lo cual no he escuchado ningún argumento hasta ahora. Es un disparate pretender que por el hecho de que familiares de magistrados de la Corte trabajen en la Fiscalía, el Fiscal realiza una injerencia indebida en sus decisiones. Esto sencillamente se llama así: Los pájaros tirándoles a las escopetas.

¿Le pidió a Pretelt que lo ayudara para nombrar a la directora de Fiscalías en Córdoba?

Confiado en el conocimiento de la región que tiene Pretelt, le solicité referencias sobre la trayectoria profesional de funcionarios de la fiscalía en Córdoba, lo que no tiene nada de indebido. Lo que sí es indebido es que esos funcionarios falten a sus deberes o se dejen influenciar para tomar decisiones ilegales. Cuando tuve evidencias de que uno de ellos faltó a los deberes en el ejercicio de su cargo, inmediatamente lo declaré insubsistente. En Córdoba estamos examinando si las postulaciones de la directora fueron irregulares. También se está revisando la contratación.

¿La magistrada Gloria Ortiz es su cuota en la Corte?

Eso es una falta de respeto y desconoce la trayectoria de una abogada con amplia experiencia, que fue magistrada auxiliar y ha dedicado su vida a la administración de justicia. Decir que yo la impuse es faltar a la verdad y busca desconocer la autonomía e independencia de una importante integrante de la Corte. (Lea: Pretelt se aferra a su silla y lanza dardos que ponen en jaque a Corte)

¿Por qué si usted se declara impedido en el caso, por haber asesorado a Fidupetrol, respalda las exigencias para que Jorge Pretelt se vaya de la Corte por un escándalo que se relaciona con esa firma?

Quiero ser especial y excesivamente prudente en este asunto. Como usted sabe, me declaré impedido para conocer de la investigación porque en el pasado rendí un concepto a Fidupetrol, relacionado con la responsabilidad fiscal de las fiduciarias en Colombia cuando administran recursos públicos. No fui nunca apoderado de esa firma, como corroboré en mis archivos. Esto me impone el deber de no entrar en consideraciones al respecto, por lo menos hasta que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie de fondo.

En todo caso, espero que se esclarezca muy pronto la verdad que el país reclama. Pero igual le aclaro que el impedimento que presenté no implica que institucionalmente esté inhabilitado para apoyar la renuncia del magistrado Pretelt, que fue solicitada desde la Comisión interinstitucional de la rama judicial. Y ese impedimento no afecta nuestra solicitud de renuncia porque se ha aclarado siempre que ésta se pide, no porque hayamos establecido su responsabilidad penal o de cualquier índole por los hechos que se le endilgan, sino porque está afectándose la legitimidad de la Corte. Este impedimento tampoco me limita para solicitar que se avancen en otras investigaciones distintas a la del caso Fidupetrol, en donde estén involucrados particulares.

¿Particulares como quiénes?

Me refiero al caso de la esposa del magistrado Pretelt, quien aparece como compradora de unos bienes que según los fiscales de justicia y paz, fueron despojados a otras personas que resultaron finalmente desplazadas. El comunicado de prensa proferido por la fiscalía es claro en resaltar que se iniciarán esas investigaciones y que para el efecto fue citada a interrogatorio la señora Martha Patrón para que nos dé su versión de los hechos.

No es cierto, como lo afirma el señor Pretelt, que ya hayamos realizado acusaciones de despojo de tierras y de la comisión de delitos de lesa humanidad.

Lo que ocurre es que, como claramente lo señaló el comunicado, se analizará si estos hechos están relacionados con el Fondo Ganadero de Córdoba, en donde la fiscalía ha encontrado que se cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad. Es probable que en este caso realicemos una investigación interna para establecer por qué razón si la fiscalía tenía conocimiento de estos hechos, no se actuó antes.

¿Cómo ve la situación surgida ante la denuncia de soborno en la Corte?

El país debe salir a respaldar con firmeza a la Corte y los grandes avances democráticos que su jurisprudencia ha propiciado en defensa de los colombianos. En esta crisis no podemos permitir que se desvíe el debate central que conmociona al país: el particular y grave caso de corrupción denunciado sobre la presunta exigencia de 500 millones, por parte de Pretel, para favorecer a Fidupetrol.

El magistrado Pretelt tiene el deber ético de renunciar y no puede adoptar el camino de derrumbar el edificio de la justicia para justificar lo injustificable. No puede destruir la majestad de la Corte con la finalidad de sobrevivir al naufragio de su tormentoso pasado. Es de extrema gravedad la denuncia que ha trascendido. Esto afecta la expectativa ciudadana de que los conflictos jurídicos serán resueltos de manera imparcial y ajustada a derecho.

¿Qué va a pasar si, como lo anunció, Pretelt insiste en quedarse en su cargo?

La solicitud que realizó la Comisión se fundamentó en el hecho de que la permanencia del señor Pretelt en el alto tribunal compromete la legitimidad y la institucionalidad del poder judicial en su conjunto. Personalmente, espero que Pretelt logre entender que la majestad de la Corte no puede estar en entredicho por las graves denuncias que existen sobre su conducta. En situaciones como esta debe anteponerse la importancia de preservar la institucionalidad de la Corte y no el interés de aferrarse a un cargo. Creo que casi todos los colombianos entendemos que renunciar a un cargo no implica aceptar la responsabilidad. Sobre esto existen muchísimos ejemplos en donde hombres públicos prefieren renunciar antes de afectar la institucionalidad, o que incluso renuncian con menos altruismo, simplemente para poder ejercer su defensa.

¿Qué opina de una renuncia colectiva, como han planteado algunos sectores y el mismo Pretelt?

Sin duda, haber hecho parte de la Corte ha sido motivo de gran orgullo para mí y por la misma razón es supremamente doloroso esta situación. La Corte es una de las instituciones más respetables. A pesar de este desafortunado episodio, sigue siendo una institución valiosa e indispensable para nuestra democracia y todos los colombianos debemos protegerla y rodearla.

Es muy doloroso que algunos confundan este episodio concreto, en el cual está implicado uno de sus funcionarios, con la institución que es la Corte. Por eso no entiendo cuando se sugiere la renuncia o la revocatoria en bloque de todos los magistrados, cuando se propone modificar la tutela o incluso la autonomía de la Corte.

¿Qué lecciones deja este episodio?

Son varias. Por ejemplo, probablemente nos conduzca a aumentar los niveles de veeduría y fiscalización ciudadana en relación con los procesos de nominación y elección de los jueces más importantes de la República. Esto debe contribuir a asegurar que quienes lleguen a las altas cortes sean personas de las más altas calidades y de intachable honorabilidad. La academia debe reaccionar también, porque sus investigaciones sobre las decisiones de las altas cortes, deben ser un mecanismo de control.

De otra parte, este episodio deja ver la importancia de la Corte para el país, pues es evidente el rechazo unánime de la ciudadanía frente a los graves hechos. Nos muestra además, que en todo caso, las instituciones no están exentas de los eventuales comportamientos reprochables en los que pueda incurrir un funcionario. Lo importante, es la forma en que la institución afectada, bajo un solo cuerpo, identifique, responda, contrarreste y mitigue los daños que ese funcionario ha generado con su comportamiento. (Lea: Las cinco grandes crisis de la justicia en la historia de Colombia)

¿Cree que la Comisión de Acusación dará resultados en este caso?

A pesar de la incontrovertible evidencia histórica de las falencias estructurales de la Comisión, no pierdo la fe en que cumplan con la labor que la Constitución Política le demanda y los colombianos esperan. Con esto quiero decir, aclaro, que más allá de cualquier decisión, lo importante es que se dé una investigación juiciosa y responsable que esté a la altura de la gravedad de los señalamientos.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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