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En EE. UU., procurador Ordóñez insiste en críticas al proceso de paz

Dijo que "funcionarios del Estado estarían dispuestos a promover la impunidad" para las Farc.

El Procurador General Alejandro Ordóñez advirtió este jueves ante autoridades estadounidenses sobre al alto riesgo de impunidad que plantean las negociaciones de paz que se adelantan con las Farc en Cuba
Según Ordóñez, aunque el proceso aún no concluye, varios funcionarios del Estado han indicado que se está considerado ofrecer a la guerrilla opciones que violarían los compromisos internacionales asumidos por Colombia
No solo se conocen las pretensiones de la guerrilla sino algunas dubitaciones de funcionarios del Estado que estarían dispuestos a promover la impunidad absoluta. Y es mi deber denunciarlo”, sostuvo el Procurador quien se encuentra de gira en Washington.
Ordóñez se reunió con el Embajador para Crímenes de Guerra y cabeza de la Oficina de Justicia Criminal Global del Departamento de Estado, Stephen Rapp; y con el director de Asuntos Andinos en la Oficina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, William Duncan.
Más específicamente el Procurador mencionó declaraciones de funcionarios en los que han sugerido que la condena frente a crímenes de guerra y de lesa humanidad serían solo trabajo comunitario (propuesta del Fiscal Eduardo Montealegre) y la posibilidad de expandir la conexidad del crimen político para que incluya el narcotráfico (mencionado por el presidente Juan Manuel Santos).
Quizá la denuncia más grave es que, según Ordóñez, el pasado 24 de diciembre el Gobierno informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de una carte, que no acatará su sugerencia para que cualquier ley estatutaria que implementen el Marco Jurídico para la Paz se ajuste a unos estándares internacionales mínimos.
“Ellos manifestaron que no las acogerían (las recomendaciones). Y no podemos permanecer silentes”, afirmó Ordóñez.
Por su parte, el embajador ante la OEA, Andrés González, reconoció la existencia de esa carta, rechazó que en ella se haya desacatado alguna recomendación de la CIDH. "El Gobierno de Colombia ha expresado en múltiples ocasiones que sus esfuerzos por el logro de la paz se darán en estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales. En el mismo informe, remitido a la CIDH en diciembre, se dice expresamente que el Estado colombiano reitera su compromiso con el desarrollo de una estrategia integral de justicia transicional compatible con el ordenamiento jurídico nacional e internacional”, dijo González al aclarar de paso que la comunicación es parte del proceso normal de intercambio que se hace con la CIDH.
El Embajador de Colombia ante la OEA agregó que tiene plena confianza en el respaldo internacional al esfuerzo sin precedentes que se realiza para encontrar una solución política al conflicto armado e Indicó, que, precisamente ¨la justicia se verá honrada con dosis plenas de verdad, reparación y no repetición¨.
El ex ministro de justicia precisó también que “la justicia existe para resolver conflictos y no para ahondarlos” y que en este caso “la justicia ha de cumplir su más alto cometido: evitar otras miles de muertes y la escalada en la violación de Derechos Humanos que se repetiría de frustrarse el proceso de paz. Todo ello está en la esencia de los pactos internacionales de Derechos Humanos”.
De otro lado, el Procurador catalogó como un “gesto esperanzador” las declaraciones dadas esta semana por el presidente Santos en las que asegura que de La Habana no saldrá un acuerdo que no se sostenga ante las cortes internacionales.
“Lo que se firme en La Habana -sostuvo Ordóñez- debe poder cumplirse. Y para cumplirse debe respetar estándares en materia de justicia que exigen penas privativas de la libertad efectivas frente a crímenes de guerra y lesa humanidad, aunque estas sean reducidas sustancialmente como lo permite la justicia transicional”.
Ordóñez defendió sus críticas, hechas en el exterior y ante funcionares de otro país, alegando que se trató de un “intercambio institucional” para que se valoren sus advertencias como cabeza de un ente que si bien es parte del Estado no depende del Gobierno.
El Procurador también aprovechó sus citas en el Departamento de Estado para presentar el informe sobre desapariciones que realizó la Procuraduría y en el que se le atribuyen más de 2700 casos a las Farc.
Así mismo, visito el consulado de Colombia en Washington para continuar con la promoción en el exterior de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
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