¿Cuándo se acaba la infancia?

¿Cuándo se acaba la infancia?

El asunto es corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.

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15 de febrero 2015 , 11:54 p.m.

Aunque, desde 1989, la Convención de los Derechos de los Niños de la ONU acordó considerar “niños” a los menores de 18 años, la discusión sobre reclutamiento infantil no puede reducirse al regateo de un año con las Farc para determinar si la infancia termina a los 17 o los 18. Más allá de aceptar su compromiso de abstenerse de reclutar menores o de exigir su devolución, como si se tratara de fusiles, conviene comenzar por reconocer que la infancia no existe para muchos niños colombianos, o se acaba de un tajo. A la luz de los casos conocidos en las últimas semanas, la expresión es dolorosamente literal.

Para nadie es un secreto que alrededor del 40 % de los miembros de las Farc y de otros grupos ilegales son menores de 18 y, aunque resulte difícil creerlo, la mayoría se enroló “voluntariamente” (a falta de más opciones). El promedio de edad de reclutamiento ilegal está entre los 12 y los 13, dependiendo de las preferencias de los grupos armados, y los estudios señalan que cerca del 50 % de los reclutados vio o vivió masacres, desplazamientos o asesinatos de familiares antes de enrolarse.

Esos niños, a la vez víctimas y victimarios, son codiciados por la guerrilla, los paramilitares y las bandas criminales, no solo porque caben en cualquier parte, conocen mejor que nadie sus regiones y pueden ser más ágiles y flexibles –de cuerpo y mente–, sino porque aprenden pronto cualquier lección que quieran enseñarles. Por el lado de las niñas, las opciones tampoco difieren demasiado: embarazarse y huir con un actor armado puede ser más atractivo que cuidar hermanitos o ser víctimas de abuso sexual en sus hogares, y la familia y la escuela no siempre funcionan como instancias protectoras, pues afrontan las mismas condiciones de ilegalidad o de miedo.

Además de esta mezcla de pobreza, violencias y falta de opciones, las razones para enrolarse en un grupo armado se relacionan con ese coctel de dinero, armas y supuesta “virilidad/autoridad”, alrededor del que se perfilan las identidades juveniles. Aquellas motivaciones típicas de la adolescencia como la sed de aventuras y de riesgos, la búsqueda de adultos “fuertes” que sirvan de modelos y la necesidad de pertenencia a un grupo se conjugan con los vacíos dejados por el Estado, la escuela y la familia. Es esa carencia de opciones educativas, culturales, artísticas y deportivas, esa ausencia de modelos y de límites, la que convierte a los actores armados en objetos de imitación y protección.

Beatriz Linares, la abogada que dedicó parte de su vida a construir marcos jurídicos para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y que murió cuando más la necesitaba este país, insistía en la urgencia de crear entornos protectores para transformar los lugares inseguros mediante redes institucionales y sistemas de alerta que aseguraran la denuncia y la actuación ante la vulneración de derechos, pero, sobre todo, que convirtieran la atención integral de la infancia en la estrategia más potente de prevención del reclutamiento.

Sus palabras, hoy más vigentes que nunca, insistían en ver el reclutamiento ilegal como el último eslabón de una cadena de omisiones en la atención de los niños. O, para formularlo en términos positivos, se diría que a mayor garantía de derechos, menor es el riesgo de reclutamiento. En ese sentido, el asunto no puede delegárseles a las Farc, sino que es corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, según dicen nuestros marcos constitucionales y legales. El desafío es garantizar que la institucionalidad funcione en todos los niveles para evitar que llegue póstumamente a llorar y a castigar sobre la infancia asesinada.

Yolanda Reyes

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