Lío por predios para puente de la madre Laura en Medellín

Lío por predios para puente de la madre Laura en Medellín

Propietarios de 102 viviendas no negociarían con Alcaldía. Casas serán expropiadas si no hay acuerdo

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20 de febrero 2015 , 06:55 p.m.

Diez días tendrían María Rosalba Valencia y su familia para desocupar la casa donde viven hace 40 años en el barrio Aranjuez San Isidro, nororiente de Medellín.

La razón radica en que su predio se necesita para la construcción del puente intraurbano más largo del país, el de la madre Laura, que será la solución para la movilidad de alrededor de un millón de personas.

Según afirmó, un funcionario de la Inspección de Policía de Aranjuez llegó a su casa con una orden de expropiación porque no tuvo un acuerdo económico con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidad que lidera el proyecto.

“El inspector aseguró que la casa pertenece a la EDU y que debemos reclamar el cheque de la venta, pero en ningún momento hemos arreglado con ellos”, narró.

Como ella, hay más de 100 familias que aún no han llegado a un acuerdo con la EDU. La mayoría protesta porque el dinero que les pagan por sus propiedades no es el justo. “No llega ni a la mitad del precio real”, añadió.

A Valencia le ofrecieron 26 millones de pesos por una vivienda de 50 metros cuadrados. “En el avalúo solo tuvieron en cuenta dos habitaciones y son tres. Con esa plata solo puedo pagar una cuota inicial”, dijo y, a la vez, aseguró que la Alcaldía le ofreció una vivienda de interés social que no se compara con su casa.

Al igual que ella, María Victoria Rojas tiene un plazo de 10 días para desocupar su casa, ubicada a menos de tres metros de la megaobra. La vivienda mide 180 metros cuadrados y le dan por esta 65 millones de pesos. “No estamos en contra del proyecto, pero no nos iremos hasta que no nos ofrezcan casas en iguales condiciones”, advirtió.

Otra de las inconformes es Martha Eugenia Yarce. Aunque a ella no le ha llegado notificación de expropiación, afirmó que no acordará con la Alcaldía porque con el dinero que le darán no le alcanza para comprar una casa digna.

“La EDU nos quiere desplazar, quitándonos lo que construimos durante toda la vida y pagamos con mucho trabajo”, agregó.

Más de 400 viviendas se necesitarán para realizar la megaobra de movilidad por donde circularán unos 30.000 vehículos cada día.

Las afectadas coincidieron en que la Alcaldía construirá en el barrio viviendas de interés social que beneficiará a 100 familias, pero que contando los que negociaron, son más de 400.

Entre tanto, Pedro Hinestroza, director de Gestión Predial de la EDU, aclaró que para construir el puente debían adquirir 420 predios, de los cuales negociaron 326. Lo que representa que quedan pendientes 104.

“Hasta el momento solo dos viviendas tienen orden de desalojo porque aunque se les consignó el dinero del predio no se han ido”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, la EDU no paga menos del valor comercial de las viviendas porque eso es ilegal, pero que tampoco pueden pagar un valor superior al real.

Por ello, contrataron a la empresa Valorar S.A. para que realizara los estudios. Las personas que no estén de acuerdo con el avalúo pueden enviar un derecho de petición para que la EDU lo repita.

De acuerdo con cifras de la entidad pública, el 30 por ciento de los propietarios ha realizado el procedimiento legal para que se haga un estudio.

El funcionario explicó que cuando un avalúo es inferior a 45 millones de pesos, el Municipio entrega a los propietarios un subsidio que le permite adquirir una vivienda de interés social dentro o fuera del sector.

“Entregaremos 142 subsidios que le costarán a la Alcaldía más de 4.000 millones de pesos”, precisó. Además, afirmó que trazaron un plan urbano en el barrio que tendrá 101 apartamentos de interés social, para reubicar algunas de las familias.

Igualmente, la Empresa promete compensaciones de unos 7 millones de pesos que incluyen trasteo, pagos de arriendos mientras compran vivienda, traslado de colegio de los hijos y pago por seis meses a personas que tenían actividad comercial dentro de sus casas.

Hinestroza añadió que adelantan un proceso que puede llegar a expropiación con las personas que faltan por negociar. “En caso de que no les interese cerrar la negociación voluntariamente, deberán desalojar porque el interés general prima sobre el particular”, advirtió.

Mientras tanto, los propietarios exigen que les paguen el valor real de los apartamentos para que no baje su calidad de vida. De lo contrario, vivirían en casas más pequeñas para ocho y nueve personas.

DEICY JOHANA PAREJA M.
MEDELLÍN

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