Así se ha vivido la caída de las regalías petroleras en los municipios

Así se ha vivido la caída de las regalías petroleras en los municipios

En poblaciones de Meta y Casanare hay preocupación por proyectos financiados con dinero de regalías.

19 de febrero 2015 , 08:49 p.m.

La caída de los precios internacionales del petróleo no solo trasnocha a las petroleras y al Gobierno, sino también a los municipios productores, que ven con preocupación el impacto de la nueva coyuntura en sus frágiles economías.

Es el caso de Castilla la Nueva (Meta) y de Paz de Ariporo (Casanare), dos de los 164 municipios productores que tiene el país y que, aunque no generan grandes volúmenes de crudo, sí se volvieron petroleodependientes. Ahora, cuando se están decantando los efectos de la crisis, sus alcaldes advierten la imposibilidad de cumplir con todos los proyectos que se financian con regalías.

“No nos han notificado cuánto será el recorte, pero hay preocupación porque dependemos en un 90 por ciento del petróleo”, asegura Édgar Fernando Amézquita, alcalde de Castilla. (Conozca los impactos por el bajo precio del petróleo)

Con 13.000 habitantes y el campo Castilla, que tiene una producción de 64.000 barriles diarios, Castilla la Nueva recibió el año pasado (cifras a noviembre) regalías directas por 11.532 millones de pesos, una mínima tajada de los 1,3 billones que en el mismo período se distribuyeron entre las regiones productoras.

En ese territorio muchos agricultores, ganaderos y palmicultores vendieron tierras y ganado para comprar modernas camionetas y luego alquilarlas a Ecopetrol, la operadora, y a subcontratistas. Por esto podían obtener hasta tres millones de pesos mensuales. (Lea: Prevén llenado de las capacidades de red de oleoductos)

Esas personas que se beneficiaron por cerca de 14 años de bonanza ya empezaron a quedarse de manos cruzadas con la decisión de la petrolera de reducir su plan de inversiones, que en el caso de Castilla, según Amézquita, significa pasar de la exploración de 160 pozos a apenas 60 en este 2015.

Es un problema que este jueves generó protestas en la población, donde más de 200 personas reclamaron trabajo. Sin embargo, el alcalde no ve otra opción que retornar a los cultivos y a la ganadería, cosa que no parece fácil en un municipio donde el 90 por ciento de los empleos están ligados a esa industria y donde un obrero se pone 1’800.000 pesos mensuales, cifra muy superior a la que puede ofrecer un finquero.

Pero el alcalde se enfrenta además a la incertidumbre de cómo sostener los programas de transporte y alimentación escolar que cubren a cerca de 5.000 niños y jóvenes y que se financian con regalías.

El municipio había proyectado para este año recibir por ese concepto entre 8.000 y 10.000 millones de pesos, de los cuales se destinarían 5.200 millones para los dos programas. (Además: Avianca, entre las 'bendecidas' con la baja cotización del crudo)

Sin embargo, con el momento actual esas proyecciones hacen agua. Los estimativos con precios por debajo de los 50 dólares el barril indican que, a lo sumo, contaría con la mitad de esos ingresos. Pero, con las restricciones de ley, apenas podría disponer nada más de un 20 por ciento.

“No voy a sacrificar el transporte ni la alimentación escolar, voy a sacrificar otros proyectos”, dice el mandatario, quien advierte que tendrá que echar mano de los recursos de libre destinación, los cuales también se verán castigados. “Es un efecto dominó. Si no hay desarrollo de la industria petrolera, habrá un bajonazo del 70 por ciento de los recursos de libre destinación”, advierte Amézquita.

Una encrucijada parecida tiene Paz de Ariporo, un extenso municipio de Casanare al que el auge del petróleo le llegó hace pocos años. La producción se estima en 3.000 barriles diarios, que le permitieron tener 3.637 millones de pesos de regalías directas a noviembre de 2014.

Ese territorio es compartido por cinco compañías, algunas de las cuales ya anunciaron que no pueden adelantar los proyectos con los que se habían comprometido con las comunidades. Una de las empresas debía financiar los diseños de una carretera, pero ahora, según el alcalde Édgar Bejarano, dice que no tiene plata. Otra anunció el cierre de sus locaciones y otra más les pidió a sus proveedores locales bajarles a los precios de los servicios.

Y, aunque oficialmente no ha sido informado, Bejarano teme que las compañías, con el argumento de que están recortando sus gastos, no realicen los trabajos para eliminar las zanjas que dejaron durante la construcción de la carretera Caño Chiquito-Centro Gaitán, que en invierno se llenan de agua y en verano se secan y se convierten en “trampas mortales” para los chigüiros.

Todo este panorama genera preocupación en este municipio con 45.000 habitantes y donde aún se ven llaneros montando a pelo (sin montura) sus caballos, pero cuya economía gira alrededor del petróleo.

“Si las compañías suspenden actividades exploratorias y proyectos, seguramente van a entrar en receso hoteles, restaurantes, transportadores, gasolineras, montallantas… todas esas gentes que vivían de las empresas contratistas ya no lo pueden hacer”, advierte Bejarano, quien agrega: “Y si no hay trabajo, la gente se trasladará a la zona urbana y acá hay unas obras, pero no hay cupo para todo el mundo”.

La crisis petrolera empezó a tocar a Castilla la Nueva y a Paz de Ariporo, dos municipios a los que el auge del oro negro les trajo algo más de recursos, pero no los suficientes como para, según sus alcaldes, responder con la mayor demanda de servicios públicos y vivienda, por la llegada foránea en busca de una chanfa, que se les convirtió en “una carga onerosa”.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

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