Justicia transicional y desminado

Justicia transicional y desminado

Lo importante de este espinoso asunto es que las víctimas se sientan reparadas.

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17 de febrero 2015 , 05:58 p.m.

Hechos recientes y muy significativos en relación con los diálogos con las Farc y la perspectiva de la culminación del conflicto armado ocupan la agenda de los analistas: la divulgación de las conclusiones a que llegó la Comisión Histórica del Conflicto, por doce eminentes académicos; la iniciativa del expresidente César Gaviria acerca de la justicia transicional para todos; los costos del desminado humanitario (unos cien millones de dólares), según el director del programa contra minas antipersonales; la convicción de que la negociación con las Farc está madura, de acuerdo para el jefe de Naciones Unidas, y hasta el fracaso de la gira de Álvaro Uribe y el Centro Democrático en su intento por desprestigiar el proceso de paz.

Por ahora nos detendremos en el planteamiento de Gaviria y en el tema del desminado. El documento publicado por EL TIEMPO, denominado ‘Justicia transicional para todos’, abunda en argumentos que ameritan cuidadoso estudio, ya que ofrecen al país y a la comunidad internacional salidas claras para dar por terminado el conflicto armado y no dejar cabos sueltos que generen mayores complejidades en el posconflicto.

En esencia, el proceso de paz nos permite delimitar un modelo de justicia que se convierta en cierre total de las venas y vasos comunicantes que nos han afectado durante más de 50 años. No es asunto para despachar a la ligera, como lo hizo el senador Alfredo Rangel, del Centro Democrático, al proclamar que “Gaviria, al igual que el Fiscal General, confunde justicia transicional con impunidad”. Con esta actitud podría propiciar que algunos seguidores de dicho partido queden marginados de este modelo de justicia, cuando se aborde la problemática de los auxiliadores del paramilitarismo y de los ‘falsos positivos’; perderían así una oportunidad histórica.

Como se ha sostenido en varias columnas, lo importante de este espinoso asunto es que las víctimas se sientan reparadas, exista verdad sobre los hechos relacionados con el conflicto armado y se den garantías de no repetición. El ‘diablo’ de la posible intervención de la CPI no tiene asidero alguno y no puede ser escollo para que construyamos nuestro propio modelo de justicia transicional.

En cuanto a las posibilidades del desminado humanitario y su astronómico costo, según las cuentas del general (r) Rafael Colón, es preciso lograr un acuerdo entre el Gobierno y las Farc para imprimirles mayor confianza a los diálogos y llevar tranquilidad a los 688 municipios sembrados con artefactos a punto de explotar.

Lograr que las Farc entreguen información sobre mapas, georreferenciación y cantidad de minas sembradas, y que coadyuven con la Fuerza Pública en el proceso de desminado con el acompañamiento de la comunidad internacional y las agencias comprometidas, le daría un contexto muy significativo y serviría para que muchos sectores de la opinión pública, hoy indiferentes a los diálogos de La Habana, ofrezcan el respaldo requerido.

También estaríamos demostrando que la paz pasa necesariamente por generar hechos que rediman a muchas comunidades de la afectación por el conflicto armado que ha derivado en una grave crisis humanitaria. Seguro que para atender los costos del desminado habrá apoyo de amplios sectores de la comunidad internacional, pero es claro que se requiere más voluntad política de la guerrilla para resolver esta urgencia.


Jaime A. Fajardo Landaeta

fajardolan@une.net.co
@JaimeFajardoLan

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