Tres 'pecados' de la justicia en el caso de los niños de Caquetá

Tres 'pecados' de la justicia en el caso de los niños de Caquetá

Aunque autoridades se movieron rápido para encontrar responsables, no pasa igual en otros crímenes.

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16 de febrero 2015 , 04:28 p.m.

Pese a que la acción coordinada de la Dijín de la Policía y la Fiscalía en el caso de los niños asesinados en Florencia ha sido emblemática –los señalados autores materiales e intelectuales fueron identificados, capturados y procesados en poco más de diez días desde el crimen-, el caso es reflejo también de las graves fallas del sistema judicial colombiano. (Lea también: A sicarios de cuatro niños en Caquetá les ofrecieron $ 1 millón y lote)

Un primer punto es que, sin escándalos o presión de la opinión pública o de sectores con alta influencia, los casos difícilmente rompen la impunidad. Eso pasó el año pasado en el caso del asesinato en un ‘paseo millonario’ del agente de la DEA James ‘Terry’ Watson, que también en una operación rápida e impecable llevó a la captura de los asesinos y a su envío, meses después, ante la justicia norteamericana. En contraste, otro crimen de las mismas características, el de la profesora Mónica Bravo, completa casi tres meses sin avances.

Cristopher Chávez, el hombre que según la Policía disparó contra los cuatro niños, tenía una condena de 27 años por un caso anterior de asesinato en el que también fue responsable de violación y desaparición forzada. Como lo reveló este diario este domingo, salió tras apenas 10 años porque logró rebajar pena con certificaciones que le ponían o estudiando o trabajando días que no correspondían. Quedó libre en abril del 2013 y desde ese momento, dicen las autoridades, no dejó de delinquir.

Cristopher Chávez Cuéllar, de 42 años, fue capturado el sábado. Es investigado por la masacre de cuatro niños en Caquetá.   Foto: Leo Medina / EL TIEMPO.

De entrada, se plantean las siguientes dudas: ¿Cómo un individuo con semejantes antecedentes obtiene una rebaja de pena de las dos terceras partes? Además, ¿en dónde queda el papel resocializador que, sobre la mesa, deben cumplir las cárceles frente a todos los internos?

Igualmente, en el caso de la familia Vanegas Grimaldo quedó en evidencia que las autoridades no actúan a tiempo frente a las denuncias de los ciudadanos. La familia entabló dos denuncias, en diciembre del año pasado y en abril del 2013, por el acoso y las amenazas que estaba sufriendo. También hubo tres querellas en los últimos dos años. Sin embargo, ninguna autoridad intervino efectivamente para ponerle coto a una disputa por terrenos que, además, son del Estado porque están en una zona de reserva. (Lea: Vecina de los niños del Caquetá sería autora intelectual de masacre)

JUSTICIA

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