Denuncian 'despelote' con legalización de tierras

Denuncian 'despelote' con legalización de tierras

Contraloría señala debilidad del Incoder en supervisión de convenios y contratos, entre otros.

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25 de febrero 2015 , 05:52 p.m.

La Contraloría General advirtió una gestión ineficiente por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), que se ve reflejada en los problemas de ejecución de recursos, rezago en compra y legalización de predios, así como un grave desorden en su información documental, con lo que se está poniendo en riesgo el goce efectivo de los derechos territoriales de las comunidades étnicas del país.

Este señalamiento se desprende de los resultados de una actuación especial sobre la política pública de dotación y legalización de tierras, implementación de proyectos productivos y fortalecimiento institucional, social y cultural de las comunidades indígenas, negras y afrocolombianas, a cargo del Incoder.

El informe de la Contraloría evidencia ineficacia en la ejecución de los recursos públicos y ausencia de planeación estratégica en el Incoder, para cumplir con las metas misionales trazadas en su plan de acción, situación que se sustenta en los 37 hallazgos administrativos descritos en ese documento, de los cuales 19 tienen alcance disciplinario, uno penal y tres de orden fiscal por un total de 84 millones de pesos.

Destaca el informe que, en la vigencia 2013, el proyecto de inversión “Implementación Programa de Legalización, Adquisición y Adjudicación de tierras rurales y desarrollo productivo para comunidades negras, nivel nacional” comprometió 24.010 millones de pesos, de los cuales se pagaron el 14 por ciento y el 86 por ciento restante se trasladó a contratos con el Banco Agrario.

Además, en la ejecución de los pagos en las vigencias 2012 y 2013 se detectó la constitución de cuentas por pagar que superan el 50 por ciento del valor de los proyectos de inversión del Incoder, lo que evidencia pasividad bancaria e ineficacia de los pagos al no cumplir con el principio de anualidad del presupuesto.

Lo anterior se refleja en la vigencia 2012, donde se constituyeron cuentas por pagar por un valor de 71.874 millones de pesos, lo que corresponde al 75 por ciento de los recursos de los proyectos de inversión del instituto, correspondientes a 95.320 millones de pesos. Para el año 2013 se constituyeron 41.984 millones de pesos en cuentas por pagar, lo que correspondía al 68 por ciento del total del presupuesto comprometido.

La actuación especial de la Contraloría General a identifica además un rezago en el cumplimiento de las metas establecidas para los años 2011, 2012, 2013 y 2014 por parte del Incoder en relación con la compra de predios y legalización para comunidades indígenas y negras, la implementación de proyectos productivos y la reestructuración de resguardos indígenas de origen colonial.

Es el caso de 10 predios programados para ser comprados a comunidades negras durante el año 2013, donde solo se logró la compra efectiva de uno y de 13 proyectos productivos programados como meta no se logró la asignación de ningún proyecto.

En el resguardo U'wa

Igual sucede con el saneamiento del resguardo U´wa: durante la vigencia 2013 se comprometieron el 97 por ciento de los recursos y solo se pagó el 7 por ciento de los recursos asignados, constituyéndose $2.700 millones en cuentas por pagar. Además, no se cumplió con la meta de la compra de 17 predios, ya que ninguno fue comprado.

La Contraloría advirtió también al Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional, sobre reiteradas informaciones recibidas de parte de comunidades beneficiarias de proyectos productivos acerca de la pérdida de sus cultivos a causa de aspersiones aéreas, situación que no solo afecta la producción agroalimentaria y las fuentes hídricas, sino que a su vez va en detrimento de la finalidad de los recursos invertidos por el Incoder en distintos proyectos alimentarios.

El informe revela la existencia de factores que impiden la eficiente gestión del Incoder, tales como: ausencia de sistemas de información institucionales, un grave desorden en la información documental, ausencia de documentos o expedientes incompletos de legalización de territorios de comunidades indígenas, negras y afrocolombianas, falta de canales eficaces de comunicación entre dependencias, un rol débil de la oficina de control interno de la entidad y alta rotación de contratistas.

Con lo anterior, la Contraloría General de la República hizo un llamado al Incoder para fortalecer y superar de manera urgente y prioritaria las falencias señaladas, a fin de que se cumpla con los fines esenciales del Estado y se dé efectiva garantía del goce efectivo de los derechos territoriales de las comunidades étnicas.​

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

 

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