Un sargento y un cabo de la Policía, a prisión por abusar de una mujer

Un sargento y un cabo de la Policía, a prisión por abusar de una mujer

Fueron condenados por acceso carnal violento, con una mujer incapaz de resistirse.

27 de febrero 2015 , 01:36 p.m.

Los uniformados fueron capturados por agentes del CTI de la Fiscalía, adscritos a la Unidad local de Fusagasugá (Cundinamarca). Los acusan de acceso carnal violento, con una mujer incapaz de resistirse. Los detenidos fueron identificados como Javier Alexánder León Prieto y César Humberto Chávez Briceño, contra quienes existía una orden de captura, tras haber sido condenados a pagar 10 años y 8 meses de prisión, al conocerse los resultados del análisis hecho por Medicina Legal.

León Prieto se desempeñaba como intendente en la Dirección Nacional de la Policía y Chávez Briceño trabajaba como subintendente en la subestación de Policía de Tibacuy (Cundinamarca).

Según la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 2 de abril de 2004, en Fusagasugá, Sandra Ríos, de 20 años de edad, estuvo viendo un partido de fútbol en compañía de César Humberto Chávez Briceño. Dijo la afectada que ella había tratado poco a Chávez y no le generaba mucha confianza. Estuvieron en un establecimiento público en donde bebió tres cervezas.

Al final del partido se encontraron en el sitio con Javier Alexánder León Prieto, quien es amigo de Chávez Briceño. Este último le propuso llevarla en su vehículo a su casa.

En el automotor, los hombres, tras aprovisionarse de licor, le ofrecieron trago a la joven mientras se desplazaban por el pueblo. Finalmente, en un lugar solitario, estando Sandra Ríos en estado de ebriedad, es decir, en incapacidad de resistir, abusaron sexualmente de ella. El instituto de Medicina Legal la examinó el 5 de abril siguiente y estableció que presentaba varias lesiones en glúteos, genitales, costado izquierdo y región cervical posterior.

La Fiscalía los acusó el primero de junio de 2010, por el cargo de acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir agravado. En la misma determinación se les impuso detención preventiva, medida que el instructor revocó a petición del defensor el 4 de agosto de 2010, por considerar que no era necesaria. La acusación quedó en firme el 2 de noviembre siguiente.

Tramitado el juicio, el 14 de septiembre de 2012, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Fusagasugá los condenó a 128 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y a pagarle a la víctima, por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes y no les concedió la condena de ejecución condicional ni la prisión domiciliaria.

Al resolver la casación el 26 de noviembre del año pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el fallo y posteriormente el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ordenó sus capturas, para el cumplimiento de la sentencia.

JUSTICIA

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