Belén de Bajirá, un pueblo de dos departamentos pero sin presupuesto

Belén de Bajirá, un pueblo de dos departamentos pero sin presupuesto

Disputa entre Antioquia y Chocó es uno de los nueve conflictos que enfrenta a varios departamentos.

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27 de febrero 2015 , 08:09 p.m.

Media hora antes de iniciar las clases de la tarde, los estudiantes del colegio más grande de Belén de Bajirá hacen una larga fila para entrar rápido a las aulas y lograr una de las pocas sillas que hay. (Galería de fotos: Belén de Bajirá, la tierra de nadie).

Esta institución, construida hace cuatro décadas por Antioquia, tiene 1.200 estudiantes y cuenta con 140 computadores nuevos, pero sin internet; un inodoro por cada 150 estudiantes y es rondada por roedores y culebras. A la entrada del caserío está su otro colegio, levantado por Chocó, que es la mitad del antioqueño pero con casi los mismos problemas.

Para sus habitantes, esta es una pequeña muestra de cómo Belén de Bajirá, un pueblo de 70,46 hectáreas y 9.000 pobladores, que se pelean Antioquia y Chocó, se encuentra frenado por esta disputa. “La comunidad reclama una definición pronta por parte del Estado, porque estar en el limbo nos tiene afectados a todos”, dice el rector, Amancio Moreno, chocoano pero empleado de la Secretaría de Educación de Antioquia.

El lío se originó en el 2000. En ese entonces, el pueblo, que era un corregimiento de Mututá (Antioquia), fue erigido como municipio chocoano por una ordenanza de la Asamblea de ese departamento. Nombraron a varios alcaldes por decreto, pero nunca tuvieron un palacio municipal ni presupuesto, y a los más de 30 funcionarios públicos les quedaron debiendo los salarios. En el 2007, el Consejo de Estado declaró nula la ordenanza de elección municipal, por considerar que el territorio le pertenecía a Antioquia, y se desencadenó una batalla jurídica entre los dos departamentos que aún no se dirime.

Los chocoanos no aceptaron la disposición; incluso, Henry Chávez, uno de los líderes del movimiento de Identidad Territorial, que defiende al Chocó, dice que el magistrado se debió declarar impedido porque era antioqueño.

“Todo fue una falsa ilusión. Cuando fuimos municipio tampoco se prosperó en nada. Antioquia tiene un rumbo administrativo claro. La cultura política chocoana está permeada de corrupción”, afirma Édison Marciclia, exdirector de Deportes del municipio, quien agrega que es mejor ser ‘cola del león que cabeza de ratón’.

Pero Chávez afirma que no se pudieron hacer inversiones porque los ministerios, en el gobierno de Álvaro Uribe, no “les dieron juego”, y agrega que la corrupción no es inherente al Chocó, sino a todo el país.

Con dos inspectores

Eso hizo que el municipio, donde hay ganadería, yuca y plátano, y, según líderes, también oro, quedara no solo con dos centros de salud y dos colegios, uno por cada departamento, sino con dos autoridades, pues tanto Antioquia como Chocó tienen inspecciones de policía.

Por esta duplicidad, la Policía, que pertenece al distrito de Urabá, no sabe qué órdenes cumplir. “A veces, un municipio tiene ley seca y el otro no. Uno pone restricciones para el transporte de madera y los cilindros de gas y el otro no”, dijo un agente.

Richard Guevara, inspector por parte de Mutatá, dice que trata de tener buenas relaciones con su homólogo, pero señala que Riosucio es el responsable de la proliferación de negocios en el parque principal.

En elecciones, en el pueblo ponen mesas de Antioquia y los que quieren votar por alguien de Chocó se van hasta el corregimiento de Campo Alegre, en Riosucio. La única institución colectiva es la parroquia, de la Diócesis de Apartadó (Urabá), donde, cuando hay un bautizo, el sacerdote les consulta a los padres en qué departamento registra al niño.

El pueblo, que no tiene ninguna vía urbana pavimentada, cuenta con los servicios públicos gracias a EPM, pero el alcantarillado, construido hace más de 30 años por Antioquia, cuando no pasaban de 2.000 pobladores, se quedó corto y por algunas calles corren las aguas negras.

La única inversión que llega al caserío se hace gracias a que los dos departamentos firmaron un contrato plan, en el que todos aportan pero el que coordina es Estado. Con estos recursos se están adecuando vías y se adelanta un plan maestro de acueducto y alcantarillado, pero las mismas autoridades regionales aceptan que no se atreven a invertir más por miedo a tener problemas legales.

El último gobernador que hizo presencia en el pueblo fue Efrén Palacio, del Chocó. Dice que el año pasado fue a escuchar las necesidades que tenían los pobladores, pero que eso le costó una investigación de la Procuraduría por extralimitación de funciones. Su homólogo de Antioquia, Sergio Fajardo, no ha visitado la zona y dice que es por respeto al proceso que adelanta ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac)

Desde el año pasado se vienen presentando protestas para que se defina el lío. Este mes hubo una amenaza de paro cívico y amenaza de bloquear la vía al mar, por lo que fueron militarizadas las calles.

La Comisión de Deslinde del Igac tenía previsto visitar el territorio esta semana, pero no se hizo por solicitud del Chocó. Una vez se realice la revisión, el Igac tiene otros tres meses para recibir argumentos por parte de los departamentos. Luego tendrá otros seis meses para pasar un informe al Congreso, que este a su vez tendrá un año para decidir. Si no lo hace, el Igac establecerá límites provisionales.

Los dos departamentos tienen sus argumentos. Según Palacio, la Ley 13 de 1947, que creó a Chocó, incluyó ese territorio; pero Fajardo argumenta que esos límites se trazaron con unos accidentes geográficos que hoy no tienen vigencia.

Mientras tanto, en el pueblo esperan pronto una solución. “Cualquiera pensaría que es mejor pertenecer a dos departamentos, para que ambos inviertan, pero acá no parecemos hijos de padres separados sino huérfanos con padres vivos”, sentenció un comerciante.

El Igac estudia otros ocho líos por tierra entre departamentos

En Colombia hay otros ocho conflictos por diferendos limítrofes entre departamentos, que llevan décadas sin resolverse y cuyos procesos se han dilatado por problemas en los trámites, en los que no se encuentran soluciones rápidas y efectivas entre las entidades territoriales involucradas.

Una de las confrontaciones que está en trámites en el Igac para definición del diferendo limítrofe es la del Meta, Caquetá y Guaviare, en los sectores correspondientes a La Macarena y Uribe (Meta), San Vicente del Caguán (Caquetá) y San José del Guaviare y Calamar (Guaviare).

Según un informe de Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, la disputa se inició por el hallazgo de petróleo en el caserío Los Pozos, en los llanos del Yarí.

El sector Los Pozos, en los llanos del Yarí, es el terreno en disputa por los departamentos. Es explotado por Emerald Energy. Archivo EL TIEMPO

Caquetá instauró la demanda en 2007 tras los hallazgos de hidrocarburos, al considerar que los límites de la zona eran dudosos debido a que en una actualización catastral perdió el terreno, con el que hubiera recibido más regalías. Indica el Igac que el conflicto se generó por la interpretación de las leyes que crearon los departamentos de Meta y Caquetá, que hasta 1981 era una intendencia.

Juan Antonio Nieto, director general del Igac, explica que un deslinde se adelanta “cuando no existe norma que describa el límite, es decir que es producto de la tradición y cuenta con una descripción imprecisa, insuficiente o contraria a la realidad geográfica”, como sucede allí.

Desde ese año, las tres gobernaciones están en constante diálogo para definir los límites, en colaboración con el Igac, que realizó estudios y los envió a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado. El caso se encuentra sin resolver, tras haber llegado al Senado y no ser atendido por la Comisión, que por vencimiento de términos devolvió el informe al Igac.

El secretario de Planeación del Caquetá, Julián Carvajal, señala que el asunto pasa de ser técnico a político, pues pesa mucho la representación de cada departamento en el Congreso, donde se sienten en desventaja con el Meta.

Para Carvajal, la más perjudicada por las demoras en la definición es la población del sector en disputa, “mientras se resuelve cuándo habrá solución de inversión, por ejemplo en las escuelas de la zona”.

Hasta el momento, las gobernaciones pactan acuerdos que favorezcan a las partes, pero continúan a la espera de un veredicto que se ha prolongado por años.

En las próximas semanas, el Igac sobrevolará el sector y redactará los resultados del estudio para enviarlos, nuevamente, a la Comisión de Ordenamiento Territorial, que debe resolver el conflicto. Aunque según la Comisión no hay diferendos en sus manos, el Igac adelanta estudios.

Disputas en lista de espera

Boyacá–Norte de Santander (sector Cubará-Toledo): conflicto por la expectativa de explotación de hidrocarburos.

Boyacá–Casanare (sector Paya-Nunchía): se originó por la explotación petrolera en Niscota y Vijagual.

Atlántico–Bolívar (sector San Pedrito- Galerazamba): la rectificación del canal del Dique, que sirve de límite, es parte del origen del diferendo. Se disputan las salinas de Galerazamba, San Pedrito y el volcán del Totumo.

Cesar–Norte de Santander (sector San Alberto-La Esperanza): al crearse los departamentos no se definieron los límites.

Cesar (Valledupar)–La Guajira (San Juan del Cesar): el conflicto se genera alrededor de la pertenencia de la vereda Primer Rincón, los caseríos de Veracruz, Potreritos y el barrio el Perú, en inmediaciones de los corregimientos de Patillal y La Junta. Las leyes de los departamentos no describen los límites.

Cesar–Norte de Santander (sector de Aguachica, Río de Oro, Ocaña y El Carmen): faltan normas que describan los límites.

Córdoba–Antioquia (sectores de Puerto Rey, alto Carrizal, río Pegadó, Campoalegre y ciénaga de San Lorenzo): la desaparición de los mojones en Puerto Rey y la imperceptibilidad divisoria en las aguas de los ríos Cauca y San Jorge, entre los municipios de Caucasia y Ayapel, originaron dudas sobre la línea limítrofe.

ÓSCAR ANDRÉS SÁNCHEZ A.
Enviado Especial EL TIEMPO
Belén de Bajirá

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