Petro y Camacol, enfrentados por licencias en los cerros orientales

Petro y Camacol, enfrentados por licencias en los cerros orientales

El alcalde dijo que no permitirá allí un ladrillo más. Gremio exigió respetar derechos adquiridos.

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17 de febrero 2015 , 09:31 a.m.

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y la gerente de Camacol Bogotá-Cundinamarca, Martha Cecilia Moreno, se encuentran nuevamente enfrentados, esta vez, por cuenta de las licencias para construcción de nuevas viviendas en los cerros orientales.

El mandatario capitalino reiteró la posición del Distrito en el sentido de que no permitirá que se ponga un ladrillo más en esa reserva.

El pronunciamiento se hizo a raíz de que Moreno le pidiera a la Administración que acate el fallo del Consejo de Estado que delimitó la zona de la reserva forestal y reconoció los derechos adquiridos para quienes tramitaron previamente licencias de construcción legalmente para esa área de la ciudad. (Lea también: Han sellado 33 obras en los cerros orientales por falta de licencia)

El alto tribunal, a partir de noviembre del 2013, cuando expidió el fallo, prohibió tanto nuevas edificaciones en el llamado también bosque oriental de la ciudad,como la minería y consideró que las viviendas allí levantadas en la reserva no se derribarían. A cambio, los dueños tendrán que pagar un impuesto ambiental.

Pero las diferencias han surgido por nuevas construcciones proyectadas en esta franja oriental, como Cerro Verde,  y en las áreas urbanas al humedal La Conejera.

La gerente de Camacol manifestó que el sector de la construcción “necesita la seguridad y la certeza jurídica no solo con la normatividad, sino con el cumplimiento de las decisiones judiciales. Lo que pedimos es que se acate de manera integral el fallo del Consejo de Estado, que se respeten los derechos adquiridos con las licencias concedidas”.

Agregó que la sentencia al delimitar el área protegida de los cerros y la franja de adecuación (que es el espacio que quedó entre el límite de la reserva protegida y lo que entró a ser suelo y borde urbano) indicó que “las licencias que se obtuvieron legalmente y con motivo del trabajo que se hizo entre públicos y privados, para mitigar el daño causado a la reserva por las invasiones y la minería se respetarían”. (Lea también: Hábitat demandará licencia de construcción de Cerro Verde)

En ese grupo de licencias está el proyecto de Cerro Verde, en la transversal 2 este 67- 50, donde se busca construir 200 viviendas.

“De la misma manera como se respeta el derecho constructor a ejecutar la licencia cerca al casco urbano de La Conejera, de igual forma se debe respetar el derecho a los constructores que obtuvieron su licencia en el casco urbano cerca a los cerros orientales”, puntualizó la gerente de Camacol.

En relación con este proyecto urbanístico, la Secretaría de Hábitat ha anunciado que demandará ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la prórroga de su licencia de construcción, expedida por la Curaduría 4 de Bogotá, en junio del año pasado.

Esta decisión la tomó luego de que la Comisión de Veeduría de las Curadurías, conformada por representantes de Hábitat, la Personería de Bogotá, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Sociedad Colombiana de Ingenieros evaluaron el trámite de expedición de la prórroga de la licencia del proyecto.

Hábitat le pidió, además, a la Alcaldía de Chapinero suspender preventivamente las obras que se inicien, porque un concepto de Planeación indica que la zona no es apta para construir.

Petro, sobre el particular, dijo que los constructores arguyen tener licencias que les permitirían construir en esta zona, “pero el Distrito ha encontrado que estas no existen, perdieron su vigencia o son fraudulentas. Incluso, una curadora fue destituida por ello. En esa medida, la posición del Distrito es que en los cerros orientales no se pone un ladrillo más”.

Pero la constructora del proyecto de Cerro Verde ha alegado que en el 2006, cuando inició el trámite de prórroga de la licencia ante la Curaduría 4, hicieron las obras de excavación y adecuación, y las suspendieron con las medidas cautelares que prohibieron las nuevas construcciones en esos terrenos protegidos. (Lea también: La historia de Carrizosa, un 'custodio' de los cerros orientales)

En cuanto a las obras de urbanismo, que para Planeación no fueron ejecutadas, ni materializadas o entregadas a la ciudad, la empresa argumentó haber entregado, desde 1997, obras de cesión de terrenos recuperados y reforestados, donde antes había canteras que contaminaban las fuentes hídricas.

Lupa a otro proyecto urbanístico

Otro proyecto urbanístico que ha revivido el enfrentamiento entre el Distrito y Camacol es el de Monterrosales, en la avenida Circunvalar con calle 85, al sur del Colegio Nueva Granada.

Las firmas constructoras que impulsan este  proyecto dijeron que obtuvieron cinco licencias en los años 1999, 2001, 2002 y 2004, y que incluso les compraron sus predios a 350 familias que vivían en la zona.

Además, que incursionaron en esa franja por invitación que les hizo el Distrito mediante decreto, en 1996, para recuperar terrenos que en los cerros estaban invadidos y así lo hicieron.

La Curaduría Urbana No. 2 les negó recientemente una solicitud para culminar obras en el terreno, mientras que las citadas licencias obtenidas están bajo la lupa de la Comisión de Veeduría de las Curadurías.

Para Petro, el gremio de la construcción debería más bien mirar los 2 millones de metros cuadrados que pueden edificar en el centro de la ciudad y que están sin utilización. "En lugar de pedir que los dejen construir en la reserva forestal,  ¿por qué no les piden a los constructores en defensa de la ciudad que todo ese poco de edificios desocupados que hay en el centro, en la carrera Décima, puedan ser remodelados y puestos en venta como vivienda, oficinas y comercio? Allí sí recibiríamos un gran beneficio para la ciudad", manifestó.

En cambio, Moreno expresó que "es deber de las autoridades públicas actuar de manera coherente y consecuente con las normas existentes, de manera que quienes tienen previsto desarrollos en zonas que la ley lo permite, no se vean sorprendidos con acciones contrarias a sus expectativas, legítimamente fundadas en el principio de confianza dadas por las decisiones estatales y judiciales".

BOGOTÁ

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