A situación migratoria en EE. UU. le espera un difícil camino jurídico

A situación migratoria en EE. UU. le espera un difícil camino jurídico

Unos cinco millones de indocumentados quedaron en vilo por la orden de juez, este martes.

notitle
17 de febrero 2015 , 04:15 p.m.

Millones de indocumentados en Estados Unidos quedaron este martes en un limbo jurídico luego de que un juez federal en Texas decidió suspender temporalmente los efectos de una orden ejecutiva firmada en noviembre pasado por el presidente Barack Obama, la cual ofrecía un camino para legalizar su situación migratoria.

La orden de Obama, muy criticada por el Partido Republicano, ponía freno a la deportación de unos 5 millones de personas –en su mayoría, ilegales con hijos nacidos en EE. UU.–. Así mismo, les ofrecía un permiso de trabajo por tres años siempre y cuando cumplieran con una serie de requisitos, entre ellos el pago de impuestos y demostrar no tener un récord criminal.

El pasado 6 de enero, los gobernadores y fiscales de 26 estados presentaron una demanda conjunta en la que alegaban, entre otras cosas, que Obama se había extralimitado cuando autorizó frenar las deportaciones de personas que se encontraban violando las normas migratorias.

Según estos, solo el Congreso, a través de una ley, está facultado para ofrecer este tipo de beneficios. En su dictamen, el juez federal Andrew Hannen no se pronunció sobre la legalidad –o ilegalidad– de la orden ejecutiva. Sin embargo, consideró que se deben suspender los efectos de esta mientras no se emita un veredicto final frente a la demanda elevada por gobernadores y fiscales.

“Ninguna ley le dio poder a la Administración para ofrecer una presencia legal a millones de ilegales. De hecho, lo que ordena la ley es que estas personas sean retiradas del país”, escribió Hannen en un memorando. Para Hannen, además, la Administración habría violado las normas de consulta previa que obligan al Gobierno a ofrecer un período de 90 días antes de adoptar una norma con repercusiones para los Estados.

El presidente Barack Obama afirmó que discrepaba del fallo y que espera que su Gobierno triunfe una vez que el asunto concluya su paso por los tribunales.

“La ley está de nuestra parte y la historia está de nuestra parte”, dijo. El Presidente sostuvo que el Gobierno cumplirá con la orden del juez y postergará la recepción de solicitudes de algunos de los indocumentados para evitar ser deportados y por permisos de trabajo, medidas que debían comenzar el miércoles. “Nosotros estaremos preparados para implementar esto completamente en cuanto los temas legales se resuelvan”, dijo Obama.

“Tanto la Corte Suprema como el Congreso han dejado claro que el gobierno federal puede definir sus prioridades a la hora de hacer cumplir las leyes de inmigración, y eso es lo que el Presidente ha hecho”, manifestó Josh Earnest, secretario de prensa de Obama.

El argumento de la Administración es que, al diferir las deportaciones, lo que está haciendo el Presidente es ejercer su derecho a decidir cómo se gastan los recursos que le ha autorizado el Congreso. Así como decide, por ejemplo, no arrestar –por imposible– a todas las personas que exceden el límite de velocidad en las carreteras del país.

Este fue el mismo concepto que utilizó en el 2012 para frenar la deportación de unos 750.000 ilegales que habían llegado a Estados Unidos siendo niños. O el que se aplica en los estados que han decidido legalizar la marihuana para usos medicinales o recreativos, pese a que la sustancia está prohibida en el ámbito federal.

La decisión del juez, en cualquier caso, cayó como un baldado de agua fría para millones de personas que a partir de este miércoles podían haber comenzado el proceso de aplicación para obtener los beneficios de la orden ejecutiva. De momento tendrán que esperar al menos unos tres meses, mientras transcurre el proceso ante la Corte de Apelaciones.

Si esta Corte, la mayoría integrada por jueces conservadores, le da la razón a Hannen, la Casa Blanca tendría que llevar el caso ante la Corte Suprema. Un escenario que podría tardar cerca de un año.

Paralelamente avanzaría la demanda de los gobernadores por el fondo del caso, que también se espera llegue eventualmente ante el máximo tribunal. Aun así, activistas en temas migratorios pidieron a los afectados tener paciencia y entender que Estados Unidos es un país de leyes.

“Nuestro mensaje a las familias y personas que se preparaban para la acción diferida es que no entren en pánico y sigan preparando sus papeles mientras eso se resuelve. Creemos que esto es solo un obstáculo”, dice Debbie Smith, de la Unión de Servicios Internacionales.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washinton

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.