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Capturas por 'carrusel' de pensiones, el otro lío de la Judicatura

Capturas por 'carrusel' de pensiones, el otro lío de la Judicatura

Fiscalía alista detenciones de 2 exmagistrados auxiliares que usaron tutelas para obtener pensiones.

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Mientras sigue la polémica por la supuesta oferta de prebendas a congresistas a cambio de frenar la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, uno de los ejes del proyecto de reforma de poderes que entra a segunda vuelta legislativa, la Fiscalía tiene listas las primeras órdenes de captura por otro escándalo de esa corte: el ‘carrusel’ de pensiones. (Vea la infografía: Así funcionaba el 'carrusel' de pensiones)

Dos exmagistrados auxiliares de la Sala Disciplinaria de la Judicatura serán los primeros funcionarios del alto nivel que tendrán que responder penalmente por esa práctica, que le ha costado al Estado el pago de millonarias mesadas de jubilación obtenidas de forma irregular.

El caso de la juez quinta de Ibagué, Stella Ramírez Vargas, condenada a 21 años de cárcel por otorgar pensiones tramposas, es el eje de la investigación. Ella está presa porque falló irregularmente seis tutelas, entre ellas la del abogado Luis Francisco Melo Becerra, exdirector de la Rama Judicial en Neiva, quien recibió 531 millones de pesos “sin merecerlo”, según la acusación de la Fiscalía.

El caso se extiende hasta la sede principal de la Judicatura, en el Palacio de Justicia de Bogotá. Según el proceso contra Ramírez, ella favoreció también, “previo acuerdo remuneratorio con la funcionaria judicial y estando de acuerdo con el ilícito”, a dos magistrados auxiliares que trabajaron en los despachos de Ovidio Claros y Julia Emma Garzón, actuales magistrados titulares de la Sala Disciplinaria.

Uno de ellos es Dagoberto Antonio Barrios, quien trabajó 22 años en la Rama Judicial y que en el 2010 fue nombrado magistrado auxiliar en el despacho del magistrado Ovidio Claros Polanco, en donde solo estuvo cuatro meses y logró incrementar sustancialmente su pensión.

Barrios acudió a jueces de Bogotá durante el trámite de su pensión, pero fue la juez quinta de Ibagué quien ordenó al Seguro Social que lo jubilaran con su último sueldo y le pagaran un retroactivo que llegó a los 248 millones de pesos. Su mesada fue tasada en 10 millones cuando, según su historia laboral, debió recibir menos de la mitad de esa suma.

La Corte Constitucional revocó la decisión al considerar que fue reconocida mediante una tutela que “no tenía soporte legal e iba en contra de la jurisprudencia”. Los investigadores de la Fiscalía creen que esa fue la primera tutela con la que arrancó el ‘carrusel’ en el juzgado quinto de Ibagué.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que el otro magistrado auxiliar enredado en el caso, en el que se investigan los delitos de prevaricato, falsedad material, peculado y cohecho, estuvo asignado al despacho de la magistrada Julia Emma Garzón. En la investigación aparece como enlace de la juez Ramírez con el Consejo Superior de la Judicatura, en Bogotá, donde supuestamente le habían ofrecido el nombramiento como magistrada seccional, en retribución a sus fallos de tutela.

Por estos casos, la Fiscalía ya compulsó copias contra los dos magistrados titulares a la Comisión de Acusación. También pidió investigar al polémico exmagistrado Henry Villarraga, quien tuvo que renunciar a la Judicatura a finales del 2013 por otro escándalo.

Según dos abogados que estaban implicados en el caso, y que se convirtieron en testigos de la Fiscalía, la jueza Ramírez afirmó que sus contactos en Bogotá le habían asegurado que todo el plan estaba blindado para que no fueran descubiertos.

Los abogados se encargaban “de cuadrar el tema del reparto en adelante”. De hecho, en uno de los casos se evidenció que pagaron un millón de pesos para direccionar las tutelas al despacho de la juez.

Se investigan supuestas complicidades en entidades del Estado responsables del pago de pensiones y en las instancias judiciales de Ibagué encargadas de la asignación de casos, pues hubo manipulación para que las tutelas llegaran justo al despacho de la juez quinta.

Comisión de Acusación debe indagar denuncia: Minjusticia

Como no se necesita que el presidente Juan Manuel Santos interponga una denuncia para que la Comisión de Acusación de la Cámara abra un proceso, esta puede iniciar una investigación en el presunto ofrecimiento de prebendas a congresistas, de parte de magistrados, para evitar la eliminación de la Judicatura. Así lo considera el ministro de Justicia, Yesid Reyes.

El Ministro dijo que el Gobierno tiene información según la cual se pretendía crear cargos en la Judicatura, y que estos serían los que los magistrados estarían ofreciendo. “No serían cargos de jueces para incrementar la planta permanente de la Rama, sino cargos dependientes de la Sala Administrativa de la Judicatura”, afirmó Reyes.

Ayer, el magistrado Néstor Raúl Correa reveló que hace dos semanas, en una sesión plena de las dos salas de la Judicatura (la Disciplinaria y la Administrativa), se votó por hacer lobby para intentar salvar esa polémica corporación. “Con una votación 8-1, quedó acordado que se haría lobby en el Congreso de forma permanente. Yo me opuse y fui el único presente que votó en contra”, dijo Correa. Agregó que ese día no estaban presentes los magistrados Ovidio Claros y María Mercedes López. “Aunque no es un delito, no está bien visto que nos paremos en pasillos a esperar congresistas”.

El presidente de la Judicatura, el magistrado Wilson Ruiz, sostuvo que “se está haciendo una tormenta en una vaso de agua” porque, “asistir al Congreso a defender la entidad de la que hacen parte no es ilegal”. Afirma que no hubo una votación para hacer lobby, sino que se “acordó hacer presencia en foros y eventos para defender la institución”.

‘Eliminación de ese tribunal está decidida’

El presidente del Congreso, José David Name, responde sobre la denuncia del presidente Juan Manuel Santos en el sentido de que habría “cortejos a los congresistas” de parte de magistrados para evitar que se elimine el Consejo de la Judicatura en el proyecto de equilibrio de poderes que cursa en el Legislativo.

¿Qué opina de la denuncia del Presidente?

Les pido al Presidente y a los ministros de Justicia y del Interior que si ellos tienen nombres de magistrados y congresistas que se han reunido, que por favor los digan para que las autoridades investiguen, porque el rumor les hace daño a la justicia y al Congreso.

¿Usted no ha recibido ofrecimientos de ningún tipo frente este tema?

Nadie ha llegado a ofrecer nada a la presidencia del Congreso. Me he comunicado con varios congresistas y ninguno me ha informado que lo hayan llamado o le hayan ofrecido nada.

¿Sabe algo sobre reuniones entre magistrados y congresistas en un club del centro de Bogotá?

No he escuchado absolutamente nada. Ningún magistrado de la Judicatura se ha acercado a nosotros, además porque creo que está muy claro que en la reforma del equilibrio de poderes hay tres puntos que ya se acordó no modificar: la eliminación de la reelección, de la Comisión de Acusación y de la Judicatura.

¿Los supuestos ‘cortejos’ mostrarían una politización en la justicia?

Eso sería un acto de corrupción que debería castigarse de una manera ejemplar; pero, como le digo, es un rumor.

¿En qué estado está la eliminación del Consejo de la Judicatura en la reforma del equilibrio de poderes?

Igual a como fue aprobada en la Cámara en diciembre. Es decir, está eliminada la Sala Administrativa, tal cual como se presentó al Congreso.

¿Hay congresistas opuestos a que se suprima ese tribunal?

No le puedo dar esta información porque no la tengo conmigo, pero es pública y cualquiera puede consultarla.

¿Por qué se van a eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Acusación?

En el pasado hubo actos de corrupción en el Consejo Superior de la Judicatura, y la Comisión de Acusación hace mucho tiempo no acusa ni resuelve absolutamente nada sobre los aforados.

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