Recursos propios, riesgo para transparencia electoral

Recursos propios, riesgo para transparencia electoral

Si hay un riesgo en las elecciones regionales en Colombia es la financiación de las campañas.

notitle
27 de febrero 2015 , 05:27 p.m.

El roto por donde se va la transparencia es que no es claro el límite para los aportes de recursos propios y a partir de allí, cualquier cosa puede suceder.

La observación sobre lo que ha denominado el analista e investigador Gustavo Duncan, como la endogamia del sistema, que justo hace elegirse a los mismos y a sus familiares por los siglos de los siglos, es para preocuparse, aún más cuando se acercan las elecciones regionales. Para octubre de este año tendremos más de 100.000 candidatos en todo el país para aspirar a alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas, y todos, si lo desean, pueden financiar el total de sus campañas con recursos propios en aportes en especie, por lo que hacerle seguimiento para descubrir quién superó el tope es prácticamente imposible.

Explica Transparencia por Colombia que el artículo 23 de la Ley 1475 impone un límite al monto de los aportes de las personas naturales o jurídicas a las campañas, equivalente al 10 % del tope de gastos permitidos por campaña. Sin embargo, esta frontera se diluye cuando se trata de los recursos de origen propio o de los familiares. Es difícil hacerle seguimiento al origen de los recursos que los candidatos reportan como propios, puesto que casi nunca son depositados en las cuentas de las campañas y en la mayoría de los casos son aportes en especie.

“La financiación excesiva con recursos privados, principalmente recursos propios, afecta la libre y sana competencia entre candidatos y limita las oportunidades a nuevos liderazgos para participar en las campañas si carecen de dichos recursos”, conceptúa Transparencia por Colombia tras un informe que le realizó a la financiación de las campañas pasadas, a Congreso. Los datos del informe de Transparencia por Colombia fueron tomados del aplicativo Cuentas Claras a junio de 2014.

Cuentas Claras, medio oficial reglamentado por el CNE para la rendición de cuentas de las campañas, directamente por los candidatos y partidos de acuerdo con lo tiempos estipulados por ley, será obligatorio para 2015.

Los ingresos privados de los propios candidatos y sus familiares en teoría tienen un límite que es el tope máximo de gastos permitido por ley para las campañas dependiendo del cargo, corporación y circunscripción al que aspira cada candidato.

Ahora bien, si la financiación de campañas en Colombia es mixta, llama la atención que por anticipos públicos solo se haya entregado el 6% del total de ingresos. Estos recursos públicos son los que en teoría deberían ayudar a equilibrar más la balanza entre todos los candidatos, pero en la práctica no se entregan fácilmente y representan un porcentaje muy bajo del total de los ingresos.

Esta situación, la financiación con recursos propios, no ha movido al Estado hacia una reforma seria, “ha permitido elegir a castas políticas en el Congreso de la República, que concentran una franja importante de representación, a través de poderosas maquinarias electorales”, reveló Duncan en su informe sobre los riesgos de las elecciones legislativas de 2014. A juzgar por los resultados de quienes salieron elegidos, la democracia sigue en posición de jaque mate.

Situación contraria sucede con las elecciones presidenciales, que sí tienen un tope y es del 2 por ciento de financiación con recurso propios. Lo que permite concluir que las presidenciales son un poco más transparentes. Estas son las cifras de la política en Colombia. Conozca cómo y en qué se gastaron la plata ─la mayoría recursos públicos─ los ‘padres de la patria’ colombianos.

Congreso 2014: casi todos usaron su propia plata

Lo que pasó con la financiación del Congreso 2014, o por lo menos lo que públicamente los ciudadanos colombianos pueden saber, está contenido en el aplicativo www.cuentasclaras.com. Allí las cifras dejan ver, según Transparencia por Colombia, que entre las elecciones legislativas de 2010 y las de 2014 los ingresos incrementaron en un 11,5 % y los gastos en un 13,5 %, pese a que el número de candidatos entre las elecciones de 2010 y las de 2014 disminuyó, al pasar de 2.481 en 2010 a 2.347 en 2014.

Los 2.159 candidatos reportaron un total de $ 198.907’113.498 por ingresos. Para hacerse a una idea de la cifra: si la pasáramos a dólares, ese dinero equivale casi a los 80 millones que se ganó Cristiano Ronaldo durante todo el año pasado. Y de ese total, los 269 elegidos reportan ingresos por $ 89.843’272.755 equivalentes al 51 %.

En promedio, cada candidato al Senado reportó ingresos por $ 137.704 millones. Por su parte, cada aspirante a Cámara reportó $ 77.824 millones. Esta diferencia en los gastos promedio en cada corporación indica que para hacer una campaña a nivel nacional es necesario tener aproximadamente $ 60 millones más de ingresos en comparación con una campaña a nivel territorial. Los recursos de financiación provienen de varias fuentes, según lo reportado por los candidatos. Las principales: fuentes privadas, incluyendo recursos propios; del Estado, anticipos; y transferencias de las organizaciones políticas, entre otros.

La principal fuente de los candidatos para financiar sus campañas al Congreso 2014 fueron los recursos propios (38 %), seguidos por los aportes en créditos o donaciones de personas naturales y jurídicas (32 %).

Si se suman los ingresos de los candidatos y sus familiares, los de personas naturales o jurídicas y los aportes de las organizaciones políticas que los avalaron, se encuentra que el 83 % de los ingresos para las campañas al Congreso 2014 proviene de recursos de origen privado.

La región que más recursos tuvo para financiar las campañas al Congreso fue el Caribe. En esta zona la gran mayoría de los ingresos provinieron de recursos propios de los candidatos. Aunado a lo anterior, allí se presenta una dinámica repetitiva en la que algunas familias con recursos económicos altos han permanecido en los cargos de elección popular, conformando unas élites políticas a las cuales cada vez es más difícil acceder.

Menos plata no es desventaja para el presidente-candidato

La ley señala que, para facilitar los controles y la equidad, la financiación de las campañas electorales debe ser 80 % estatal y 20 % de particulares. En ese sentido, los candidatos pueden recibir dinero de tras formas diferentes: primero, un anticipo en dinero siempre y cuando el partido que representa el candidato supere el 4 % de los votos validos en los comicios legislativos o de 3 % en las elecciones anteriores a la Presidencia, cuando se trata de movimientos ciudadanos.

La segunda, la reposición de acuerdo a la cantidad de votos válidos; y la tercera, un subsidio adicional de 10 % del tope de gastos establecido en la ley, que se debe destinar a propaganda electoral.

Precisamente, ese dinero fue el que más usaron los aspirantes que se disputaron la Presidencia en los comicios de 2014, ganados por Juan Manuel Santos. En total, sumadas la primera y segunda vuelta, los recursos que llegaron a las arcas de los candidatos sumaron $ 83.095 millones y en total se gastaron $ 85.116 millones de pesos. Esta última cifra, para hacerse a una idea, es casi el costo del contrato que hizo Bavaria con la Dimayor para patrocinar la liga de fútbol profesional colombiano durante cinco años.

Todos los candidatos, salvo Óscar Iván Zuluaga, cuyos ingresos provinieron de créditos bancarios, donaciones de particulares y recursos propios, usaron los recursos estatales para impulsar su campaña. Ese dinero representó, en total, el 46 % de los ingresos de todos.

El resto se repartió entre créditos bancarios (44 % del total), donaciones y apoyos de particulares con distintas entidades bancarias. Ninguno superó los límites impuestos por la ley. Los topes para esas elecciones fueron, en el caso de Santos, de: $ 13.552 millones de pesos en primera vuelta, mientras que los otros aspirantes tenían un tope de $ 20.309 millones de pesos. No obstante, menos plata no significa desventaja para el Presidente.

De hecho, para la segunda vuelta, el tope de los dos aspirantes fue el mismo: $9.499 millones de pesos. La diferencia es que para el ‘balotaje’ ninguno acudió a recursos estatales, sino en su mayoría a créditos bancarios que se pagan con la reposición de votos.

Así las cosas, según el análisis de Transparencia por Colombia, el Presidente, con menos dinero y más limitaciones a la hora de gastar, obtuvo casi la misma cantidad de votos entre primera y segunda vuelta que Óscar Iván Zuluaga, quien tuvo más acceso a recursos. La diferencia es que por cada voto que obtuvo, Santos debió invertir $ 4.905, mientras que Zuluaga necesitó 5.361 de sus ingresos por cada sufragio obtenido.

“Esto podría indicar que el hecho de ser presidente en efecto lo ubica en una posición mucho más beneficiosa para el desarrollo de su campaña, así como poner de manifiesto el riesgo probable de que recursos oficiales destinados al desarrollo de las actividades presidenciales puedan terminar utilizándose para el apoyo de las campañas”, señala Transparencia por Colombia.

Es más, las de Santos y Zuluaga fueron las campañas en las que se movió más dinero. En primera vuelta, el candidato Presidente gastó el 99,63 % del tope y Zuluaga llegó al 99,50 %. En contraste, la más ‘económica’ fue la de Clara López Obregón, quien gastó apenas 40 % del límite máximo.

¿Y en qué gastaron? En publicidad, principalmente, tanto en primera como en segunda vuelta. En total, durante la primera ronda, los gastos de propaganda electoral representaron el 60 %, seguidos de los gastos administrativos, que supusieron un 17,3 % Para la segunda ronda, la tendencia no cambió y ambos candidatos fortalecieron su estrategia en ese sentido.

En total, ambos destinaron el 62 % de sus gastos a propaganda. De hecho, Santos, a la postre el ganador, gastó el 73 % de sus recursos en este aspecto. Es decir, $ 6.944.millones de los $ 9.475 millones que costó su campaña. Mientras tanto, Zuluaga destinó el 52,5 % de sus ingresos a difusión: $ 4.973 millones de $ 9.478 millones del total de gastos.

Cabe recordar que el balotaje estuvo permeado por la ‘guerra sucia’ entre ambos candidatos y la agenda mediática se centró en gran parte en el escándalo del ‘hacker’ que trabajaba para la campaña de Zuluaga.

¿Publicidad transparente?

Pero pese a que es el rubro en el que más gastan, no está completamente claro el destino específico de ese dinero. En la primera vuelta, por ejemplo, aparece que el 38 % de todo el dinero que gastaron en difusión ─más de $4.500 millones─ fue destinado a medios masivos de prensa, radio y televisión.

Pero según las cifras de Cuentas Claras, el rubro catalogado como ‘publicidad no clasificada’ se lleva el 52,2 % del total de lo que gastaron todas las campañas en propaganda. En dinero, eso equivale a $ 6.221 millones de pesos, un poco más de lo que el Distrito invertirá en programas de estímulos para la práctica de actividades culturales durante 2015.

¿Qué significa publicidad no clasificada? Las campañas no lo dicen. Y si bien el aplicativo de rendición de cuentas establece que cada gasto debe ser especificado claramente, el dinero fue incluido como propaganda, pero en su descripción tan solo se usó un número de factura, lo que deja en el limbo el destino concreto y claro de ese dinero, que no es poco: nada menos que 20.966 millones de pesos: casi lo que costó el espectacular alumbrado navideño de Medellín el año pasado.

UNIDAD DE DATOS *
Con información del programa Cuentas Claras, de Transparencia Internacional

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.