El fomento al revés

El fomento al revés

La 'contrapartida' subsiste como instrumento que desestimula lo que fomentan los países exitosos.

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19 de febrero 2015 , 07:28 p.m.

Este tema es una obsesión mía. No muy grave, pero sí tanto como para escribir cada cinco años sobre lo mismo. Se trata de cómo, aplicando una política a medias, se puede generar un efecto opuesto al deseado. De cómo un “ingenioso” cambio en el modelo puede arruinar la mejor iniciativa. De cómo para salir de un problemita se toman medidas en apariencia lógicas, pero que generan un inmenso problema hacia el futuro.

Un ejemplo clásico es el 'overhead' para la investigación. El término se podría traducir, imperfectamente, como “gastos generales” o “costos indirectos” de un proyecto. El 'overhead' fue impuesto por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, como una política para fomentar la ciencia; otros países lo adoptaron después. Su lógica es simple: al monto del proyecto que recibe el investigador la agencia financiadora adiciona un porcentaje (que ha variado entre 20 y 60 por ciento) destinado a la universidad o al centro de investigación donde él trabaja. Ese recurso adicional sirve para cubrir los costos de arriendo, agua, luz, teléfono y administración, pero también para mejorar las bibliotecas y los sistemas de cómputo, para renovar tecnologías y, en general, para construir un ambiente donde la creatividad se dé mejor.

Su éxito fue extraordinario. La comunidad académica creció y la calidad de la educación superior mejoró, impulsada por ese potencial económico nuevo y por el hecho de que el investigador se volvió atractivo. Las universidades empezaron a competir por los mejores, y esa competencia les significó a los investigadores más prestigio, mejores salarios y muchas otras satisfacciones. Se convirtieron en las estrellas consentidas de su institución.

En Colombia las cosas funcionaron diferente. Cuando se otorgaron los primeros préstamos del BID a Colciencias se estipuló, como era apenas natural tratándose de un préstamo externo, que el 'overhead' debía ser cubierto con recursos de la Nación. A nosotros, a quienes nos sobra el ingenio, se nos ocurrió (tal vez con buena voluntad, pero sin medir consecuencias) que esos costos de la Nación debía cubrirlos la entidad que había presentado el proyecto.

Así se convirtió el 'overhead' en una “contrapartida”. Aparentemente resultaba conveniente para el Gobierno: recibía el préstamo internacional y no tenía que invertir ningún dinero adicional. En la rendición de cuentas al BID, el aporte de las instituciones se presentaba como la contrapartida nacional.

Ese mecanismo, obviamente, tuvo otros efectos. Los investigadores, que pedían todo el tiempo contrapartidas, se convirtieron en una molestia para la Administración. La institución no recibía recursos adicionales por sus investigaciones, sino que debía pagar por ellas. Su potencial para presentar proyectos a Colciencias o a otra agencia financiadora externa se limitaba por la capacidad que tenía para ofrecer contrapartidas. Las universidades privadas debieron subir sus matrículas, y las públicas tuvieron que limitar sus inversiones en infraestructura y en modernización tecnológica para poder acceder a recursos externos de investigación.

Los más afectados fueron los centros autónomos de investigación (los que no dependen de un gremio o de una empresa). Esos centros, como el CIB, de Medellín; el CIF, de Bogotá, o el Cideim, de Cali, se ven obligados a un peligroso ‘jineteo’ para sobrevivir. Los costos indirectos de un proyecto deben ser financiados con el siguiente, en una situación riesgosa, que solo ocasionalmente ha sido aliviada con algún apoyo de Colciencias.

Los préstamos del BID se acabaron hace años, pero la “contrapartida” subsiste como un instrumento perverso que desestimula aquello que fomentan los países exitosos.

Moisés Wasserman
@mwassermannl

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