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Las investigaciones que tienen en jaque a la primera dama de Perú

Nadine Heredia afronta dos procesos preliminares por lavado de activos y tráfico de influencias.

La primera dama de Perú, Nadine Heredia, está contra la pared. Todo se debe a que está siendo investigada por partida doble en el Ministerio Público por presuntos delitos de lavado de activos y contra la administración pública, entre los que está el tráfico de influencias.
Estas investigaciones llegan en un momento de gran tensión entre la oposición y el gobierno del presidente peruano Ollanta Humala, quien es cuestionado por el mal manejo económico del país y quien tiene una popularidad que sigue en caída libre, pues ya alcanzó un 68,7 por ciento de desaprobación de su mandato, según la encuestadora CPI. (Lea también: Renuncias evidencian crisis en gobierno de Ollanta Humala)
La primera de las investigaciones contra Heredia –reabierta después de haber sido archivada en el 2010 por falta de elementos de juicio– es por el caso de los 210.000 dólares que recibió en su cuenta bancaria entre el 2006 y el 2009, durante las campañas presidenciales en las que participó su esposo, una suma que la primera dama no habría podido explicar.
En ese entonces se investigaron los depósitos que Heredia recibió de parte de su hermano Ilán, de 27 años –que no tenía una profesión reconocida para justificar ingresos económicos– y otras transacciones realizadas desde Venezuela.
En su declaración, la primera dama presentó tres contratos de trabajo para justificar sus ingresos, uno de ellos por 90.000 dólares con una empresa de Martín Belaunde Lossio. Un segundo contrato fue firmado con el padre de Belaunde Lossio, Arturo Belaunde Guzmán, por una suma de 51.840 dólares; y el tercero correspondía al acuerdo con el diario venezolano The Daily Journal, por el que recibía un promedio de 4.000 dólares mensuales.
A este caso por presunto lavado de activos se acaba de sumar una nueva investigación por los vínculos de la primera dama con Belaunde Lossio. Junto con Heredia también son investigados cuatro congresistas del partido de gobierno, un exfuncionario del Instituto Peruano del Deporte, Belaunde Lossio y su exesposa por supuestos delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión, tráfico de influencias y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado.
Contratos con el Estado
Heredia es acusada de haber ayudado a Belaunde a obtener contratos empresariales con el Estado y se estima que serían al menos cuatro empresas vinculadas con él que habrían logrado contratos con el Estado peruano por unos 1.000 millones de dólares.
Y por si fuera poco, investigaciones periodísticas pusieron en tela de juicio la adquisición en 2013 de dos inmuebles (un apartamento y una casa) por parte de la madre de Heredia, Antonia Alarcón, quien negó irregularidades en la compra de los bienes, aduciendo que las realizó con dinero de sus ahorros.
El oficialismo considera exageradas todas estas acusaciones, pues en ambos casos el común denominador es que no están comprometidos recursos públicos, sino dinero de procedencia privada.
Pero cómo explicar esta crisis política que ha tenido en Heredia uno de sus puntos más sensibles. Para el analista político Carlos Reyna, en principio, se debe entender que hay una polarización muy marcada y con mucho estruendo mediático entre el Gobierno y las dos principales fuerzas de oposición: el Apra y el fujimorismo.
“Hay un tema general en todos los partidos opositores: ganar simpatías sobre la base de explotar las fallas del partido de gobierno. Nadine Heredia es uno de los flancos débiles del Gobierno, uno de los más productivos para una oposición tenaz, en el sentido de que es bastante controvertido su papel dentro del Gobierno, su protagonismo excesivo, su intervención en asuntos de Gobierno más allá de lo que normalmente podría ser aceptable por el sistema político. Son asuntos que los partidos opositores utilizan, muchas veces sin mayor fundamento”, le dijo Reyna a EL TIEMPO.
El analista considera como una medida bastante discutible la reapertura de la investigación a Heredia por lavado de activos, debido a que no habría elementos nuevos que lo ameriten.
De hecho ese es el argumento de la defensa legal de la primera dama, que encabezada por su abogado Aníbal Quiroga, pidió el miércoles pasado al Ministerio Público volver a archivar la investigación por considerar que se trata de una duplicación exacta del caso archivado en el 2010.
“Básicamente, los argumentos del fiscal para reabrir el caso son fuentes periodísticas que informaron sobre el tema. Y en el caso de la compra de las casas de la madre de Nadine Heredia, probablemente la señora podría explicarlo en función a lo que tenía ahorrado junto a su esposo”, agrega Reyna.
Por su parte, el analista electoral Luis Benavente asegura a este diario que a Heredia solo le queda aclarar todas las dudas que se han generado sobre ella en los últimos días. “Queda claro que Humala tiene demasiados enemigos y el Gobierno está recibiendo golpes duros, pero la conexión entre Heredia y Martín Belaunde no queda clara, por lo que le corresponde aclarar (las acusaciones)”, afirmó.
Sin embargo, más allá de las aclaraciones pertinentes, Benavente opina que la figura política de la primera dama quedará seriamente dañada.
“Es evidente que ella (Nadine) ha perdido popularidad, y esto le recorta espacio electoral de cara a las elecciones del 2016 en caso de que intente postularse al Congreso. En Perú el Congreso tiene mucho peso en el día a día, en las comisiones investigadoras, y el Partido Nacionalista va a necesitar una buena bancada cuando acabe este gobierno”, concluye.
¿Quién es Martin Belaunde Lossio?
Martín Belaunde Lossio fue asesor de la campaña presidencial de Ollanta Humala en el 2006. Es requerido por la justicia peruana por presuntamente haber realizado ‘lobbies’ para favorecer a empresas vinculadas a él y allegados suyos mediante contrataciones con el Estado peruano. Belaunde solicitó refugio en Bolivia para evitar la orden de captura que tiene desde mayo por delitos contra la administración pública, peculado (malversación de fondos) y asociación ilícita.
PAOLA PINEDO GARCÍA
Para EL TIEMPO
Lima.
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