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Un desafío inaplazable

Cerca de 300 iniciativas particulares hacen cola en el registro especial de Planeación Nacional.

El Gobierno Nacional ha realizado importantes esfuerzos para estimular la vinculación del capital privado al desarrollo de la infraestructura. Se comprueba lo anterior con la expedición de la ley sobre asociaciones público-privadas, en el 2012, y la creación de la ANI como agencia encargada de liderar la conjunción de esfuerzos. El propósito oficial de impulsar este tipo de obras ha encontrado eco en los medios empresariales. A la fecha, cerca de tres centenares de iniciativas particulares hacen cola en el registro especial de Planeación Nacional. A los entes encargados de la evaluación de los proyectos corresponde ahora imprimir especial atención al trámite respectivo.
Las APP de iniciativa pública van andando con la cuarta generación de concesiones viales, y tras el cumplimiento de las formalidades correspondientes comienzan a aflorar algunas iniciativas privadas en materia de transporte: ya se aprobaron, en efecto, una calzada adicional en la vía Ibagué-Cajamarca y la malla vial del Meta. Confiamos en que tal circunstancia genere un efecto en cadena sobre las que se encuentran pendientes de aprobación. Muchas de ellas son estratégicas y quizá más relevantes para la competitividad que algunas vías de la primera ola de la cuarta generación de concesiones.
Ahora bien, en sectores distintos al transporte y en los entes territoriales las APP aún ‘no han pegado’. Es claro que el esquema es nuevo y desafiante, y que en muchos casos puede estar rebasando la capacidad institucional de la Nación y de los propios municipios y departamentos. El nivel nacional no se ha preparado oportunamente para utilizarlo en sectores como la salud y la educación, o en áreas vitales como el agua potable y el saneamiento básico, la vivienda o la construcción y la operación de las cárceles.
El fortalecimiento institucional se concentró en transporte y descuidó el potencial de otras áreas. Planeación Nacional hace esfuerzos puntuales en proyectos que aún no despegan. Esperamos que Findeter incorpore en su agenda el tema de la estructuración de APP y el apoyo que requiere la institucionalidad territorial. La Financiera de Desarrollo Nacional, por su parte, tiene a su cargo la estructuración de proyectos en diversos sectores, pero prevemos que va a concentrar sus esfuerzos en dos retos gigantescos, que ya asumió: la participación en la financiación de las concesiones de cuarta generación y la estructuración de la primera línea del metro de Bogotá.
En los centros urbanos, los retos también son gigantescos: la posibilidad de capturar ingresos por explotación comercial de activos públicos podría ser la más grande herramienta de desarrollo urbano que haya encontrado el país. Las posibilidades de las APP en movilidad, espacio público, intermodalidad, logística, centrales de abastos, acueductos, infraestructura cultural y protección del patrimonio son prácticamente ilimitadas.
Para dar vitalidad a las APP en los sectores distintos a transporte se deberá construir, entonces, una agenda en aspectos regulatorios para examinar los ajustes requeridos en cada uno de ellos. Se hace necesaria, igualmente, una capacidad institucional suficiente para las APP en el nivel nacional y en las entidades territoriales. El Gobierno deberá liderar tan formidable reto.
Se requiere un accionar fuerte y contundente de las autoridades de Planeación y Hacienda. Para impulsar con fuerza este propósito, cuentan ellas con una órbita transversal de competencias. Tienen ahora la palabra. Más aún cuando es aleccionador el éxito alcanzado en los países que utilizaron tan formidable herramienta.
Juan Martín Caicedo Ferrer
* Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura
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