'Tres de cada diez desplazados están en pobreza extrema': Contraloría

'Tres de cada diez desplazados están en pobreza extrema': Contraloría

La Contraloría presentó la Primera encuesta del organismo de control sobre la ley de víctimas.

16 de febrero 2015 , 11:41 a.m.

Uno de los principales resultados de la encuesta muestra, según el Contralor Edgardo Maya, que "el goce efectivo de derechos de los desplazados todavía es precario", dijo.

Afirmó que "eso no significa que la gestión del Gobierno sea negativa, pues sus esfuerzos son importantes. Lo que sucede es que el conflicto no ha terminado. Las víctimas son más que las que el Gobierno previó en el 2011", reiteró.
Según la encuesta, la población desplazada que vive en la indigencia es el 35,5 del total de encuestados.

Por su parte, la población pobre desplazada, dijo Maya, es el 80 por ciento del total de víctimas encuestadas.
"Las brechas creadas por el despojo son enormes y generan desigualdad pues el 11,9 por ciento de colombianos ha sido desplazado".

Cabe tener en cuenta que, según una encuesta realizada por el Dane a 112.406 desplazados para la Unidad de Víctimas, al menos seis de cada diez desplazados, viven en condiciones de pobreza y que tres, de cada diez, están en la pobreza extrema.

El Contralor aseguró que "los resultados muestran la necesidad de actualizar el plan financiero de la ley de víctimas y buscar nuevas fuentes de financiamiento", esto, dijo Maya, porque el Conpes tuvo en cuenta a un universo de 3 millones de desplazados, pero hoy los registros muestran que hay más de 6,3 millones de víctimas de este delito.
El Contralor advirtió que la encuesta deja en evidencia la "gravísima situación socieconómica de los desplazados, medida en términos de pobreza, marginalidad y acceso a servicios".

Además afirmó que "direccionar a las víctimas la misma oferta con la que el Gobierno quiere superar la pobreza para la población no víctima tiende a invisibilizar las necesidades diferenciales de los desplazados".

La encuesta se realizó en noviembre del 2013 y tiene un alcance nacional. Fueron más de 10.000 encuestas que se tomaron en seis regiones, en las 11 ciudades más receptoras de desplazados.

El estudio muestra que el quince por ciento de grupos familiares encuestados no está inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV). Maya dijo que este subregistro se da porque "las instituciones del Estado no tienen en cuenta las barreras de acceso, económico, geográfico, cultural y las condiciones de seguridad de las víctimas".

El 78 por ciento de los hogares que no están incluidos en el RUV nunca han denunciado los hechos por los que fueron víctimas. "Hace falta recorrer un camino muy grande para publicitar la ley y garantizar las condiciones de seguridad para que los desplazados denuncien", dijo Maya.

Maya dijo que frente a las ayudas humanitarias a desplazados, aunque este beneficio ha venido creciendo, la encuesta muestra que solo el 34 por ciento de víctimas recibió al menos una ayuda cuando ocurrió el desplazamiento.

Frente al despojo de tierras, la Contraloría evidenció que el 82 por ciento de personas que dejaron sus tierras perdió su trabajo o su capacidad de generar ingresos, el 76 por ciento perdió bienes, el 40 por ciento la vivienda y el 38 por ciento abandonó sus tierras.

Esto significa, dijo Maya, que 502 grupos familiares de los 1,3 millones de familias desplazadas fue la que perdió su tierra y debe ser restituída.

En total, en el país hay 7 millones de hectáreas despojadas, advirtió. En tres años las hectáreas despojadas crecieron 445.000.

Otro de los resultados indica que el 93 por ciento de los desplazados no quieren retornar.

Con estos resultados Maya advirtió que "si bien el país ha avanzado en la atención a desplazados, todavía es prematuro el levantamiento del Estado de cosas inconstitucional que declaró la Corte en el 2004" e invitó al Gobierno a diseñar un nuevo Conpes para el financiamiento de esta ley.


JUSTICIA

 

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