Concejales exigen revisar actuaciones de su corporación de Chiriguaná

Concejales exigen revisar actuaciones de su corporación de Chiriguaná

Los protestantes exigen que los cabildantes vuelvan a sancionar y revisen actuaciones extralimitadas

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11 de febrero 2015 , 07:37 p.m.

Como rechazo a las decisiones, que califican de “irregulares”, tomadas en el Concejo de Chiriguaná (Cesar) mientras se encontraban sancionados y en protesta a un fallo en contra de uno de ellos, que consideran injusto, siete concejales se encadenaron y amordazaron, en la puerta del edificio de la Caja Agraria de Valledupar, donde funciona la Procuraduría Provincial y Regional.

Los concejales que, además portaban pancartas, son José Arnovis Porras Orta, Óscar Alberto Garrido Batista, Marcelino Moreno Imbreth, Jhon Jairo Meza Barahona, Wálter García Machado, Juan Miguel Ulloa Orta y Yamil Yepes Sáenz.

Según el concejal Juan Miguel Ulloa, la protesta pacífica se generó para que el Concejo vuelva a sancionar y revise las actuaciones que consideran como extralimitación de funciones. “Encontramos un Concejo que le había aprobado todo al alcalde Gustavo Aroca, como empréstitos, vigencias futuras y créditos”, anotó Ochoa.

Abogaron también por el fallo de segunda instancia en contra del concejal José Arnobis Porras, al cual la Procuraduría Regional decidió inhabilitarlo por 10 años, con el argumento de que cuando fue Presidente del Concejo presentó una póliza falsa.

“El concejal manifiesta que se le violó el debido proceso y que no le hicieron una prueba dactiloscópica para comprobar que esa no era su firma. A raíz de este fallo, el actual Presidente no ha llamado a sesión para que se haga firme esta decisión y nuestro compañero sea reemplazado por uno de las toldas del alcalde”, indicó Ulloa.

En Chiriguaná hay 13 concejales y a 7 de ellos, los que realizaron la protesta, les fue impuesta una sanción de suspensión de 9 meses por extralimitación de facultades, según decisión de primera instancia del procurador provincial, Alberto Valle Campo, y ratificada en segunda instancia en la Procuraduría General de la Nación. Siete meses después, el fallo fue revocado por el mismo ente y estos pudieron incorporarse el primero de febrero.

YANITZA FONTALVO DÍAZ
Especial para EL TIEMPO
Valledupar

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