Editorial: Mensajes equívocos

Editorial: Mensajes equívocos

Mientras algunas investigaciones se diluyen, quienes descubren trampas pueden terminar condenados.

26 de febrero 2015 , 07:24 p.m.

Sigue dando que hablar nuestra Rama Judicial. Los 12 congresistas que protagonizaron el famoso escándalo que llevó al hundimiento forzado de la reforma de la justicia del 2012 deben de estar de plácemes. El Consejo de Estado resolvió mantenerles la investidura, en una decisión en la que, aunque reconoce que hubo, más que ‘micos’, orangutanes, y que algunos de ellos podrían tener connotación penal y disciplinaria, sostiene que ello no es suficiente para declararles la ‘muerte política’.

No se trata de un hecho cualquiera. Como se recordará, la del 2012, en cabeza del entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, era una reforma juiciosa que incluso logró, en el papel, la eliminación del cuestionado Consejo Superior de la Judicatura. Pero en un exceso de buena fe que le costó el cargo, Esguerra permitió que la conciliación del proyecto avanzara sin presencia del Ejecutivo, y lo que resultó fue un engendro que ‘blindaba’ judicialmente a los congresistas enredados en casos penales y disciplinarios y, de paso, a todos los aforados investigados por la inoperante Comisión de Acusación de la Cámara.Fue de tal proporción el embuchado que hubo que acudir a una forzada maniobra jurídica para atajarlo, a costa de hundir el barco; es decir, la reforma. Esa salida recibió recientemente la bendición del Consejo de Estado, que advirtió, sin embargo, que era tan frágil su sustento que nunca más podría acudirse a ella.

A pesar de que se completan casi tres años desde ese bochornoso episodio, ninguna de las investigaciones ha avanzado. La Procuraduría, que en el proceso en el Consejo de Estado se pronunció a favor de los congresistas, no ha entregado resultados, y la historia se repite en la Sala Penal de la Corte Suprema. Así, uno de los mayores baldones en la historia reciente del Congreso termina diluido en las instancias encargadas de investigar a los altos servidores públicos. Es un mensaje que por lo menos deja sabor amargo en la sociedad y muchos interrogantes.

Pero no es la única decisión judicial reciente que genera polémica. La Fiscalía acaba de imputarle cargos por prevaricato por acción al excontralor delegado Carlos Eduardo Umaña, quien dirigió la investigación fiscal contra los magistrados titulares y auxiliares de la Judicatura que protagonizaron el escándalo del ‘carrusel de pensiones’. El ente acusador sostiene que se extralimitó en sus funciones al investigar a los magistrados de la Sala Disciplinaria que se prestaron para la ilegal maniobra, a pesar de que sobre ese tema –el fuero fiscal de los aforados– había una discusión jurídica que terminó saldada por la Corte Suprema de la Justicia por una tutela interpuesta por el fiscal Eduardo Montealegre.

Este sostenía la tesis del fuero integral –es decir que la Comisión de Acusación era la única instancia que podía investigar a los aforados incluso en los procesos fiscales– que a la postre se impuso. Esa tutela logró que el proceso contra los magistrados titulares de la Judicatura, que fue públicamente desarrollado y que llegó incluso a embargos, pasara a la Comisión de Acusación, donde no se ha movido desde entonces. En contraste, el funcionario de la Contraloría que puso al descubierto las indignantes trampas se expone a terminar condenado por la justicia. Sin duda, temas que tienen aún mucha tela por cortar.


EDITORIAL
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