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Cajas de compensación quieren llevar servicios a trabajadores rurales

Director de Misión Rural dice que han demostrado ser eficaces en prestación de servicios sociales.

Es necesario encontrar la forma en que el Estado colombiano puede utilizar a las cajas de compensación familiar como “agentes de la política social, como ya lo ha hecho en varios casos”, y cómo pueden hacerlo en las zonas rurales colombianas.
El llamado lo hizo el varias veces ministro y actual director de la Misión Rural, José Antonio Ocampo, quien dijo que las cajas han mostrado ser unas instituciones eficaces para prestar una gran cantidad de servicios a los trabajadores.
Esa labor, sin embargo, ha estado limitada a los trabajadores formales, que se desenvuelven en las áreas urbanas, pero ahora tendrían el reto de llegar con su conocimiento y experiencia a la ruralidad colombiana y, dijo Ocampo, como parte del ejercicio de paz del país.
Dentro de la iniciativa del gobierno de Juan Manuel Santos y de su ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, de focalizar la actividad de las cajas de compensación, y el objetivo de la Misión Rural de recomendar políticas públicas para el desarrollo del campo, el también exdirector de Planeación Nacional ha emprendido un diálogo con diferentes sectores, entre estos las cajas de compensación.
Ocampo es un convencido de que las cajas pueden extender sus servicios sociales a la ruralidad colombiana, “donde no ha primado el trabajo formal y, por lo tanto, la afiliación al sistema (de las cajas) es muy bajo”.
No obstante, reconoce que, de aceptar ese desafío, las cajas enfrentan dos grandes dificultades: la primera es el altísimo grado de informalidad en el campo colombiano, cuya mayor parte de ocupados son trabajadores por cuenta propia (campesinos independientes) de muy bajos ingresos, que no pueden cotizar.
El segundo obstáculo, indicó el profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York), es de localización y la gran dispersión de sus potenciales beneficiarios, pues, explicó, hay ciertos servicios que requieren de determinada escala para prestarlos, como los de mercadeo, pero podría mirarse la viabilidad en áreas como nutrición o capacitación, entre otras.
La respuesta de Asocajas (gremio de las cajas de compensación) fue inmediata: el presidente de su junta directiva, Armando Garrido, dijo que sus asociados “tienen la voluntad y están en capacidad de ampliar su cobertura al sector rural, pero hay que flexibilizar la normatividad”.
Como ejemplo de flexibilización normativa, Garrido mencionó la cuota monetaria, la empresarialidad y el emprendimiento, los subsidios para vivienda social, que han sido pensadas para los trabajadores formales de las zonas urbanas y no para el campo.
En el diálogo con Ocampo, un asesor de Asocajas insistió en la necesidad de que el aporte del 4 por ciento sobre la nómina que hacen las empresas se destine a los trabajadores afiliados; actualmente, dijo, cerca de un billón de pesos va a la atención de poblaciones no afiliadas (niñez, desempleo, salud). Esta obligación, agregó, debería ser asumida por el Gobierno.
Una sentencia a su favor
Este lunes, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 81 de la Ley 1687 del 2013, que incorporó los aportes parafiscales de las cajas en un presupuesto que debía contar con la aprobación del Confis.
El presidente de Asocajas, Álvaro José Cobo, celebró el fallo de la Corte que –dijo– confirma que las cajas no pueden ser estatizadas, ni incluidas en normas relacionadas con el presupuesto general de la nación y/o presupuestos públicos, dada su naturaleza jurídica privada, así como la prestación social llamada subsidio familiar que ellas administran.
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