Justicia y Política

Justicia y Política

Ni Gobierno, ni críticos han suministrado evidencias que justifiquen eliminación del CSJ.

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26 de febrero 2015 , 06:26 p.m.

Si todos los flojos argumentos que han expuesto hasta ahora son los únicos que tienen, les va a quedar difícil, casi imposible, al presidente Santos y a su ministro de Justicia, explicarle al país, con un mínimo de acento convincente, los motivos que han llevado al Gobierno a intentar, una primera vez sin éxito, y ahora con probabilidades, promover una reforma judicial engastada en un proyecto de reformas políticas, y cuyo único objetivo es la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.

Ni el Gobierno, ni los distintos críticos ad hoc que desde hace algunos años adelantan una campaña de desprestigio contra el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), para ambientar su eliminación, han suministrado a la opinión evidencias que justifiquen esa medida caprichosa, o aparentemente caprichosa.

Estamos aquí ante la vieja técnica de confundir las hojas con el árbol. Unas pocas hojas están secas, luego es necesario tumbar el árbol y sembrar otro, un súper árbol al que no se le seque ninguna hoja. En Colombia siempre hemos practicado con ciego entusiasmo el idealismo reformista. Acabamos, por unos pocos defectos de forma, con instituciones que funcionan, y las cambiamos por instituciones ideales, perfectas, que no funcionarán jamás.

Es lo que ocurrirá cuando el Consejo Superior de la Judicatura sea reemplazado por la institución ideal que tienen proyectada en la subrepticia reforma judicial.

El Ministro de Justicia dice cosas tan incoherentes como que “la Sala Administrativa [del CSJ] no ha cumplido con la misión para la que fue creada y que se convirtió en un cuello de botella para tomar decisiones que beneficien a la justicia”. La frase denota que el objetivo de la campaña es la Sala Administrativa, es decir, la que maneja los recursos económicos de la administración de justicia. Qué habrá querido decir el señor Ministro de Justicia con que dicha sala se “ha convertido en un cuello de botella para tomar decisiones que beneficien a la justicia”, lo sabrán Dios y él. Incluso es posible que ni siquiera el propio Ministro sepa qué quiso decir.

A la Sala Administrativa no se le ha hecho, que se conozca, el menor cuestionamiento por el manejo de los fondos de la justicia, puestos a su cuidado. Todo lo contrario, la pulcritud de los magistrados que administran esos fondos ha permitido que la justicia funcione, no obstante las fallas protuberantes del Ministerio del ramo y del Gobierno. Como se hizo evidente en el paro de setenta y tres días de los funcionarios (jueces civiles y penales) de la Rama Judicial, que el Ministerio fue incapaz de conjurar y que dejó correr como si se tratara de un hecho insignificante.

El presidente de la Sala Administrativa del CSJ, magistrado José Agustín Suárez, hombre probo y eficiente si los hay, dio a este diario declaraciones que deberían poner a pensar al país, y a los señores congresistas, en cuán grave puede ser el error de eliminar una institución que ha demostrado su efectividad en la misión para la cual fue concebida por los constituyentes de 1991 (EL TIEMPO 25/02/2015). El presidente de la Sala Administrativa habla con suma claridad, sin subterfugios, sin ambigüedades. Respecto al prolongado paro del año pasado, cuyo descontrol quiso imputárselo el Gobierno a la Sala Administrativa, señala Suárez Alba que el entonces presidente de la Sala “estuvo al frente de esa crisis [y fue] quien ofreció, en ese momento, todas las soluciones que dependían de la Sala Administrativa para levantar el paro. Fue precisamente esta acción la que propicio la solución definitiva”.

Las hojas secas del árbol hay que cortarlas, y es lo que haría un buen jardinero, sin necesidad de tumbar el árbol. A los magistrados corruptos (y a cualquier funcionario de esa laya) hay que apartarlos de sus altos cargos, y es lo que haría una buena administración, sin necesidad de acabar con las Instituciones, ni de inventarse otras nuevas e inútiles. Las instituciones funcionan según la capacidad y la probidad (o la incapacidad y la improbidad) de las personas que las tengan a su cargo.

Como dije, en el manejo de los cuantiosísimos recursos que permiten el funcionamiento económico de la justicia, la Sala Administrativa ha procedido con rectitud y con criterio apegado a la ley. Nadie la ha acusado de despilfarrar los recursos, de no manejarlos bien, ni mucho menos de malversarlos. La única explicación que se me ocurre para entender el empeño de acabarla es (y ojalá me equivoque) que esos recursos (abundantes y no obstante apenas suficientes para las exigencias del funcionamiento), puedan haber alborotado la codicia insaciable de algunos. Casos se han visto en la historia de los comportamientos humanos.

Enrique Santos Molano

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