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El agrónomo que, con tutelas, busca una megapensión de congresista

Ha acudido a seis acciones jurídicas para tener una pensión de 15,4 millones de pesos.

EL TIEMPO
El ingeniero agrónomo Jorge Alfonso Rojas completa el próximo mes 10 años insistiendo, por medio de tutelas, para que lo pensionen como congresista, aunque solo estuvo como representante a la Cámara durante tres años y medio.
Él quiere tener una jubilación de 15,4 millones de pesos mensuales y que le paguen un retroactivo cercano a los mil millones de pesos. Desde el 2005 hasta la fecha, este hombre, que trabajó por más de 20 años en Bayer, ha tramitado seis tutelas para tener mesada de excongresita.
Pero el Fondo de Pensionados del Congreso (Fonprecón) insiste en que, legalmente, no cumple los requisitos para ello.
Si bien Rojas hoy no tiene esa jugosa mesada, no todo ha sido pérdida para él. En su trasegar por los despachos judiciales, en el 2008 consiguió que un juez le autorizara su jubilación de congresista –que tuvo por unos cuantos meses– y que le girarán 1.000 millones de pesos de retroactivo.
Rojas inició su sueño de una megapensión en diciembre del 2004, cuando Fonprecón se la negó, pues solo acreditó 14 años y 11 meses de servicio público. Y para suplir el tiempo restante pretendía certificar 4 años de servicios con dos textos de enseñanza. Sin embargo, Fonprecón consideró que los libros no cumplían con los requisitos legales para su validación.
Ante esto, instauró una tutela en un juzgado de Bogotá, la cual fue negada, decisión que confirmó el Tribunal Superior de Bogotá. Luego, acudió a un juzgado de Zipaquirá, que también se la negó, con el posterior aval del Tribunal de Cundinamarca.
Pero la suerte le sonrió en octubre del 2008, cuando el juzgado 37 penal del Circuito de Bogotá decidió que había que pensionarlo como congresista. Fonprecón no tuvo otro remedio que acatar la decisión judicial, incluirlo en su nómina y pagarle un retroactivo de 1.000 millones de pesos.
Sin embargo, en marzo del 2009 el mismo juzgado decretó la perdida de vigencia del fallo, pues no interpuso un recurso que exigía la decisión judicial. Fonprecón aún intenta recuperar la plata que le dio a Rojas.
El excongresista no se conformó con la derrota judicial y en el 2012 volvió con una nueva tutela, pero el juez la rechazó por temeraria. En diciembre del 2013 promovió una quinta, que le fue fallada a favor, pero fue negada por el Tribunal Superior de Bogotá.
Finalmente, en octubre del año pasado, en pleno paro judicial, logró que el juez 50 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá le aceptara sus requerimientos. Ordenó que Fonprecón pensionara a Rojas y le pagara un retroactivo por lo que le habían dejado de cancelar desde el 2008, cuando se le giró el primero.
El Fondo aplicó la sentencia C-258 del 2013 de la Corte Constitucional, que fijó un tope de 25 salarios mínimos para las pensiones del Estado, y lo señalado por el Acto Legislativo 01 de 2005, que determinó que la liquidación se hará teniendo en cuenta el promedio devengado durante los 10 últimos años por la persona. Al realizar estas cuentas, la mesada del ingeniero agrónomo quedó en 5,8 millones.
En lo que tiene que ver con el retroactivo, el valor calculado para entregarle al exrepresentante fue de 864 millones, pero Fonprecón advirtió que si tiene que pagárselos, por derecha comenzará a descontarle los mil que ya tuvo que entregarle en el 2008.
Desacato
Pero el pasado 13 de enero ese mismo juez consideró que las directivas del Fondo habían incurrido en un desacato. No estuvo de acuerdo con la liquidación de Fonprecón.
El juez, entonces, ordenó para la directiva del Fondo un arresto de dos meses y el pago de una multa equivalente a seis salarios mínimos mensuales.
Sin embargo, el pasado 30 de enero el juez 23 penal municipal, en cuyo despacho se había impugnado la tutela, revocó ese fallo y señaló que las tutelas presentadas por Rojas hicieron tránsito a cosa juzgada.
Por ahora, Rojas, quien tanto ha bregado por mejorar su mesada, se quedó con la pensión en el limbo.
Qué dice la Ley 50 de 1886
La Ley 50 de 1886 fijó reglas sobre concesión de pensiones y jubilación.
Estableció que la producción de un texto de enseñanza o su publicación, siempre y cuando el autor o editor no haya recibido auxilio del Tesoro Público, “equivaldrán respectivamente a dos años de servicios prestados a la instrucción pública”.
Si bien este artículo ya fue derogado, sirvió para que más de 30 excongresistas se aprovecharan de él para sumar años para su jubilación.
EL TIEMPO
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