Editorial: Urbanismo en los cerros

Editorial: Urbanismo en los cerros

Los proyectos en los montes tutelares de Bogotá tienen los ojos de la comunidad encima.

23 de febrero 2015 , 08:21 p.m.

El debate reciente en torno a la posibilidad de que el sector privado pueda llevar a cabo varios desarrollos urbanísticos en zonas que hacen parte de los cerros orientales de Bogotá no es nuevo, pero sí es el más crítico que se recuerde.

Las montañas tutelares de la capital constituyen uno de sus principales atractivos. Hacen parte de la cordillera Oriental de los Andes y bordean 15.000 hectáreas, entre el norte y el sur, desde la localidad de Sumapaz hasta Usaquén.

Además de su encanto natural, son el pulmón más valioso que les queda a los bogotanos, el principal depósito de agua de las futuras generaciones y el hábitat para no menos de 400 especies de flora, así como para una variedad de reptiles, anfibios y medio centenar de mamíferos.

A lo largo de su historia, los cerros han estado expuestos a los abusos del hombre. A comienzos del siglo pasado, cuando la capital era apenas una incipiente comarca de hombres y mujeres aturdidos por el frío, aquellos fueron sobreexplotados de tal forma que su paisaje se volvió lúgubre y triste.

Después vino la instalación indiscriminada de canteras y areneras, que fueron el principio de varias de las cicatrices que durante años lucieron, y aún lucen, varios de sus costados. A la par con esto surgieron las primeras viviendas informales que dieron vida a barrios enteros. Se calcula que hoy suman 59, de los cuales 33 están legalizados y el resto, aún por formalizar.

En décadas recientes, y ante la falta de una normativa clara, los cerros comenzaron a ser escenarios sobre los cuales se levantaron grandes edificios, conjuntos de vivienda o mansiones, sin que hubiera mayor oposición de las autoridades.

En 1977 el tema empezó a abordarse con seriedad, cuando se delimitó por primera vez el área de reserva. Mas ello no evitó la expedición de normas que facilitaron, con el paso de los años, declarar como suelos suburbanos amplias franjas de la montaña, hasta que en el 2005 el Ministerio de Ambiente redelimitó la zona de protección forestal y en el 2013 el Consejo de Estado pidió un plan para protegerla –más de 900 hectáreas– y prohibió la expedición de nuevas licencias.

El mismo Consejo advierte que, en todo caso, se deben respetar los derechos adquiridos de los constructores que habían solicitado tales permisos en el marco de disposiciones anteriores. Y es ahí donde se caldea el debate, pues hay quienes alegan que la Administración los quiere desconocer.

Es entendible que aquellos que le apostaron hace años a cerrar canteras, reforestar y reubicar a miles de personas, y a quienes en contraprestación se les permitió planificar un proyecto por fuera de la reserva, sientan hoy sus derechos vulnerados.

En materia tan sensible, la Alcaldía debe ser la primera en atemperar sus ánimos antes de condenar sin escuchar a las partes. De hecho, es lo que intenta hacer la Secretaría de Planeación al examinar uno a uno los 52 proyectos que se ciernen en sectores de los cerros. El Alcalde debería seguir tal ejemplo.

Es hora de que estos territorios dejen de ser vistos como propiedad de alguien y se empiece a velar por su protección, sin que ello implique pisotear los derechos de nadie, mucho menos los de los ciudadanos.


EDITORIAL
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