Buenas obras

Buenas obras

Muchos problemas técnicos o ambientales son consecuencia de contratar las obras sin estudios.

21 de febrero 2015 , 08:21 p.m.

Es encomiable el empeño de todas las administraciones para que haya pulcritud y transparencia en el manejo de los asuntos públicos y, cómo no, en la contratación estatal, siempre rodeada de suspicacias. Tendemos a creer que, en este, como en otros ámbitos, muchos de los problemas quedan solucionados reformando estatutos o con la expedición de nuevas leyes. Cuando hace años se propuso revisar las normas que regían la contratación pública –decretos 150 y 222–, el doctor Alfredo Bateman advirtió que no se insistiera en este tema, pues con cada reforma ellas quedaban peor que las anteriores, lo cual se ha venido confirmando.

En esas disposiciones se incluían cosas de sentido común, entre otras, que antes de empezar una obra se contara con estudios y diseños completos de la misma, y algo sano: que quien realizara los estudios o diseños no fuera interventor de la obra, pues actuaría como juez y parte.

A propósito, es preocupante el desmedro de la función de interventor, notario técnico y representante del Estado dueño de la obra. En los problemas que se presentaron en algunos proyectos en la capital trascendieron ostensibles deficiencias en los controles de calidad, de las cantidades de obra y con el cumplimiento de los programas, lo que dificultó precisar el valor de los trabajos ejecutados, no obstante disponer el IDU de manuales y procedimientos, que es evidente no se siguieron.

Muchos problemas técnicos, ambientales, de predios, etc., que casi a diario se mencionan, son consecuencia de contratar las obras sin estudios completos, explicable en algunos casos por circunstancias apremiantes, pero asumiendo riesgos de perjuicios y mayores costos que afectan al contratante, al contratista y a la ingeniería.

Con la modalidad de contratar conjuntamente diseño y construcción y la discutible ventaja de adjudicar al menor postor sin conocerse con precisión las obras ni su presupuesto, el constructor define las especificaciones a su conveniencia; y con sus diseños calcula cantidades y precios de los diferentes ítems, aspectos que fueron siempre requisito previo para abrir las licitaciones.

Esto ha llevado a legitimar los mal llamados ‘sobrecostos’, que obedecen a deficiencias en los estudios e imprecisión en las cantidades y valor de obras, calculados a partir también de deficientes diseños. Son considerables los perjuicios por demoras o suspensión de las obras, que, tras largos litigios, obligan a reconocer millonarias e injustas indemnizaciones, en detrimento del patrimonio del Estado, como de la credibilidad de la ingeniería.

Solo con estudios completos elaborados con rigor técnico es posible conocer el alcance y las características de los proyectos y prever eventuales problemas por condiciones geológicas, topográficas o del clima, sobre lo que también existen hace años guías metodológicas y detallados procedimientos.

Además de otros aspectos que deben contemplarse, los estudios tienen el importante objeto de determinar el costo del proyecto con rangos confiables de precisión, permitiendo a los interesados licitar con racionalidad, y al contratante adjudicar sopesando, además, idoneidad, experiencia y trayectoria de los proponentes, descartando propuestas que ofrezcan hacerlo en menor plazo y por debajo de un costo real desconocido, como también se ha visto.

La inminente ejecución de numerosos e importantes proyectos y vías por concesión sugiere la conveniencia de revisar estudios realizados con anterioridad y actualizar los costos por posibles cambios en los precios de materiales y otros insumos, y en el tráfico, que, junto con los peajes, incide en los beneficios esperados en la estructura financiera de los proyectos, y en los requerimientos presupuestales para su ejecución.

Enrique Ramírez Romero

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