Crimen de indígena, otro lío para el exgobernador Hernando Molina

Crimen de indígena, otro lío para el exgobernador Hernando Molina

Ya cumplió pena de siete años de cárcel por recibir apoyo de paramilitares para llegar a su cargo.

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21 de febrero 2015 , 07:04 p.m.

A finales de los 90, meses antes de salir del país para representar a Colombia como cónsul en Guatemala, Costa Rica y Panamá, el exgobernador del Cesar Hernando Molina Araújo habría participado en incursiones armadas de los paramilitares en el sector de Patillal.

Ese es uno de los señalamientos que se lee en la investigación contra Molina, hijo de la asesinada ministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera y quien ya cumplió una pena de siete años de cárcel por recibir apoyo de los paramilitares para llegar a la Gobernación del Cesar en octubre del 2003. Ahora tendrá que responder por el homicidio del indígena kankuamo Óscar Enrique Montero.

La Fiscalía, en uno de los señalamientos más duros contra un miembro de la clase política, dice que Hernando Molina era “integrante activo del frente Mártires del Cesar”, y que cuando fue gobernador mantuvo esos nexos con los ‘paras’ de ‘Jorge 40’. De hecho, la acusación indica que siendo mandatario regional “provocó, tuvo ascendencia para que se dispusiera la muerte de Montero”, ocurrida en abril del 2004.

Montero era profesor y familiar de un mando de las Farc, alias Tito Arias, señalado como uno de los cerebros, en 1999, del secuestro y posterior asesinato de la ‘Cacica’, que en ese momento era la esposa del entonces procurador y hoy contralor general Edgardo Maya Villazón.

Entre las evidencias para llamar a juicio a Molina Araújo por el delito de homicidio, por el que se expone a una pena de cárcel de hasta 40 años, está el testimonio de John Jairo Hernández, ‘Centella’, quien aseguró que en marzo del 2004 se realizó una reunión en la finca El Mamón, en la que David Hernández Rojas, el asesinado comandante ‘39’, dio la orden de asesinar al profesor indígena por un “capricho del exgobernador”, quien supuestamente “se ensañó con la familia Arias y todo aquel que fuera allegado a esa familia”.

Según el testigo, el día que ‘39’ dio la orden de asesinar a Montero estaba presente en el campamento el exgobernador Molina. Otro ‘expara’ del Cesar, Jerónimo Costa Daza, dijo al respecto: “el apellido Arias era trofeo para nosotros”.

La hipótesis de la Fiscalía es que Molina fue el determinador del crimen del indígena como parte de una venganza por la muerte de su madre.

El fiscal del caso ordenó la captura del exgobernador y le negó la posibilidad de la prisión domiciliaria al considerar que había riesgo de que se fugara y eludiera la acción de la justicia. Sin embargo, la decisión fue apelada y solo hasta que se resuelva en segunda instancia se podría hacer efectiva la detención.

En el 2003, después de tres años como diplomático, Molina regresó al país y empezó su campaña política. Fue candidato único a la Gobernación del Cesar, pues su competencia tuvo que retirarse por falta de garantías. La suya fue una de las votaciones atípicas que dieron pie a las investigaciones de la ‘parapolítica’.

‘Comandante 35’

En el expediente aparece el testimonio del paramilitar Amaury Gómez, alias Bin Laden, quien asegura que conoció a Molina entre julio y noviembre de 1999, cuando el político era comandante ‘para’ de la zona conocido con el alias de ‘35’. Otro de los testigos es el también ex-Auc John Jairo Esquivel, alias el Tigre, quien sostuvo que Molina habría coordinado con autoridades locales los movimientos de los ‘paras’ que llevaron a cabo crímenes en Atanquez y Patillal a mediados de 1999.

Los kankuamos fueron la etnia más golpeada por los paramilitares de la Costa Atlántica, al punto que sus caseríos estuvieron de-socupados por años en la parte nororiental de la Sierra Nevada de Santa Marta, que da al Cesar.

Molina ha negado los cargos y ha puesto como pruebas los homenajes que le rindió la comunidad kankuama en los años que estuvo en la Gobernación. La Fiscalía sostiene que esos reconocimientos fueron forzados. “Se puede aseverar que muy probablemente el procesado, como gobernador, direccionó algunas acciones en beneficio de la comunidad indígena, precisamente para eludir los señalamientos que se venían realizando de estar detrás de los homicidios de los kankuamos con los apellidos tantas veces referidos”, señala la acusación, que deberá ser resuelta por un juez especializado en los próximos meses.

Molina niega cargo

La defensa del exgobernador Molina dice que desmovilizados intentaron extorsionarlo y al negarse a acceder a esas presiones se empezaron a presentar ante la Fiscalía para acusarlo falsamente. También señalan que Molina, en las fechas en las que supuestamente se planeó el crimen, estaba en Bogotá.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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