Editorial: La detención domiciliaria

Editorial: La detención domiciliaria

Debe ser muy alto el costo de no cumplir con los compromisos que se adquieren al alcanzarla.

08 de febrero 2015 , 10:06 p.m.

Un informe de este diario volvió a poner el dedo en la llaga de los abusos e irregularidades alrededor de la figura de la casa por cárcel y de los brazaletes electrónicos, instrumento implementado hace cinco años para permitir la vigilancia sobre quienes deben pagar su condena en sus domicilios, y también sobre aquellos autorizados a permanecer por fuera de la cárcel durante el tiempo en que pagan su pena.

El panorama expuesto trasluce, una vez más, un ambiente de corrupción o al menos de poca malicia o hasta inocencia, cuando redomados criminales alegan enfermedad o apelan a una supuesta condición de cabeza de hogar para evadir la prisión. Al mismo tiempo, saltan a la vista graves fallas estructurales a nivel de la política carcelaria y en el funcionamiento del Inpec.

Respecto a lo primero, varias veces desde estos renglones hemos recogido el desconcierto que en la opinión pública siembra la disparidad de criterios de los jueces a la hora de conceder tal beneficio. No se entiende, por ejemplo, por qué mientras jefes de temidas bandas –como es el caso de ‘Cesarín’, ficha clave de la ‘oficina de Envigado’– son enviados a sus hogares, al exdirector del IDU Andrés Camargo, a quien nadie en sus cabales consideraría que representa un riesgo para la ciudadanía, se le niega pagar su condena en su residencia.

No se discute que el hacinamiento inhumano que hoy se presenta en las cárceles tiene que ser tenido en cuenta por los administradores de justicia a la hora de recurrir a estas medidas. El problema es que dicha coyuntura sea utilizada como excusa para que peligrosos delincuentes esquiven la detención intramuros, mientras que muchos reos que reúnen los requisitos para gozar de detención domiciliaria permanecen en sus celdas.

Así mismo, el tema del control sobre quienes gozan de estos beneficios, que a todas luces es urgente y prioritario, no pareciera serlo para los responsables de estos asuntos. No de otra manera se explica que en la cárcel La Picota apenas dos dragoneantes tengan sobre sus hombros la responsabilidad de monitorear a 600 reos que tienen casa por cárcel. No se entiende tampoco por qué el brazalete electrónico sigue siendo objeto de todo tipo de saboteos.

Y es que, más allá de las inversiones para construir más prisiones y las reformas de la política criminal que permitan otro tipo de castigos, es necesario, a corto plazo, ocuparse de las fallas que hoy son evidentes. Esto implica desde poner la lupa sobre los jueces que hacen mal uso de esta herramienta hasta sanciones ejemplares a quienes abusan de ella. Se necesita que sea muy alto el costo de no cumplir con los compromisos que se adquieren al alcanzarla y que el Inpec cuente con los medios para evitar tantas burlas.

El objetivo debe ser que, al otorgársela solo a quienes no representen un peligro y con la certeza de que el Estado podrá ejercer un control sobre ellos, la detención domiciliaria sea un recurso que ayude a resolver la crisis carcelaria. Numerosos males que padece la justicia son estructurales y requieren costosos y prolongados esfuerzos. Pero hay otros, como el que hoy nos ocupa, que mucho aportan en el descrédito de esta rama y cuyo remedio depende más de voluntades que de partidas presupuestales.

EDITORIAL
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