Gobierno, firme con el fin de la Judicatura

Gobierno, firme con el fin de la Judicatura

Nuevo escándalo golpea a ese tribunal cuando se debate su eliminación. Alta influencia en Congreso.

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21 de febrero 2015 , 07:04 p.m.

A tres semanas de que se reinicien las sesiones del Congreso, y con ellas el arranque de la segunda vuelta del proyecto de equilibrio de poderes, que ‘borra’ del mapa jurídico al Consejo Superior de la Judicatura, ese tribunal enfrenta un nuevo escándalo por los ‘cortejos’ que magistrados estarían haciendo a congresistas para evitar su desaparición.

Aunque en la primera vuelta el Congreso votó por la eliminación y el propio ministro de Justicia, Yesid Reyes, cree es irreversible esa decisión, analistas advierten que ya en el pasado la Judicatura ha demostrado su capacidad de supervivencia a pesar de los escándalos.

De hecho, el exvicefiscal Wilson Martínez asegura que no ve un fin cercano de la Judicatura: “No creo que se vaya a acabar; con cuotas burocráticas y ofrecimientos podrían lograr que ese proyecto termine en el congelador”. Desde el 2002, ese tribunal ha sobrevivido a cinco grandes intentos de eliminarlo (incluido el referendo del 2003) y su influencia en el Congreso se demuestra con el poco avance de investigaciones contra sus magistrados a pesar de casos tan escandalosos como el ‘carrusel’ de pensiones en la Sala Disciplinaria. (Lea: 'Hace 15 días se decidió hacer 'lobby' en el Congreso': magistrado)

Al actual proyecto le restan cuatro debates, que se tendrán que dar antes del 20 de junio y en medio de la discusión de otras iniciativas claves para el Gobierno, como el Plan Nacional de Desarrollo y, además, en plena campaña para elegir mandatarios locales y regionales. Así, advierten los analistas, cualquier cosa podría esperarse.

El exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, que logró aprobar en el Congreso la reforma judicial del 2012 y la vio hundirse por los ‘micos’ que el Congreso le colgó a última hora, sostiene que el denunciado lobby es una prueba más de que la Judicatura debe ser eliminada. “Me parece que esas prácticas son inconvenientes, inoportunas y hasta desvergonzadas. Son una muestra patética de la falta de dignidad”, dice Esguerra.

Por su parte, el constitucionalista Juan Carlos Lancheros afirma que, aunque es legítimo que los funcionarios de la Rama judicial expresen su punto de vista sobre el proyecto, no pueden caer en la componenda política. “Es imposible aceptar que se usen recursos públicos para proteger intereses particulares”, advierte. A su vez, el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández sostiene que no ve tan fácil que se logre voltear el curso del actual proyecto.

Pero incluso si muere la Judicatura, señala el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, poco se avanzará si se mantiene en la Rama Judicial el sistema de nominación y elección que la politizó. “El proceso debe ser por concurso de méritos”, dice.

Los pecados de una corte polémica

1. Elección de magistrados

Expertos dicen que uno de los problemas básicos de la Judicatura parte de la manera como se eligen sus magistrados. En la Sala Administrativa hay seis plazas que surten, por cooptación, las altas cortes: dos salen de la Suprema, tres del Consejo de Estado y uno de la Corte Constitucional. Tienen calidad de magistrados a pesar de que no tienen jurisdicción y su poder burocrático es enorme. A su vez, en la Sala Disciplinaria se da una elección de origen netamente político: a los siete los terna el Presidente y los elige el Congreso, y esto da pie a que abogados que tienen trayectoria política y no jurídica terminen en una corte.

2. Poca eficacia de ejecución de recursos

La Sala Administrativa tiene como esencia servir de ‘gerente’ de los recursos de la Rama Judicial y garantizar así su eficiencia, independencia y transparencia.

Las cifras, sin embargo, no la favorecen. En promedio, la ejecución del presupuesto de inversión apenas llega al 60 por ciento, y el resto del dinero termina devolviéndose al Tesoro Nacional a pesar de las necesidades de muchos juzgados. En el reciente paro judicial, el más largo en la historia del país, la Judicatura no fue protagonista de la solución a pesar de que, sobre el papel, era a su sala Administrativa a la que le correspondía asumir ese papel.

3. Escándalo tras escándalo

Desde el 2007, la Sala Disciplinaria de la Judicatura empezó a ser cuestionada porque algunos de sus miembros, postulados por el gobierno de Álvaro Uribe, intentaron cerrar, vía tutela, varios procesos de la parapolítica. En el 2012 estalló el escándalo del ‘carrusel’ de pensiones, que llevó a que varios magistrados auxiliares multiplicaran sus jubilaciones gracias a cortos reemplazos en la Judicatura. En el 2013, uno de los magistrados cuestionados por esos nombramientos, Henry Villarraga, tuvo que renunciar cuando se conocieron sus llamadas con un coronel procesado por ‘falsos positivos’ y corrupción.

Entrevista
‘Justicia necesita menos magistrados y más gerentes’

El ministro de justicia, Yesid Reyes, cree que la desaparición del Consejo de la Judicatura no tiene vuelta atrás.

¿Qué información tiene sobre el ‘lobby’ denunciado?

El Gobierno recibió versiones de distintas fuentes de que habrían existido o estarían existiendo acercamientos con integrantes del Congreso para intentar persuadirlos de votar a favor de la permanencia del Consejo. No se sabe si hubo acuerdos al respecto.

¿Esos cargos a qué correspondían?

Se habla de la posible creación de nuevos cargos en la Sala Administrativa, no se trataría de los cargos de jueces para incrementar la planta permanente de la Rama.

¿Cuál es el principal argumento para acabar con la Judicatura?

La Sala Administrativa tiene la función de administrar toda la Rama, pero como quedó diseñada en la Constitución del 91 funciona como un tribunal, y sus funciones no son de naturaleza jurisdiccional. No se necesita una corte o un tribunal sino un órgano administrativo, necesitamos menos magistrados y más gerentes.

¿Si el Congreso decide no eliminar la Judicatura, el Gobierno optará por hundir el proyecto?

Estoy absolutamente convencido de que hay razones de peso para justificar la eliminación de la Judicatura. Aspiramos a dar un debate transparente, de ideas, de argumentos, para mostrar a la opinión pública la necesidad de transformar urgentemente ese tribunal, por el bien de la justicia colombiana.

EL TIEMPO

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