Los 'pecados' del contrato del puente peatonal de la carrera 11

Los 'pecados' del contrato del puente peatonal de la carrera 11

Entrega de la obra, que colapsó hace 15 días, se prorrogó cuatro veces. Contraloría indaga.

notitle
14 de febrero 2015 , 08:36 p.m.

¿Podía la construcción de un puente peatonal que comunica a dos instalaciones militares, pero que atraviesa una vía pública, ser considerada un asunto de seguridad nacional?

Interrogantes como este son algunos en los que trabaja la Contraloría, en medio de la investigación que adelanta por el colapso, hace dos semanas, del puente peatonal de la carrera 11 con la calle 103, que el Ejército contrató de manera directa con la firma Construcciones Tecnificadas S.A.S. (Constructec). Según el contrato, se trató de una “obra pública, relacionada con la defensa y seguridad nacional, y la seguridad de las instalaciones militares”. (Lea también: Por caída de puente, hubo 42 lesionados)

La jefatura de Ingenieros del Ejército justificó la obra afirmando que la ampliación de la carrera 11, en el norte de Bogotá, ha “afectado la estructura interna del Cantón Norte”, por lo que tuvieron que reubicar varias unidades militares. El contrato dice que el puente peatonal es necesario para comunicar a la Escuela Superior de Guerra con el Liceo Patria.

El puente se cayó el primero de febrero pasado cuando la constructora probaba su resistencia no con peso muerto, sino con soldados, ninguno de los cuales sufrió lesiones de gravedad. Aunque no ha recibido la obra, el Ejército pagó por ella por adelantado. Así, en septiembre del 2013 le entregó al contratista la mitad del los casi 3. 200 millones que costó el contrato, y en los meses siguientes entregó nuevos adelantos hasta llegar al 99,5 por ciento del valor. Eso, a pesar de que Constructec llevaba más de un año de retraso en la entrega del puente peatonal. (Lea: ¿Por qué se cayó el puente peatonal de la carrera 11 con 103?)

“Aunque la entrega del puente fue prorrogada cuatro veces y el Ejército ya había evidenciado los incumplimientos, deciden pagarle a Constructec por una obra que nunca cumplió su finalidad”, cuestiona una fuente de la Contraloría que investiga el caso. El contrato debía ejecutarse en tres meses, pero han pasado 17. El 29 de diciembre del año pasado era el último plazo dado por el Ejército, pero la firma tampoco cumplió.

El presunto daño patrimonial podría ser aún mayor teniendo en cuenta que el puente cayó sobre la carrera 11, destruyendo parte de la vía pública. El cierre de la vía entre las calles 100 y 106 sigue teniendo colapsada la movilidad en el sector. Demoler el puente y despejar la zona para reabrir la vía tardaría más de tres semanas, según las autoridades. (Lea: Ejército afirma que fue una ligereza usar soldados para probar puente)

Según los hallazgos preliminares de la Contraloría, dos de las cuatro prórrogas “no estuvieron debidamente justificadas ni se relacionaron con situaciones de fuerza mayor”. Así, el contratista aseguró que tenía dificultades para obtener permisos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), pero, por tratarse de una obra interna, ese trámite no era necesario. Además, el contratista incluyó en el valor general de la obra esos trámites. La Contraloría verifica “si el contratista presentó inicialmente el diseño de un puente que tenía unos requerimientos técnicos especiales, pero terminó haciendo una obra totalmente distinta”.

Contrato directo

El colapso del puente del Cantón Norte volvió a poner en la mira los contratos directos reservados de las Fuerzas Armadas, que según los organismos de control se han convertido en un mecanismo para evadir las licitaciones públicas incluso en obras absolutamente inocuas para la seguridad nacional.

De hecho, el Consejo de Estado, en sentencia de mayo pasado, empezó a impartir órdenes para evitar esa situación, que considera lesiva para la transparencia pública y para la defensa de la plata de todos los colombianos.

Según ese tribunal, la contratación directa por seguridad nacional deber ser “excepcional” y totalmente justificada. Por eso, suspendió la vigencia de un decreto que les había dado vía a ese tipo de contratos casi en cualquier situación relacionada con la Fuerza Pública. La Contraloría dice que incluso si no se hubiera optado por una licitación abierta, se podían haber evaluado “por lo menos las ofertas de más oferentes frente a una construcción que no presentaba mayores retos arquitectónicos.

JUSTICIA
Justicia@eltiempo.com

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.